?Qui¨¦n le pone el cascabel al gasto?

En el Ministerio de Hacienda, las aguas est¨¢n revueltas. En estos momentos, tanto los interventores como los inspectores de Hacienda coinciden en una huelga de celo indefinida. No existen cauces abiertos de di¨¢logo por ahora, y la situaci¨®n amenaza con enquistarse. Mientras los interventores reclaman un mejor control del gasto p¨²blico, los inspectores no quieren que se les arrebaten sus actuales competencias y exigen adem¨¢s una nueva organizaci¨®n del trabajo junto a mayores retribuciones.

La administraci¨®n de Hacienda funciona en estos momentos a bajo rendimiento. La huelga de celo iniciada a principios de a?o por los inspectores fiscales, a la que se a?ade la de los subinspectores, ha coincido con la que llevan a cabo los interventores. Dos de las funciones b¨¢sicas de este departamento, el control del gasto p¨²blico y el del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos, se encuentran, pues, bajo m¨ªnimos.La situaci¨®n amenaza con enquistarse en un conflicto cuyas consecuencias han empezado a notarse. Los expedientes de autorizaci¨®n del gasto p¨²blico tardan m¨¢s de lo normal y la lucha contra el fraude fiscal no avanza todo lo que ser¨ªa necesario. Sin embargo, no se observan por parte de las autoridades del ministerio, ninguna prisa en solucionar los problemas.

Desde que, a finales de enero, el ministro de Econom¨ªa, Carlos Solchaga, anunciara en el Congreso que se propone aumentar las competencias de los subinspectores y sectoralizar y especializar las funciones de los inspectores, no se ha dado ning¨²n paso concreto. As¨ª lo asegura Pilar Valiente, presidenta de la asociaci¨®n de inspectores, para quien estas, dos propuestas cubren s¨®lo parte de sus actuales reivindicaciones. En cuanto a aumentar sus retribuciones para evitar fugas al sector privado, ninguna esperanza, por el momento.

Los interventores del Estado se han declarado tambi¨¦n en huelga de celo. El motivo es la retirada en la ley de Presupuestos de un cap¨ªtulo que regulaba la concesi¨®n y disfrute de subvenciones p¨²blicas. La aparici¨®n de un tercero en discordia, el Ministerio de Administraciones P¨²blicas, al que han secundado otros departamentos, ha dado al traste con este proyecto.

Control de eficacia

"La ¨²nica diferencia con el ministerio de Econom¨ªa es que ellos pretend¨ªan introducir un control de eficacia sobre la gesti¨®n del gasto p¨²blico", explica Te¨®filo Serrano, secretario de Estado de Administraciones P¨²blicas. "Nosotros pensamos que a la Intervenci¨®n del Estado le corresponde supervisar que las subvenciones se dan de acuerdo con la legalidad vigente y realizar un control financiero, pero sobre la eficacia, el responsable es el gestor porque para eso est¨¢".

En el fondo, lo que puede subyacer es un temor a que el Ministerio de Hacienda aspire a tener m¨¢s poder. Seg¨²n esta escuela de pensamiento, Hacienda hace los presupuestos, autoriza el gasto pero parece excesivo que, adem¨¢s, aspire a juzgar la buena o mala gesti¨®n del resto de los ministerios. "Esta es una responsabilidad pol¨ªtica que corresponde a cada ministro y, en ¨²ltima instancia, al Gobierno, que es quien debe juzgar y tomar medidas en caso de una mala gesti¨®n".

El interventor general del Estado, Juan Aracil, afirma que las circunstancias han cambiado y que el volumen del gasto p¨²blico ha aumentado tanto que es necesario potenciar el control interno. No est¨¢ de acuerdo con la cr¨ªtica de que ello supondr¨ªa mayor poder para el ministro de Hacienda de turno. "Nosotros no dependemos de este departamento, a quien tenemos que dar cuenta es al Consejo de Ministros, aunque estemos localizados en Hacienda".

En su opini¨®n, el reforzamiento del control interno "no es exclusivo ni excluyente". Se trata, a juicio de Aracil, de "realizar un control previo, para comprobar que se cumple la legalidad, reforzado con un control posterior sobre la utilidad econ¨®mica del gasto". Aracil entona el mea culpa ante el conflicto generado con este motivo por los interventores. "Quiz¨¢ el primer acusado sea yo, porque no he sabido transmitir hacia arriba y hacia abajo las inquietudes que han provocado la huelga".

Incluso llega a decir m¨¢s: "Estoy dispuesto a marcharme, pero si ello sirve para arreglar el problerna". La soluci¨®n, sin embargo, no parece cuesti¨®n de personas. El secretario de Estado de Hacienda, Jos¨¦ Borrell, afirm¨® que "el Gobierno dirige a la Administraci¨®n y no al rev¨¦s, y los funcionarios, por muy de ¨¦lite que sean, no pueden decirle al Ejecutivo c¨®mo debe legislar".

Aracil, sin ¨¢nimo de polemizar, coincide en que "efectivamente, contra una decisi¨®n del Consejo de Ministros no se puede hacer una huelga", pero ¨¦sta "no es la actitud de los interventores; lo que pretenden es hacer llegar al Consejo de Ministros una opini¨®n que quiz¨¢ no ha sido adecuadamente transmitida".

Competencias

Adem¨¢s del transfondo pol¨ªtico, se ha producido una guerra soterrada entre los dos colectivos en huelga, los interventores y los inspectores. Ambos consideran que les corresponde el control de las subvenciones p¨²blicas. Los interventores, seg¨²n explica el presidente de la asociaci¨®n que ha convocado la huelga, Luis Romasanta, "no queremos quitarle sus competencias a nadie, s¨®lo pretendemos dar garant¨ªas de que las subvenciones y el gasto p¨²blico en general se utilizan para los Fines previstos".

Los inspectores, por el contrario, se?alan que esta competencia es de ellos y que dif¨ªcilmente los cerca de 200 interventores pueden aspirar a abarcar una nueva tarea. Les acusan, adem¨¢s, de no facilitarles la labor. Seg¨²n explica Pilar Valiente, "los interventores se guardan la informaci¨®n para ellos y ello dificulta que podamos dise?ar un buen plan de inspecci¨®n para perseguir el fraude en las subvenciones p¨²blicas".