CSIC: las claves de una crisis

La crisis laboral y profesional que agita estos d¨ªas al Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC) traduce -m¨¢s all¨¢ de sus causas inmediatas, a las que no son ajenas las formas arrogantes de su direcci¨®n- un mal de fondo de nuestro sistema p¨²blico de ciencia y tecnolog¨ªa que los legisladores no supieron abordar al elaborar la ley de Ciencia de 1986.En primer lugar, la ley consagra por omisi¨®n la anacr¨®nica y florida diversidad de cuerpos de funcionarios y carreras de investigaci¨®n o actividades conexas con la investigaci¨®n en los Organismos P¨²blicos de Investigaci¨®n (OPI), los cuales, junto a la Universidad en su vertiente investigadora, constituyen la infraestructura de investigaci¨®n estatal, sobre la que reposa la ejecuci¨®n de los programas nacionales.

Las cifras hablan por s¨ª solas del galimat¨ªas existente en el tema de personal. S¨®lo en el CSIC existen ocho escalas de personal de investigaci¨®n, de las que tres -que engloban al llamado personal cient¨ªfico- son equiparables por historia y titulaci¨®n con los profesores de universidad. Ello les permite -no sin conflictividad, como pudo verse el pasado oto?o- beneficiarse de las mejoras salariales de este colectivo que siempre ha estado pol¨ªtica y socialmente mejor considerado. Las otras cinco escalas, pese a su imbricaci¨®n funcional en la producci¨®n cient¨ªfica y t¨¦cnica, son sistem¨¢ticamente discriminadas a la hora de aplicar mejoras retributivas; lo mismo ocurre con el, personal laboral y las escalas administrativas y de gesti¨®n t¨¦cnica. Aqu¨¦llos se rigen por convenios laborales espec¨ªficos, mientras que ¨¦stas siguen el rumbo de la Admin:istraci¨®n central.

La resultante inmediata de este desaguisado son las convulsiones que peri¨®dicamente y en cadena agitan al CSIC cada vez que el ministro de turno logra mejorar el sueldo del profesorado universitario. Algo a lo que no tiene acceso el personal investigador de otros OPI -convidados de piedra en estas luchas por mejoras salariales, al amparo del cobijo ministerial com¨²n al CSIC y Universidad. Para completar el caos de personal, cada OPI ha elaborado por separado su propio cat¨¢logo y relaci¨®n de puestos de trabajo sin que haya habido el menor intento de homogeneizar criterios entre funciones, niveles retributivos y asignaci¨®n de complementos. De esta manera, la ley de la Funci¨®n P¨²blica ha venido a consolidar los problemas y disfunciones cuya correcci¨®n no supo abordar la ley de Ciencia. Una situaci¨®n incomprensible desde la perspectiva de esta ley, que exige medidas urgentes para garantizar la movilidad del personal investigador entre diferentes OPI. Lo cual es materialmente imposible con la estructura actual, en la que s¨®lo tiene cabida el sistema tradicional de las excedencias.

Por lo que respecta al CSIC, esta falta de criterios, unida al alejamiento de su direcci¨®n de los problemas diarios de los centros, ha conducido a un cat¨¢logo de puestos de trabajo arbitrario, que aumenta y prima los puestos de designaci¨®n directa de alto nivel, mientras que discrimina y agravia a otros -como personal de talleres, almac¨¦n, administraci¨®n y otros servicios generales- cuya actividad es fundamental para el mantenimiento de la actividad cient¨ªfica de los centros de trabajo. Esta situaci¨®n subyace en buena parte de la conflictividad actual y amenaza con prolongarla en ausencia de una revisi¨®n del cat¨¢logo, anunciada como inminente pero que nunca llega.

La otra gran laguna de la ley de Ciencia es la ausencia de toda referencia a las grandes l¨ªneas de organizaci¨®n y funcionamiento de los OPI, cuya eficacia est¨¢ condicionada por una Adrainistraci¨®n burocratizada e insensible a los problemas espec¨ªl5cos de la investigaci¨®n cient¨ªfica. Esto se manifiesta en lo relativo a la gesti¨®n econ¨®mica por una falta de flexibilidad presupuestaria y agilidad interventora que anulan la iniciativa de la direcci¨®n y frustran al investigador, impidi¨¦ndoles que act¨²en con libertad ante la sociedad.

Reglamento retr¨®grado

En lo organizativo, la presi¨®n de la Administraci¨®n se traduce en una tendencia compulsiva a la burocratizaci¨®n y dirigismo -arropados como siempre bajo la invocaci¨®n de la eficacia- que tan mal se compadece con la necesidad de liberar el potencial creativo que los centros de trabajo y equipos de investigaci¨®n, tal como lo exige la cambiante situaci¨®n creada por la irrupci¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas. Esto se est¨¢ viendo en el CSIC, donde se quiere imponer un reglamento, retr¨®gado con respecto al vigente, que desprecia la eficacia de la participaci¨®n y la cr¨ªtica en el seno de una comunidad como la cient¨ªfica, basada en lo que Merton identific¨® como el "escepticismo organizado".

La crisis del CSIC es pues m¨¢s profunda de lo que aparenta y traduce la existencia de importantes disfunciones que necesitan urgente correcci¨®n para situarnos en condiciones ¨®ptimas de competitividad cient¨ªfica y tecnol¨®gica. Si la ley de Ciencia supuso un fuerte impulso desde la superestructura, reclutando y canalizando m¨¢s recursos econ¨®micos hacia la investigaci¨®n programada, procede ahora abordar las necesarias reformas en la infraestructura, especialmente en lo que toca al personal que es el primer y principal activo de un OPI, del que depende su utilidad y rentabilidad social.

Para ello quiz¨¢ sea necesario dar un paso decisivo en la institucionalizaci¨®n de la ciencia, con la creaci¨®n del Ministerio de Ciencia y Tecnolog¨ªa que sustituya la imperfecta concertaci¨®n interministerial y aborde el establecimiento de un marco homog¨¦neo para la organizaci¨®n de los OPI y el estatuto de su personal, sobre las grandes l¨ªneas trazadas por nuestra propia experiencia y la ensef¨ªanza de los pa¨ªses de nuestro entomo m¨¢s pr¨®ximo. La anunciada remodelaci¨®n ministerial que se pretende proyectar hacia el Acta Cnica europea puede ser la oportunidad hist¨®rica para la homologaci¨®n internacional de nuestro sistema p¨²blico de ciencia y tecnolog¨ªa.