La sombra de la privatizaci¨®n

Catorce organizaciones de juristas de Espa?a se re¨²nen esta semana en Valencia en un congreso para analizar las consecuencias positivas y negativas de la reforma M¨²gica. Ante el objetivo de dar mayores garant¨ªas al usuario de la justicia, la reforma, si no hay la suficiente dotaci¨®n econ¨®mica para desarrollarla, puede conduc¨ªr al colapso y, en seg¨²n qu¨¦ casos, a su privatizaci¨®n.Tan necio resultar¨ªa descalificar globalmente la denominada reforma M¨²gica como magnificar los resultados de la misma. Sin embargo, un hecho es incuestionable: hoy por hoy, no se puede abordar el tema de la justicia espa?ola, y de los cambios que necesariamente han de operarse en la misma, sin referirse a los cambios propugnados -o asumidos- por el equipo ministerial.Tras la ya famosa sentencia de julio de 1989 del Tribunal Constitucional, el juez que instruye una causa penal, no puede juzgarla. Y que tras esa important¨ªsima sentencia, se crean en Espa?a los juzgados de lo Penal. Con ello, el Ministerio de Justicia, ha dado fin a una situaci¨®n a todas luces irregular en un estado de Derecho. Esto es, que el juez, fuese a su vez juez y parte al ser una misma persona instructora y sentenciadora de los hechos.

Parece indudable, pues, que las garant¨ªas del ciudadano inmerso en un procedimiento judicial, han experimentado una sensible mejora con la creaci¨®n de los juzgados de lo Penal. Adem¨¢s, la entrada en vigor de la ley de Planta y Demarcaci¨®n Judicial, ha supuesto un loable intento por parte del poder central, para adecuarse a los cambios administrativos y territoriales derivados de la nueva estructuraci¨®n del Estado.

Sin embargo, de nada servir¨¢ la nueva ley de Planta, si a los juzgados reci¨¦n creados no se les dota de medios materiales y personales adecuados a la misi¨®n que se les ha encomendado.

Si se nos permite un ejemplo, podr¨ªamos recordar que, en El Prat de Llobregat, en cuyo t¨¦rmino municipal se asienta el aeropuerto de Barcelona, el antiguo juzgado de Distrito ha pasado a convertirse en un Juzgado de Instrucci¨®n, con el aumento de competencias que de dicho cambio se derivan. As¨ª, los numerosos hechos delictivos quee se descubren en cualquier aeropuerto internacional -y en este caso en el de El Prat-, ser¨¢n competencia, en gran parte, del Juzgado de Instrucci¨®n de El Prat de Llobregat. Una tarea a todas luces dif¨ªcil de cumplir con garant¨ªa, dados los medios de que en la actualidad dispone.

Frustraci¨®n

Pero si la denominada reforma M¨²gica se duerme a la sombra de estos laureles -no demasiado frondosos-, se corre el grave peligro de que las expectativas que la sociedad espa?ola tiene respecto a un aut¨¦ntico cambio de la justicia, se vean una vez m¨¢s frustradas.

El Ministerio de Justicia ha de sincronizar la lenta y tortuosa marcha de la justicia, con una sociedad tan din¨¢mica como la espa?ola. Debe desarrollar el esp¨ªritu del art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n donde se proclama que "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg¨ªtimos, sin que, en ning¨²n caso, pueda producirse indefensi¨®n". ?Y no es un caso flagrante de indefensi¨®n que el ciudadano de a pie tenga que esperar, en ocasiones varios a?os, para que se ejecute su sentencia? ?Acaso la obligatoriedad de comparecer ante los tribunales con un procurador puede mantenerse indefinidamente sin producir indefensi¨®n?

Es inaplazable simplificar las relaciones entre el ciudadano y los tribunales. Y hay que conseguir que estos ¨²ltimos dicten sus sentencias dentro de plazos razonables. Algo impensable si no se modifican las obsoletas normas procedimentales vigentes, lo que resulta compatible con las garant¨ªas de las partes.

Y desde luego, debe ahuyentarse la sombra de la privatizaci¨®n -otra m¨¢s- de la Justicia que se cierne sobre nuestro pa¨ªs.

Estamos pensando en la cre ciente tendencia de las grandes compa?¨ªas multinacionales, a dirimir sus diferencias al margen de los Tribunales de Justicia, que son sustituidos por ¨¢rbitros privados cuyas minutas bastan para seleccionar a los clientes.

Tales pr¨¢cticas encierran graves peligros bajo su quijotesca apariencia. ?En qu¨¦ atenta a un estado de Derecho que un "hombre bueno", "comit¨¦ de sa bios" o como quiera denominar se a los tribunales arb¨ªtrales, a¨² nen posturas, acerquen criterios o incluso dicten sentencias?

Servicio p¨²blico

Pues resulta que el ejercicio del Poder Judicial en un estado de Derecho, tiene entre sus principales caracter¨ªsticas, el ser un servicio p¨²blico. Lo que le permite a cualquier ciudadano interesado conocer las razones por las que hay un juicio y una sentencia.

Sin embargo, cuando las grandes compa?¨ªas, cuyos intereses privados no siempre respetan los p¨²blicos, recurren a "tribunales privados", sustraen sus aut¨¦nticas intenciones, a la opini¨®n p¨²blica. Tal pr¨¢ctica, favorece la ocultaci¨®n de delitos ecol¨®gicos, financieros, etc¨¦tera, cuya tipificaci¨®n resulta urgente.

Se trata de problemas todos ellos, que por su complejidad, y por la tremenda influencia que tienen sobre toda la sociedad, trascienden no s¨®lo al Ejecutivo, sino tambi¨¦n al Legislativo y al Judicial. Las soluciones a la justicia, s¨®lo son posibles desde unos pactos en los que se sientan involucrados no s¨®lo quienes visten toga, sino cualquier ciudadano.

Por todo lo hasta ahora dicho, se agradece la implantaci¨®n de los juzgados de lo Penal, preocupa la proliferaci¨®n de tribunales arb¨ªtrales, y seguimos a la espera de que se instaure el Jurado en Espa?a. Es decir, de que la sociedad y la justicia, no se perciban m¨²tuamente como algo completamente ajeno.

Y por supuesto, se es consciente de que s¨®lo el consenso entre todos los sectores de la justicia -consenso que ha de contar con el respaldo mayoritario de los ciudadanos-, puede sentar unas bases s¨®lidas para una justicia entendida, y puesta en pr¨¢ctica, como un servicio p¨²blico. Todos estos temas ser¨¢n debatidos en el II Congreso de Gentes del Derecho del Estado Espa?ol que se celebrar¨¢ en Valencia los d¨ªas 26, 27 y 28 de enero convocado por 14 organizaciones de juristas.

Josep Maria Bernat y Amadeu Recasens son presidente y secretario, respectivamente, de la Associaci¨® Catalana de Juristes Dem¨®crates.