La 'ensalada' televisiva canaria

Unos 80.000 domicilios de Canarias est¨¢n conectados a los canales de v¨ªdeo comunitario, que con una programaci¨®n de 12 horas diarias se han convertido en el avance de la televisi¨®n privada en las islas. La actividad se concentra en 12 empresas del archipi¨¦lago, que act¨²an con los inconvenientes impuestos por la ley de Ordenaci¨®n de las Telecomunicaciones (LOT), aprobada por el Gobierno en diciembre de 1987. Los tribunales deber¨¢n pronunciarse sobre m¨¢s de una veintena de expedientes promovidos por la Administraci¨®n. Para completar el panorama, estaciones receptoras de televisi¨®n v¨ªa sat¨¦lite reactivan la se?al de las emisoras europeas hacia zonas tur¨ªsticas.

Por 1.000 pesetas mensuales, el usuario del v¨ªdeo comunitario en Canarias puede ver seis o siete pel¨ªculas diarias, seguir cursos de idiomas y, en algunos casos, espacios informativos dedicados a la actualidad del barrio. Avideco SA acapara la mayor parte de la oferta, con 60.000 hogares, seg¨²n Guillermo Reyes Rodr¨ªguez, directo de la empresa, quien reciente mente ha presentado querellas por prevaricaci¨®n contra el ex delegado del Gobierno en Canarias, Eligio Hern¨¢ndez Guti¨¦rrez y contra el inspector jefe de Telecomunicaciones en Las Palmas, Florencio Mendoza Moreno. Seg¨²n Reyes, la Direcci¨®n Provincial de Telecomunicaciones orden¨®, "ilegalmente, el cierre de seis de las 18 estaciones emisoras de programaci¨®n de v¨ªdeo en la isla d Gran Canaria.En diciembre inspectores de Telecomunicaciones precintaron seis centros de producci¨®n de la citada sociedad, en cumplimiento de una resoluci¨®n de la Direcci¨®n General de Tele comunicaciones, por la conexi¨®n de inmuebles a trav¨¦s de extensiones de cable sobre v¨ªas p¨²blicas para la distribuci¨®n de im¨¢genes.

Guillermo Reyes afirma sentirse "perseguido e intimidado por altos cargos de la Administraci¨®n vinculados al Partido Socialista". El director de Avideco revela que ninguno de sus centros de producci¨®n "emiti¨® publicidad pol¨ªtica, en cumplimiento de un acuerdo verbal al que", dice, "llegamos con el alcalde de la ciudad, Manuel Hermoso Rojas, l¨ªder de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)", declara Reyes Rodr¨ªguez.

"Semanas antes del inicio del proceso electoral el senador canario Jos¨¦ J. Rodr¨ªguez se present¨® en mi despacho como mediador en una operaci¨®n de adquisici¨®n del 25% de las acciones de la sociedad, argumentando que era necesario el control de los canales del v¨ªdeo comunitario para evitar la subida de las AIC en las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas. Yo me he negado reiteradamente a vender", asegura el director de Avideco. Reyes ha interpuesto un recurso de amparo ante la Audiencia Nacional contra las disposiciones de la Direcci¨®n General de Telecomunicaciones y delegaci¨®n del Gobierno en Canarias.

El inspector jefe de Telecomunicaciones de Tenerife, Enrique Carreras, reconoce que con el ¨²nico empresario de v¨ªdeos comunitarios que ha tenido problemas es con Guillermo Reyes, al que llev¨® incluso a denunciar por amenazas. "Avideco infringe la normativa vigente y las declaraciones de su director se caracterizan por ocultaci¨®n de la verdad. No existe ning¨²n tipo de persecuci¨®n e intimidiaci¨®n hacia ¨¦l, pero nunca ha querido aceptar las normas establecidas, lesionando los intereses de otras empresas del sector.

Mar¨ªa Dolores Pelayo Duque, miembro de la Ejecutiva regional socialista desminti¨® a EL PA?S todo tipo de relaciones entre su partido y Avideco, calificando de "embustes" las declaraciones realizadas por Guillermo Reyes.

Sin pactos

El Tribunal Supremo ha fallado a favor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el proceso contra Avideco, sancionando a la empresa con tres millones de pesetas y limitando su actuaci¨®n a comunidades de vecinos de fincas colindantes. El alcalde, Manuel Hermoso desminti¨® que hubiera establecido un pacto pol¨ªtico con el director de Avideco. "Le suger¨ª que dejara la pol¨ªtica a un lado. De eso a un pacto hay un abismo".

El gobernador civil de Tenerife, Julio P¨¦rez, cree que el conflicto de los videos es interminable y est¨¢ sujeto a una singular picaresca. La obligaci¨®n dictada de retirar determinadas redes se ven constantemente puenteadas mediante nuevas conexiones, con las que se reanuda el proceso.