La factura de la democracia

Considera el autor del art¨ªculo que el an¨¢lisis de los costes econ¨®micos de la financiaci¨®n de los partidos debe centrarse en sus ra¨ªces: la profesionaliz aci¨®n de la acci¨®n pol¨ªtica, la mercantiliz aci¨®n de muchas de sus funciones, el incremento de los gastos con las nuevas t¨¦cnicas de acci¨®n pol¨ªtica y la intermediaci¨®n de nuevos agentes. S¨®lo una presi¨®n sostenida para desvelar las cuentas de la democracia, concluye, podr¨ªa dar lugar a un control eficaz.

Democracia y dinero mantienen en p¨²blico relaciones dif¨ªciles: lo se?alan las pol¨¦micas dom¨¦sticas de estas ¨²ltimas semanas. Son adem¨¢s relaciones ¨ªntimas, como indican cifras apabullantes, aqu¨ª y en otros pa¨ªses.Un ejemplo: la elecci¨®n de un miembro de la C¨¢mara Baja en EE UU cost¨® en 1988 en torno a los 400.000 d¨®lares. Por su parte, la elecci¨®n de senadores cost¨® un promedio de cuatro millones de d¨®lares por esca?o. En Jap¨®n se ha calculado que la campa?a electoral de febrero de 1990 le signific¨® al Partido Liberal-Dem¨®crata un dispendio -o una inversi¨®n, si se prefiere- de unos 210.000 millones de yenes, equivalentes a 150.000 millones de pesetas: cada uno de sus candidatos necesit¨® un promedio de casi 500 millones de pesetas.

En este contexto, todo competidor -individual o colectivo- que no disponga de antemano de una financiaci¨®n consistente puede darse por vencido: la decisi¨®n de presentar la candidatura queda, pues, condicionada por contundentes argumentos de tesorer¨ªa.

La "empresa de la pol¨ªtica" -como la llam¨® Max Weber- requiere profesionales -ejecutivos y asesores-, supone investigaciones de opini¨®n y exige comunicaci¨®n y publicidad de masas en toda la amplia gama que presenta la sofisticada oferta de hoy.

Todo ello se vende y se compra en el mercado. La consultor¨ªa, la investigaci¨®n y la comunicaci¨®n social, las empresas period¨ªsticas, radiof¨®nicas y publicitarias, las agencias de imagen, lobbies y despachos de influencias se benefician de este intercambio, cuyo momento m¨¢s intenso y m¨¢s visible -pero no ¨²nico ni m¨¢s importante- coincide con las campanas electorales

Mercantilizaci¨®n

Con todo, suscita resistencias pudorosas a reconocerlo -cuando no reacciones escandalizadas- el hecho de que la pol¨ªtica democr¨¢tica exija dinero. Un dinero que llega, no s¨®lo a los pol¨ªticos, sino en buena medida a otros agentes de este mismo tr¨¢fico: entre ellos, profesionales y empresas de prensa, radio y publicidad que obtienen parte de sus ingresos gracias a la mercantilizaci¨®n de la competencia democr¨¢tica.

A pesar del esc¨¢ndalo m¨¢s o menos farisaico, as¨ª est¨¢n las cosas: la competencia liberal-democr¨¢tica exige recursos abundantes. Sus fuentes son conocidas. Algunas -como los afiliados o la prensa de partido- han sido importantes en algunos pa¨ªses y para algunos partidos. No es nuestro caso. Otras, como son las donaciones de personas, empresas y grupos -tanto las gratuitas como las onerosas-, vienen de antiguo, y siguen siendo centrales en el funcionamiento de la democracia liberal de este pa¨ªs y de otros con m¨¢s tradici¨®n democr¨¢tica.

M¨¢s reciente -el primer caso lo ofreci¨® Puerto Rico en 1957es la financiaci¨®n de la actividad partidista con cargo al erario p¨²blico. Se ha extendido con amplitud en los ¨²ltimos 30 a?os, como forma general de subvenci¨®n a la actividad pol¨ªtica, combinada con la apelaci¨®n al cr¨¦dito privado y p¨²blico.

A pesar de ello, la opacidad del sistema de la financiaci¨®n pol¨ªtica es resistente: las relaciones entre dinero y pol¨ªtica democr¨¢tica se desarrollan casi siempre en calculada penumbra. A menudo, cuando sale a la luz la cuesti¨®n se desv¨ªa hacia el terreno de la ¨¦tica. Pero los esc¨¢ndalos morales y las condenas puritanas -como los que se prodigan ¨²ltimamente- suelen dejar las cosas como estaban.

Como ciudadanos, no debiera importarnos tanto la honestidad original de los pol¨ªticos. Nos interesa, sobre todo, que tal honestidad no sea puesta imprudentemente a prueba por la ausencia o la ineficacia de mecanismos y controles colectivos.

Profesionalizaci¨®n

El an¨¢lisis de la cuesti¨®n debe centrarse en sus ra¨ªces: la profesionalizaci¨®n de la acci¨®n pol¨ªtica, la mercantiliz aci¨®n de muchas de sus funciones, el desbordante volumen econ¨®mico que implica el desarrollo sofisticado de nuevas t¨¦cnicas de acci¨®n pol¨ªtica y la intermediaci¨®n de nuevos agentes.

S¨®lo una presi¨®n sostenida para desvelar las cuentas de la democracia podr¨ªa dar lugar a un control eficaz. Luchar por la publicIdad de tales gastos y de sus fuentes de financiaci¨®n es el primer paso para que -si as¨ª lo quiere la opini¨®n- puedan ponerse l¨ªmites al crecimiento de una factura que intermediarios de todo orden tienden a engrosar

La declarada impotencia del Tribunal de Cuentas, la renuncia de los Parlamentos o la interesada voz de los medios de comunicaci¨®n no facilitan ciertamente los intentos de desarrollar alg¨²n tipo de supervisi¨®n. La intervenci¨®n Judicial, por su lado, s¨®lo es factible cuando son detectadas conductas contra la ley, pero no en otro caso.

Con todo, conviene aprovechar todas las oportunidades para debatir el problema. Porque se trata de una factura cuyo importe procede, en ¨²ltima instancia, del bolsillo de los ciudadanos. Como contribuyentes, cuando los gastos corren a cuenta directa de la Hacienda p¨²blica, como salarlo a profesionales o subvenci¨®n a los partidos. Como consumidores o usuarios, cuando tales gastos -a partir de compromisos abiertos o encubiertos- son repercutidos en el coste de servicios o productos p¨²blicos o privados.

El ciudadano tiene derecho a saber cu¨¢nto cuesta la democracla y c¨®mo se reparten las cargas. S¨®lo sabi¨¦ndolo podr¨¢ admitir libre y plenamente que la democracia no es de balde.