Una red corrupta de militares y civiles rob¨® material al Ej¨¦rcito por valor de cientos de millones de pesetas

Equipos por valor de varios cientos de millones de pesetas han sido sustra¨ªdos al Ej¨¦rcito, en los dos ¨²ltimos a?os, por una red de corrupci¨®n civil y militar con centro en Fuenlabrada (Madrid), seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n. Ya han abierto diligencias, en relaci¨®n con este caso, juzgados militares de Madrid, Burgos, Sevilla, Valencia y Zaragoza; pero las pesquisas podr¨ªan extenderse, al menos, a tres provincias m¨¢s. Algunos de los equipos y uniformes robados en cuarteles espa?oles han sido exportados a la India, Centroam¨¦rica y pa¨ªses europeos, como el Reino Unido.

El juzgado togado militar n¨²mero 14 de Madrid ha procesado hasta ahora a 11 militares -cuatro tenientes y siete suboficiales- como implicados en un robo masivo de equipos militares de todo tipo (uniformes, botas, cascos, tiendas de campa?a, etc), a excepci¨®n de armamento. Los procesados, que estuvieron encarcelados durante un mes en la prisi¨®n militar de Alcal¨¢ de Henares (Madrid), fueron puestos en libertad, aunque se les ha exigido una fianza de hasta 11 millones de pesetas (ver EL PA?S del 22 de diciembre pasado).Las diligencias sobre el m¨¢s importante caso de corrupci¨®n descubierto hasta ahora en las Fuerzas Armadas espa?olas se circunscriben a los a?os 1987 y 1988, a pesar de que todo apunta a que la red ven¨ªa funcionando desde mucho antes. Las investigaciones se abrieron en 1987, a iniciativa del capit¨¢n general de la Regi¨®n Militar Sur, despu¨¦s de que se interceptara una furgoneta cargada de uniformes a la salida del parque de intendencia de Sevilla.

El cargamento ten¨ªa como destino una empresa, propiedad de los hermanos Arjonilla, ubicada en la localidad madrile?a de Fuenlabrada. En tres almacenes pertenecientes a dicha empresa, dos en Fuenlabrada y un tercero en el cercano municipio de Morajela de Enmedio, se requisaron toneladas de material propiedad del Ej¨¦rcito, en su mayor parte sin estrenar, procedente de toda Espa?a. S¨®lo de determinadas fundas de armamento se encontraron m¨¢s de 35.000 unidades

Juegos de guerra

El trabajo de la Polic¨ªa Judicial, que grab¨® en video algunas de las operaciones e intervino los tel¨¦fonos de varios de los procesados, permiti¨® identificar a los militares implicados en la red y di¨® lugar a la apertura de diligencias en juzgados castrenses de Madrid, Sevilla, Valencia, Burgos y Zaragoza. Las investigaciones no han concluido, pero los actuales datos apuntan a la apertura de nuevos sumarios en otras tres provincias.Los propietarios de los almacenes vend¨ªan parte del material robado en el mercado callejero de El Rastro (Madrid); algunas partidas eran revendidas al propio Ej¨¦rcito y otras, se exportaban al extranjero. La Polic¨ªa ha podido comprobar operaciones de exportaci¨®n ilegal a la India, Centroam¨¦rcia y algunos pa¨ªses europeos, como el Reino Unido. En este ¨²ltimo caso, las compradoras eran empresas dedicadas a organizar los juegos de guerra de moda entre los ejecutivos.

Seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la causa, entre los militares implicados se dan dos tipos de conducta: la de quienes obraban por lucro personal, qued¨¢ndose con el beneficio de la venta; y la de quienes, de forma ilegal, vend¨ªan material sobrante de las unidades para adquirir otro m¨¢s necesario que, por los procedimientos regulares, tardar¨ªan mucho en obtener.

Ambas formas de proceder est¨¢n, sin embargo, igualmente contempladas en el art¨ªculo 195 del C¨®digo de Justicia Militar, que castiga con penas que van de los tres meses a los 10 a?os de c¨¢rcel a los militares que sustraigan material bajo su custodia o responsabilidad. El art¨ªculo 197 del mismo c¨®digo castiga con hasta seis a?os de prisi¨®n a los que adquieran el material robado a la hacienda militar, "con conocimiento de su il¨ªcita procedencia".

El juzgado militar de Madrid no ha procesado todav¨ªa a los dos civiles propietarios de los almacenes, aunque fuentes conocederas del proceso estiman que esta decisi¨®n se adoptar¨¢ en cuanto lo servicios t¨¦cnicos del Ej¨¦rcito concluyan una inventario completo y una valoraci¨®n global de los equipos sustra¨ªdos, labor que se est¨¢ realizando actualmente. Las diligencias no han podido determinar la existencia de relaci¨®n alguna entre los militares implicados, m¨¢s all¨¢ del hecho de que todos ellos vendieran los uniformes y equipos a los mismos almacenistas.

Uno de los problemas con que tropieza la investigaci¨®n judicial es la multiplicidad de juzgados que entienden del caso. La Justicia militar est¨¢ organizado territorial y jer¨¢rquicamente, de forma que un sumario con implicaciones en toda Espa?a s¨®lo puede ser asumido por un juzgado central cuando en el mismo aparece implicado un militar con empleo igual o superior al de comandante. Esta circunstancia podr¨ªa estar, sin embargo, a punto de producirse, ya que el juzgado de Sevilla ha remitido sus diligencias a un juzgado militar central; de lo que se deriva la presunta implicaci¨®n de un jefe del Ej¨¦rcito.