Salvar Do?ana

LA MANIFESTACI?N de varios miles de ecologistas venidos de toda Espa?a en defensa del parque nacional de Do?ana, amenazado por el proyecto de una gigantesca urbanizaci¨®n de lujo de 32.000 plazas hoteleras en las playas de la localidad pr¨®xima de Almonte, no puede considerarse de manera alguna como una injerencia extra?a en los intereses locales. El parque de Do?ana es patrimonio de todos, y su defensa constituye una de las batallas m¨¢s leg¨ªtimas contra los peligros de un desarrollismo desconocedor de los equilibrios naturales, indiferente al futuro de la tierra y s¨®lo sensible a intereses medidos en claves de inmediata rentabilidad econ¨®mica.El cerco de intereses a que est¨¢ sometida la supervivencia del parque de Do?ana es m¨²ltiple, desde la presi¨®n demogr¨¢fica y econ¨®mica de los habitantes de las zonas pr¨®ximas hasta la de las inmobiliarias, pasando por el uso de pesticidas en los cultivos lim¨ªtrofes y por la desidia y la dispersi¨®n administrativa de los diversos organismos p¨²blicos que tienen competencia sobre Do?ana. Pero, con mucho, el peligro m¨¢s serio que hoy se cierne sobre esta reserva natural es la construcci¨®n en sus aleda?os de la pol¨¦mica urbanizaci¨®n de Costa Do?ana, que amenaza con rebajar el nivel de los acu¨ªferos del parque nacional y generar en torno suyo una presi¨®n demogr¨¢fica artificial e infinitamente m¨¢s da?ina que la natural existente en la propia zona.

Nadie puede discutir el derecho de las poblaciones de la zona a su desarrollo, pero no con proyectos totalmente ajenos a las caracter¨ªsticas del entorno natural, cuya protecci¨®n es responsabilidad del patronato que preside el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Y el proyecto de urbanizaci¨®n tur¨ªstica de Costa Do?ana, por su envergadura y por el tipo de actividad que promueve (ocupaci¨®n de 800 hect¨¢reas de terreno por una poblaci¨®n de varias decenas de miles de personas, necesitadas de ingentes cantidades de agua para su abastecimiento, incluido el de jardines y campo de golf, etc¨¦tera), tiene todas las trazas de ser opuesto a los intereses naturales. Los promotores de la urbanizaci¨®n alegan que el agua utilizada provendr¨¢ de acu¨ªferos distintos de los del parque natural y que ser¨¢ tomada a una profundidad de 120 metros; pero, aparte de que ello contradice los informes oficiales, la experiencia de la cercana urbanizaci¨®n de Matalasca?as demuestra irrefutablemente una relaci¨®n directa entre el consumo de agua y el riesgo de desecaci¨®n y salinizaci¨®n de los acu¨ªferos del parque.

La respuesta y oposici¨®n de los sectores ecologistas es, hasta la fecha, la m¨¢s argumentada. Hubo, todo hay que decirlo, alguna frase metaf¨®rica del responsable de Medio Ambiente de la Junta: "No queremos m¨¢s Torremolinos en Andaluc¨ªa"; pero lo cierto es que el promotor ha anunciado ya el inicio de las obras. Todo parece indicar que los poderes p¨²blicos socialistas deber¨ªan intervenir en estos casos pol¨¦micos con algo m¨¢s que con la Guardia Civil y demostrar, con hechos y razones, que la defensa de la naturaleza y del medio ambiente es una opci¨®n pol¨ªtica que les preocupa no s¨®lo en per¨ªodos electorales.