De los aparcamientos al banquillo

Una llamada an¨®nima al grupo de estafas de la polic¨ªa de Barcelona dio inicio en noviembre de 1985 a una investigaci¨®n sobre la contabilidad de la empresa SAVE, concesionaria de los estacionamientos de 11 aeropuertos, que concluy¨® con el procesamiento de la c¨²pula empresarial valenciana. Cinco a?os m¨¢s tarde el fiscal mantiene las acusaciones contra el presidente, el gerente y 22 empleados de la empresa y del organismo aut¨®nomo. Las defensas estiman que la minoraci¨®n de las liquidaciones era consentida por el Estado por un pacto verbal. La vista oral concluy¨® el jueves en Valencia.

Una denuncia telef¨®nica an¨®nima a la polic¨ªa barcelonesa origin¨® la investigaci¨®n. El denunciante, posiblemente un antiguo empleado de SAVE, explic¨® la presunta falsificaci¨®n "con tanto lujo de detalles que oblig¨® a tomarla en consideraci¨®n", seg¨²n el sumario. La polic¨ªa descubri¨® una habitaci¨®n oculta en la sede de la empresa en Valencia. En este recinto se encontraban las m¨¢quinas utilizadas para repicar las cintas de las cajas de aparcamiento a fin de proceder a la supuesta falsificaci¨®n.Seg¨²n el fiscal, el director gerente de la empresa, Francisco Casa?, de acuerdo con el presidente del consejo de administraci¨®n y ex presidente de la Conferederaci¨®n Empresarial Valenciana, Vicente Iborra, daba instrucciones a determinados empleados para corregir los partes de liquidaciones y las cintas de caja. Sin alterar el n¨²mero de veh¨ªculos que entraban diariamente en cada uno de los aparcamientos, se reduc¨ªa el tiempo de estancia que cada coche permanec¨ªa estacionado.

Con esta pr¨¢ctica, realizada durante a?os, la empresa defraud¨® al Estado, seg¨²n el fiscal, unos 760 millones de pesetas. El ministerio p¨²blico considera que Iborra y Casa? cometieron falsificaci¨®n y apropiaci¨®n indebida y solicita penas de nueve a?os de prisi¨®n para cada uno de ellos.

Por su parte, los acusados no han negado esta pr¨¢ctica, pero afirman que estaba consentida por el Estado a trav¨¦s de pactos verbales. Seg¨²n han manifestado los directivos de SAVE, a lo largo del juicio, que comenz¨® el pasado cuatro de junio en la Audiencia de Valencia, con este mecanismo intentaban paliar los perjuicios que para la empresa supon¨ªa la existencia de muchos autom¨®viles que aparcaban fuera del recinto de la empresa. Los responsables de SAVE no han podido demostrar este extremo, ya que el supuesto acuerdo verbal fue convenido entre ?ngel Mateo, ex director de Aeropuertos Nacionales, y Ram¨®n Rodrigo, de SAVE, ambos fallecidos.

Grados de implicaci¨®n

El fiscal del denominado caso SAVE, en su informe ante el Tribunal, confirm¨® la acusaci¨®n contra los 24 inculpados. Para el ministerio p¨²blico, los dirigentes de Save actuaron como "inductores intelectuales" de la apropiaci¨®n indebida, los empleados de la empresa fueron el "brazo ejecutor" de la defraudaci¨®n y los trabajadores de Aeropuertos Nacionales actuaron como "cooperantes" en la falsificaci¨®n. Las defensas de los procesados han negado estas acusaciones y solicitan la absoluci¨®n para sus clientes por falta de pruebas.Vicente lborra fue detenido el 19 de noviembre de 1985 por orden del magistrado Juan Bautista Cremades. Esta detenci¨®n y el posterior procesamiento de importantes empresarios valencianos, cuya acusaci¨®n fue retirada despu¨¦s, signific¨® un importante esc¨¢ndalo econ¨®mico. Tres d¨ªas antes hab¨ªa realizado una dura cr¨ªtica a la pol¨ªtica del Gobierno durante un acto organizado por la CEOE. El ex presidente de la patronal valenciana fue entonces c¨¢lidamente aplaudido cuando concluy¨® as¨ª su discurso: "Tenemos que conseguir que sea socialmente aceptable y de verdad rentable el ser un buen empresario, que es lo que os deseo a todos los que estais aqu¨ª, como dice el himno de mi tierra: Para ofrendar nuevas glorias a Espa?a".