Mantener los puentes de la negociaci¨®n

En el art¨ªculo se aboga por la continuidad de las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos, para lo que, a juicio del autor, ambas partes deben tener en cuenta dos realidades: que la situaci¨®n econ¨®mica del segundo semestre del a?o es distinta a la del primero y que los sindicatos no pueden asumir el ajuste en los t¨¦rminos planteados por el ministro de Econom¨ªa y Hacienda.

Las negociaciones desarrolladas entre el Gobierno y los sindicatos a lo largo de junio y julio pasados se saldaron con m¨¢s pena que gloria. Entre las causas, la fundamental hay que buscarla en el empe?o del Gobierno de sustituir el m¨¦todo de negociaci¨®n bilateral por el tripartito -con la CEOE incorporada-, y en su inter¨¦s por arrinconar la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP) como eje de las negociaciones, para sustituirla por los contenidos del inicialmente llamado pacto para la competitividad, en el que la piedra angular es el control a la baja de las rentas salariales.Pese a aquel estancamiento, y quiz¨¢ porque a unos y a otros interesaba mantener abiertas las expectativas, el Gobierno se ha venido mostrando favorable a la petici¨®n de los sindicatos de continuar las negociaciones. Pero estaba claro desde bastante antes de estallar la crisis en el golfo P¨¦rsico que el nuevo escenario donde pretend¨ªa sacar adelante el rebautizado como pacto de progreso ser¨ªa el Consejo Econ¨®mico y Social, cuya inmediata puesta en funcionamiento servir¨ªa para cubrir el flanco social, y la Comisi¨®n Mixta Congreso- Senado, encargada de dar la cobertura institucional a dicho pacto.

Perfilado el escenario, el momento previsto por el Gobierno para apretar a fondo las tuercas del ajuste econ¨®mico se situar¨ªa en enero de 1991. Anticipo inevitable ser¨ªan los Presupuestos Generales del Estado, que habr¨ªan de presentarse y aprobarse a lo largo del oto?o. Pero de acuerdo con la t¨¢ctica d¨¦ una transici¨®n no excesivamente brusca, que evitara el riesgo de ruptura de los cauces de di¨¢logo social y pol¨ªtico existentes, cabe hoy deducir que varias de las partidas sociales de los presupuestos, incluida la de las retribuciones salariales de los trabajadores del ¨¢rea p¨²blica, habr¨ªan tenido un tratamiento menos dr¨¢stico del que han tenido en el proyecto aprobado el pasado 28 de septiembre.

Se desprende de lo expuesto que, frente a la impresi¨®n dominante que atribuye los fuertes recortes presupuestarios a la crisis del Golfo, hay que decir que esa crisis ha sido aprovechada para adelantar los plazos del ajuste duro que en cualquier caso pretend¨ªa realizar el Gobierno. Y al se?alar esto no minimizamos, ni mucho menos, los efectos negativos que a?ade a nuestra econom¨ªa el encarecimiento de la factura petrolera. Existe una segunda raz¨®n, sin duda de orden secundario, que ha podido influir en el Gobierno a la hora de tomar la decisi¨®n de anticipar sus medidas en materia econ¨®mica. Nos referimos a la fractura de la unidad de acci¨®n de los sindicatos, abierta como consecuencia de la conocida como guerra de los preavisos para las elecciones sindicales. No hace falta decir que esa fractura debilita nuestras posibilidades, y que, por tanto, la primera gran cuesti¨®n que se nos plantea es recuperar al menos el entendimiento suficiente para articular una respuesta com¨²n.

Cambio de rumbo

Pero ?qu¨¦ respuesta? La verdad es que nuestro margen de maniobra resulta bastante estrecho. Aceptar el que en su tercera variante ha sido denominado por Carlos Solchaga como "pacto social de progreso" ser¨ªa sencillamente suicida, pues suscribir un pacto cuyo fin es intentar desactivar la oposici¨®n social al ajuste duro equivaldr¨ªa a apostar en favor de que los trabajadores nos desbordaran por mil sitios.

