El fiscal de Valencia pide la inhabilitaci¨®n de dos funcionarios por estafa
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Valencia, Enrique Beltr¨¢n, ha calificado como estafa el presunto delito cometido por los inculpados en el llamado caso Calpe y ha solicitado la apertura del juicio oral. Beltr¨¢n pide penas de m¨¢s de seis a?os de inhabilitaci¨®n para los dos funcionarios de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas implicados en unas diligencias que comenzaron el pasado mes de diciembre, cuando dos empresarios alicantinos denunciaron a los dos funcionarios por haberles pedido dinero a cambio de recalificar unos terrenos.
A ¨²ltima hora de la ma?ana de ayer, Enrique Beltr¨¢n traslad¨® al magistrado Luis Manglano, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2, encargado de las diligencias del denominado caso Calpe, el escrito de acusaci¨®n. El plazo de cinco d¨ªas de que dispon¨ªa Beltr¨¢n para formular sus conclusiones acababa ayer y el fiscal traslad¨® su escrito puntualmente.A pesar de que tanto el fiscal jefe como el magistrado instructor no quisieron pronunciarse sobre el contenido de la acusaci¨®n, fuentes cercanas al caso se?alaron ayer que la conducta de los inculpados ha sido calificada de estafa. El escrito de acusaci¨®n, seg¨²n las mismas fuentes, lleva aparejada una petici¨®n de varios meses de arresto, e incluye para los funcionarios inculpados seis a?os de inhabilitaci¨®n, por lo quelas diligencias terminar¨¢n en la Audiencia y no en un Juzgado de lo Penal.
Este delito, tipificado en el C¨®digo Penal dentro de los delitos contra la propiedad, es cometido por aquellas personas que con ¨¢nimo de lucro utilizan enga?o "para producir error en otro
Las diligencias del caso Calpe, comenzaron tras la denuncia de dos empresarios alicantinos que afirmaron que dos funcionarios de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas, Urbanismo y Transportes -Inmaculada Sancho y Rub¨¦n Mu?oz-, les hab¨ªan pedido dinero para la recalificaci¨®n de unos terrenos en la zona de Las Salinas, en Calpe.
Los dos funcionarios inculpados, junto al padre de Rub¨¦n Mu?oz y el agente de la propiedad inmobiliaria Juan Jos¨¦ Ortega, fueron acusados por ello por el fiscal.
Querella
La denuncia, impulsada por la ex directora general de Urbanismo, la socialista Blanca Blanquer, desemboc¨® en una querella del fiscal jefe contra el ex consejero de Obras P¨²blicas, Rafael Blasco, y cinco personas m¨¢s, por otro asunto turbio que se descubri¨® en la misma investigaci¨®n: la subasta de unos terrenos por un precio notablemente inferior al del mercado en la localidad valenciana de Paterna. Los inculpados en el llamado caso Calpe se negaron, durante la investigaci¨®n judicial, a que sus voces fueran grabadas para ser contrastadas con las obtenidas de las escuchas telef¨®nicas policiales. Los agentes obtuvieron grabaciones de todos los inculpados, excepto de Rub¨¦n Mu?oz, que entonces se encontraba prestando su servicio militar.Los abogados defensores presentaron, posteriormente, varios recursos en donde solicitaban la destrucci¨®n de estas grabaciones telef¨®nicas o, de forma alternativa, su invalidez jur¨ªdica. Asimismo se opusieron a la decisi¨®n del juez instructor de convertir las diligencias en un procedimiento abreviado, mucho m¨¢s ¨¢gil procesalmente.
El magistrado titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero dos de Valencia, Luis Manglano, resolvi¨® negativamente estos recursos de reforma y traslad¨® las diligencias al fiscal para que elaborara su escrito de conclusiones.
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