El socialista D¨ªaz Porras cobr¨® dietas millonarias como presidente de la Caja Rural de Cantabria

El Tribunal de Cuentas ha enviado un informe al Congreso de los Diputados seg¨²n el cual el presidente de la Caja Rural de Cantabria entre 1984 y 1988, Ciriaco D¨ªaz Porras, militante del PSOE, cobr¨® dietas indebidas de 20.000 pesetas diarias, incluso despu¨¦s de ser requerido por el Banco de Espa?a para que dejara de hacerlo y reintegrase el dinero. El alto tribunal advierte un "general incumplimiento de los objetivos del plan de saneamiento, que result¨® ineficaz a pesar del importe de las ayudas recibidas" por la extinta caja rural. .

El Tribunal de Cuentas ha realizado una fiscalizaci¨®n de las cuentas y de la gesti¨®n econ¨®mica de la Caja Rural de Cantabria a petici¨®n, en junio de 1987, de la Asamblea regional de esa comunidad aut¨®noma, en la que ten¨ªa mayor¨ªa el Partido Popular. El resultado fue remitido el d¨ªa 2 de noviembre de 1989 al Congreso de los Diputados y est¨¢ pendiente de examen en la comisi¨®n mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, constituida el pasado d¨ªa 13.El informe describe la an¨®mala percepci¨®n de retribuciones por parte del presidente del consejo rector de la citada caja, sin citarle por su nombre, Ciriaco D¨ªaz Porras, militante del PSOE desde 1982 y presidente del Consejo de Administraci¨®n del diario Alerta. Durante m¨¢s de un a?o y medio, D¨ªaz Porras polemiz¨® con el Banco de Espa?a y el Ministerio de Econom¨ªa, que sucesivamente desautorizaron las retribuciones que recib¨ªa mientras que ¨¦ste demoraba el cumplimiento de las instrucciones o las soslayaba,, apoyado en acuerdos de dudosa validez de la asamblea general de la caja rural.

El comit¨¦ ejecutivo del Banco de Espa?a advirti¨® en octubre de 1984 que "no se ajustaba a derecho" la retribuci¨®n que en septiembre de 1983 el consejo rector de la Caja Rural de Cantabria asign¨® a D¨ªaz Porras, tras atribuirle indebidamente facultades propias de director general.

El Banco de Espa?a le orden¨® que cesara en el cobro de las cantidades que percib¨ªa, a la vez que encarg¨® al consejo rector de la caja que adoptase las medidas necesarias para que D¨ªaz Porras reintegrara lo Indebidamente percibido. Este organismo dej¨® en suspenso las retribuciones, pero no reclam¨® reintegro alguno hasta que se resolvieran los recursos legales planteados.En noviembre de 1984, la asamblea general de la caja acord¨® no reclamar el dinero a D¨ªaz Porras, "por considerar que si se hiciera se producir¨ªa enriquecimiento injusto de la entidad", seg¨²n el relato del Tribunal de Cuentas, e inclus¨® decidi¨® indemnizarle, en concepto de dietas, gastos y lucro cesante, desde el 22 de julio de 1983 al 27 de octubre de 1984. Ocho meses despu¨¦s, la subdirecci¨®n general de recursos del Ministerio de Econom¨ªa comunic¨® a la caja rural que desestimaba el recurso de alzada y confirmaba las ¨®rdenes del Banco de Espa?a.

A juicio del Ministerio de Econom¨ªa, constitu¨ªa una infracci¨®n dar al presidente de la caja facultades de gesti¨®n directa y vulneraba las leyes la asignaci¨®n a D¨ªaz Porras de una retribuci¨®n fija y peri¨®dica. Seg¨²n la legislaci¨®n, s¨®lo pod¨ªa cobrar dietas o indemnizaciones por gastos en el ejercicio del cargo.A pesar de estas advertencias, la asamblea de la caja acord¨® el 24 de agosto de 1985 abonar al presidente dietas por asistencia de 20.000 pesetas por d¨ªa, desde el 22 de julio de 1983 hasta el 31 de diciembre de 1984, as¨ª como la misma cantidad y por el mismo concepto por asistencias durante 1985. Un acuerdo que permit¨ªa a D¨ªaz Porras cobrar m¨¢s de 10 millones de pesetas.Tres meses despu¨¦s, los servicios jur¨ªdicos del Banco de Espa?a comunicaron a la caja que las dietas establecidas no pod¨ªan ser aceptadas porque infring¨ªan de nuevo la ley y soslayaban el requerimiento que el propio banco ya hab¨ªa hecho un ano antes. El consejo rector de la caja aleg¨® que tras recibir este requerimiento dej¨® de abonar "gastos de representaci¨®n" y el presidente devolvi¨® la cantidad percibida por ese concepto.Fraude de ley

El 8 de enero de 1986, el consejo ejecutivo del Banco de Espa?a comunico a D¨ªaz Porras que las nuevas "dietas de asistencia" que le hab¨ªa concedido la asamblea general de la caja en agosto de 1985 supon¨ªan un fraude a la ley. El Banco de Espa?a reclam¨® al presidente de la caja que reintegrara las cantidades que hab¨ªa percibido en virtud de dicho acuerdo.

Tres meses despu¨¦s, y al igual que en ocasiones precedentes, la asamblea general de la caja aprob¨® dejar en suspenso el pago de las dietas y presentar recurso de alzada contra la devoluci¨®n de las cantidades abonadas hasta el 31 de diciembre de 1985.

Un incremento rechazado por el Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos en Cooperativas de Cr¨¦dito, "por cuanto [la caja rural] hab¨ªa recibido apoyos financieros del fondo que hab¨ªan de servir para los fines concretos de saneamiento de la entidad y nunca para retribuir fuera de lo normal a cargos que por su naturaleza, por ley y tradicionalmente son gratuitos".

El Tribunal de Cuentas concluye su informe indicando que ,,en la documentaci¨®n analizada se ha observado que el presidente de la caja ha seguido recibiendo retribuciones de la misma con posterioridad a los requerimientos del Banco de Espa?a en orden a la devoluci¨®n de lo anteriormente percibido". Remuneraci¨®n que sigui¨® cobrando hasta la adquisici¨®n de la caja rural por la Caja de Ahorros de Madrid y la Caja de Pensiones de Catalu?a, en diciembre de 1987.