De nuevo, el desacato

EN ESPA?A, Ios cargos p¨²blicos, los m iembros de las instituciones p¨²blicas y, en general, todas aquellas personas que est¨¢n constituidas en autoridad gozan de una fuerte protecci¨®n legal: la que les otorga la pervivencia de una figura penal anacr¨®nica y de perfiles imprecisos como es la de desacato, que reserva a quienes incurran en ella la pena de hasta seis a?os de privaci¨®n de libertad. Ello es ya de por s¨ª grave en cuanto puede condicionar, y de hecho as¨ª ocurre, el derecho a la libertad de informaci¨®n y a la libertad de expresi¨®n en el ejercicio de la cr¨ªtica pol¨ªtica. Pero todav¨ªa lo es m¨¢s por la tendencia de algunos jueces a interpretar de manera dudosamente constitucional este precepto penal que sobrevive tal cual desde la ¨¦poca autoritaria. Sobre el periodista deportivo Jos¨¦ Mar¨ªa Garc¨ªa acaba de caer el peso de ese precepto y por ello puede ir a prisi¨®n.En 1986 el periodista imput¨® al entonces presidente de la Federacion Espa?ola de F¨²tbol, Jos¨¦ Luis Roca, haberse apropiado indebidamente de cierta cantidad de dinero en su condici¨®n de diputado de las Cortes de Arag¨®n. La acusaci¨®n se relacionaba con el cobro de dietas y gastos de desplazamiento no justificados. Las Cortes de Arag¨®n presentaron una querella por presunto desacato, que se resolvi¨® con la condena del periodista a dos meses y un d¨ªa de arresto mayor. Sin embargo, una comisi¨®n de las propias Cortes de Arag¨®n, constituida en el curso de la siguiente legi slatura auton¨®mica -la actual- explic¨® que Roca hab¨ªa percibido indebidamente cierta cantidad de dinero, le conmin¨® a devolverla a las arcas p¨²blicas y reconoci¨® el exceso de celo de la anterior c¨¢mara regional al haberse querellado.

A pesar de todo ello Garc¨ªa ha sido definitivamente condenado. No porque no haya sido cierta su acusaci¨®n -en este sentido el papel de los medios de comunicaci¨®n debe ser aplicar el principio de "la verdad, aunque duela"- sino por la manera innecesariamente insultante en que fue difundida. El Tribunal Constitucional manifiesta, de modo sensato, que los apelativos formalmente injuriosos son innecesarios para la labor informativa o de formaci¨®n de la opini¨®n. Y por ello precisa que "lo que se ha ventilado en el proceso no ha sido el derecho a la libre informaci¨®n, sino la realidad del derecho a la cr¨ªtica". Esta apreciaci¨®n, incuestionable cuando la informaci¨®n afecta a personas particulares, podr¨ªa derivar en ocasiones extremas en un recorte del derecho a la cr¨ªtica pol¨ªtica a la que est¨¢n sometidos todos los cargos p¨²blicos representativos. El que la propia instituci¨®n te¨®ricamente agraviada, es decir, las Cortes de Arag¨®n, reconociera a posteriori lo innecesario de las actuaciones judiciales interpuestas deber¨ªa. tal vez haber sido tenido en cuenta por el alto tribunal. Hay muchas ocasiones en las que disentimos con el estilo de hacer periodismo de Jos¨¦ Mar¨ªa Garc¨ªa, pero no por ello dejamos de considerar aberrante que ¨²nicamente por una cuesti¨®n de formas el periodista deportivo pueda dar con sus huesos en la c¨¢rcel. Y no es una defensa corporativa.