Delincuentes de cuello blanco

Recuerda el articulista el 50? aniversario de la publicaci¨®n de un texto cl¨¢sico sobre los delincuentes de la pol¨ªtica y los negocios, en donde se explica c¨®mo existe una ampl¨ªsima actividad delictiva en las profesiones superiores, consistente en la violaci¨®n de la confianza que tiene en ellas la sociedad.

Este mes se cumplen 50 a?os de la publicaci¨®n por Edwin H. Sutherland de su famoso art¨ªculo 'White-collar criminality' (publicado en el n¨²mero de febrero de 1940 de la American Sociological Review) y en verdad que pocas veces un tonto aniversario decimal ha podido ser m¨¢s oportuno."Este art¨ªculo trata del delito en su relaci¨®n con el mundo de los negocios", escribi¨® su autor al principio del mismo; es un comienzo que parece una advertencia, o quiz¨¢ una. confesi¨®n abrumada. Nadie antes que ¨¦l hab¨ªa abordado el tema tan espec¨ªficamente, con la preocupaci¨®n cient¨ªfica de reconsiderar las explicaciones convencionales sobre el comportamiento delictivo.

Sutherland se refer¨ªa a los delitos cometidos "por personas respetables o, al menos, respetadas". Con las infracciones penales de los hombres de negocios y los profesionales, de muchos "pr¨ªncipes del comercio y capitanes de la industria y de las finanzas". Ejemplos concretos de este tipo de delitos se conocen p¨²blicamente en algunas ocasiones, dec¨ªa Sutherland, aunque a veces los delitos m¨¢s graves se encuentran con m¨¢s frecuencia en las p¨¢ginas financieras de los peri¨®dicos que en las primeras p¨¢ginas. Son los delitos que cometen aquellos a quienes Sutherland denomin¨® delincuentes de cuello blanco.

Relaci¨®n con la pol¨ªtica

El nombre hizo tanta fortuna como los nombrados y fue aceptado r¨¢pidamente en todos los pa¨ªses para designar un tipo de infractores que se caracterizaba por dos notas peculiares: la perpetraci¨®n de los delitos al socaire de otra actividad profesional, normalmente relacionada con los negocios o la pol¨ªtica (o con ambos) y la falta de una respuesta judicial en la mayor¨ªa de esos casos, hasta el punto de que esos delitos no aparezcan registrados en la estad¨ªstica oficial.

En aquel art¨ªculo ya cl¨¢sico se explicaba algo que hoy nos parece de una presencia abrumadora: hay toda una ampl¨ªsima actividad delictiva en el mundo de los negocios y en el ejercicio de las profesiones superiores, consistente sobre todo en la violaci¨®n de la confianza que la sociedad tiene impl¨ªcitamente delegada en esas profesiones. Sutherland escrib¨ªa: "La delincuencia de cuello blanco en el mundo de los negocios se manifiesta sobre todo bajo la forma, de manipulaci¨®n de los informes financieros de compa?¨ªas, la falsa declaraci¨®n de activos de sociedades, los sobornos comerciales, la corrupci¨®n de funcionarios realizada directa o indirectamente para conseguir concesiones y planificaciones favorables, la publicidad enga?osa, los desfalcos y la malversaci¨®n de fondos, los trucajes de pesos y medidas, la adulteraci¨®n de mercanc¨ªas, los fraudes fiscales y el desv¨ªo de fondos realizado por funcionarios y administradores. ?stos son", segu¨ªa diciendo, "lo que Al Capone llamaba negocios leg¨ªtimos. Estos delitos y muchos otros se encuentran con abundancia en el mundo de los negocios". En toda esta larga cita es dif¨ªcil se?alar alguna referencia que haya perdido vigencia; para todas podr¨ªamos encontrar alg¨²n ejemplo actual, incluida esa espeluznante clasificaci¨®n como negocios leg¨ªtimos.

El coste econ¨®mico de los delitos de cuello blanco es m¨¢s elevado que el de aquellos delitos que se consideran habitualmente como el verdadero problema de la delincuencia. Pero Sutherland subray¨® con ¨¦nfasis que las p¨¦rdidas econ¨®micas por delitos de cuello blanco, aun siendo muy grandes, son menos importantes que el da?o que infieren a las relaciones sociales. "Los delitos de cuello blanco violan la buena fe de la gente y generan por tanto la desconfianza que a su vez debilita la moral social". La privilegiada posici¨®n de los delincuentes de cuello blanco ante la ley se traduce en una ofensiva que se extiende desde el cohecho a las presiones pol¨ªticas, principalmente por la posici¨®n social que ocupan y sin que ello les suponga tener que hacer un esfuerzo especial.