Algo similar podr¨ªamos decir si lo que se nos plantea es negociar un acuerdo interconfederal con la CEOE para dar el espaldarazo a ese 5% de elevaci¨®n salarial que se desea para 1991. No creemos que nadie se atreva a formular semejante propuesta.

Pero, por otra parte, los problemas de la econom¨ªa espa?ola son reales y tienden a agravarse. De ah¨ª que tampoco podamos caer en una est¨¦ril actitud resistencial. Deberemos, pues, continuar enarbolando la bandera de un cambio de rumbo en la pol¨ªtica econ¨®mica e insistir en que algunos de sus perfiles est¨¢n apuntados precisamente en la PSP, pero siendo conscientes de que el cambio a una pol¨ªtica progresista no est¨¢ ni mucho menos al alcance de la mano ni depende de nuestras solas fuerzas. Por eso nuestra negativa al regresivo pacto social que se nos ofrece debe ser compatible con la b¨²squeda de mecanismos que permitan mantener en pie los puentes de negociaci¨®n con el Gobierno.

Lo mejor ser¨ªa que el Gobierno hiciera un ejercicio de realismo y comprendiera que el tipo de pacto que pretende de nosotros es absolutamente inviable. Si asumiera esto y tuviera presente que no hemos sido los sindicatos los peor parados en el periodo de enfrentamiento habido durante la anterior legislatura, es posible que su conclusi¨®n tambi¨¦n fuese la de facilitar la pervivencia de los puentes de negociaci¨®n con nosotros. Que dicho ejercicio de realismo dependa del propio Gobierno no debe hacernos desalentar en el esfuerzo para facilitarlo.

Conscientes unos y otros de los l¨ªmites que para concretar acuerdos tiene el muy diferente enfoque respecto de la pol¨ªtica econ¨®mica a seguir, pero, a su vez, recordando que sin variar lo sustantivo de la pol¨ªtica del Gobierno fueron posibles los interesantes acuerdos de enero y febrero pasados, la cuesti¨®n consistir¨ªa en ver c¨®mo podr¨ªa traducirse a medidas precisas el principio de que, frente a periodos de mayor escasez y sacrificios, lo progresista es que ponga m¨¢s el que m¨¢s tenga. Lo cual debiera llevar a que algunas partidas sociales de los presupuestos se retocaran y a que continuara la negociaci¨®n sobre la PSP, pues, por ejemplo, la fiscalidad o los fondos de inversi¨®n son instrumentos id¨®neos para plasmar la solidaridad. Junto a ello habr¨ªan de examinarse otros puntos susceptibles de negociaci¨®n, siempre desde la conciencia de que, en conjunto, lo probable ser¨ªa que hubiera m¨¢s desacuerdos que coincidencias.

Negociaci¨®n colectiva

En lo que se refiere a los salarios, se hace preciso reiterar que, desde los inicios de la transici¨®n a la democracia hasta nuestros d¨ªas, la moderaci¨®n ha sido una constante. A?o tras a?o, los sindicatos no hemos sobrepasado la pretensi¨®n de defender el mantenimiento del poder adquisitivo -alguno ni eso-, y s¨®lo en el periodo m¨¢s pr¨®ximo en el tiempo, cuando eran notables las cifras de crecimiento de la econom¨ªa, hemos demandado una ligera mejora.

Por tanto, si fuese posible mantener los puentes de la negociaci¨®n no de forma ficticia o voluntarista, sino con acuerdos concretos, aunque fuesen modestos, parece razonable prever pocos desmadres en la negociaci¨®n colectiva, que es el instrumento m¨¢s adecuado para abordar la cuesti¨®n salarial en las actuales circunstancias.

En resumen, no pretendemos con lo aqu¨ª apuntado ofertar una especie de receta que conjure tensiones sociales, inevitables en el contexto en que nos hallamos. Simplemente se trata de mostrar que es factible evitar que acaben siendo arrojados por la borda los avances sindicales y pol¨ªticos conseguidos en los primeros meses de 1990 y nos veamos abocados a volver a las andadas en las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos.

es miembro del secretariado de la Confederaci¨®n Sindical de Comisiones Obreras.