Presiones y condenas

La impunidad como situaci¨®n general era as¨ª la otra nota que -entonces como hoy- caracterizaba este tipo de infracciones. Sutherland llegaba a proponer a sus colegas soci¨®logos prescindir de las sentencias cuando fueran a estudiar un caso de ¨¦stos, e incluir a tales infractores en el ¨¢mbito de la delincuencia, aunque no hubieran sido condenados por un tribunal, cuando existieran datos evidentes de que incumpl¨ªan las leyes. Explicaba que la condena se evitaba simplemente mediante las presiones que se ejercen sobre los tribunales de justicia o sobre instancias similares. "Los g¨¢nsteres y los estafadores han gozado de una relativa inmunidad en muchas ciudades debido a su poder de influencia sobre los testigos o los funcionarios p¨²blicos".

Este aspecto del problema fue luego analizado por otros soci¨®logos y otras escuelas del pensamiento, desde la sociolog¨ªa cr¨ªtica norteamericana hasta los trabajos de Michel Foucault sobre la gesti¨®n pol¨ªtica de los ilegalismos. En Espa?a, el libro de Emilio Lamo de Espinosa Delitos sin v¨ªctimas; orden social y ambivalencia moral estudia con profundidad las causas del fen¨®meno de la aplicaci¨®n selectiva del derecho. Entre ellas, la clase social del acusado y el acusador es un dato fundamental. En general, el problema no es tanto la corrupci¨®n del aparato judicial, sino "la utilizaci¨®n sesgada que a todos esos niveles se hace del margen de discrecionalidad que siempre tiene la norma escrita". Los factores que influyen van desde la capacidad de movilizar prejuicios en contra o a favor que tenga el acusado, su educaci¨®n o su rango social, hasta la mayor o menor capacidad de esconder sus actos en un ¨¢mbito privado (la visibilidad mayor o menor de las conductas).

En resumen, el problema, hoy como ayer, est¨¢ en que los delincuentes de cuello blanco vienen de unos c¨ªrculos de poder social y pol¨ªtico que consideran que la ley va en paralelo con ellos y nunca se la van a encontrar. Ante una eventual denuncia reaccionar¨¢n indignados con querellas por difamaci¨®n que interpondr¨¢n contra el osado acusador, asistidos de todo su aparato jur¨ªdico y econ¨®mico. Les resulta inconcebible no ya ser condenados sino tan siquiera ser enjuiciados, porque hab¨ªan pensado siempre que los tribunales est¨¢n para juzgar a otros.

La proliferaci¨®n de denuncias p¨²blicas sobre esc¨¢ndalos econ¨®micos que se produce actualmente en Espa?a no se ha centrado, sin embargo, en ese aspecto de la cuesti¨®n que podr¨ªamos llamar la insuficiencia de la respuesta judicial. No sabemos lo que habr¨¢ en esa omisi¨®n de reverencial respeto a los tribunales, de oportunismo pol¨ªtico o de conveniencia general en aceptar una supuesta falta de tipificaci¨®n legal de esos delitos. Creo que no es concebible, bajo el eufemismo general de tr¨¢fico de influencias, ninguna conducta il¨ªcita concreta que no est¨¦ ya prevista y castigada en nuestro C¨®digo Penal. Desde el venal cohecho hasta la gratuita prevaricaci¨®n, pasando por la revelaci¨®n de secretos, las negociaciones prohibidas, a funcionarios, la prolongaci¨®n de funciones, las diversas falsedades y los varios fraudes, todo est¨¢ escrito en las leyes. El problema surge en la aplicaci¨®n de los tipos penales, no en la definici¨®n de otros nuevos. ?stos s¨®lo servir¨ªan para introducir confusi¨®n, o lo que es peor, para amnistiar impl¨ªcitamente todos los casos de corrupci¨®n anteriores a la promulgaci¨®n de la nueva ley.

Claro que tambi¨¦n aqu¨ª se podr¨ªa recordar otra advertencia de Edwin Sutherland en aquel hist¨®rico art¨ªculo: "La clase alta tiene mayor influencia que la clase baja para moldear las leyes penales y su administraci¨®n de acuerdo con sus propios intereses". Esto, hace 50 a?os, todav¨ªa era una osad¨ªa decirlo. Ahora suena como un t¨®pico, que es una de las formas con que se manifiestan las derrotas.