La salamandra
En la historia del ejercicio del poder pol¨ªtico es dif¨ªcil no apreciar enseguida que sus titulares muestran una tendencia casi instintiva a poner sus manos en donde legalmente les est¨¢ vedado o bien a entregarse a prestidigitaciones falseadoras de las instituciones, con el pensamiento puesto en hacerlas accesibles y maleables a su voluntad, para as¨ª poder utilizarlas cuando lo consideren oportuno.En la marcha progresiva hacia el control y limitaci¨®n del poder pol¨ªtico, sigue siendo un hito definidor el marcado por la doctrina y la pr¨¢ctica de la divisi¨®n de poderes, por ser la que hasta el momento ha ofrecido mejores garant¨ªas de equilibrio en su ejercicio y de evitaci¨®n de excesos por parte de sus detentadores. Pero no debemos olvidar que el punto clave legitimador de toda la estructura de la divisi¨®n de poderes es la representaci¨®n popular que asumen las C¨¢maras por medio de peri¨®dicas elecciones que permiten a los ciudadanos expresar su parecer sobre los asuntos que les conciernen y designar a las personas o partidos en los que conf¨ªan para resolverlos.
Esta funci¨®n de las elecciones, unida al natural deseo de la mayor¨ªa de los pol¨ªticos de ejercer su poder con las m¨ªnimas cortapisas, es la que ha originado que desde la fecha misma de su implantaci¨®n les haya sido dif¨ªcil rehuir el malsano deseo de manipularlas, bien para obtener la ansiada credencial o bien el n¨²mero de representantes populares precisos para que la voz de su grupo sea o¨ªda o incluso para no tener que molestarse demasiado en escuchar la de los dem¨¢s porque hayan llegado a alcanzar lo que se llama una mayor¨ªa holgada.
Se desarrollaron procedimientos refinados para dejar cautiva la opini¨®n de aquellos que no interesaba que llegasen con fuerza suficiente al Parlamento. Uno de los m¨¢s conocidos es el llamado de salamandra, que recibe su nombre de la forma en que a principios del siglo pasado dise?¨® los distritos electorales el gobernador dem¨®crata del Estado de Massachusetts Elbridge Gerry. Partiendo de que el sistema electoral era el de un solo representante (el que obtuviera el mayor n¨²mero de votos) por cada distrito, los dibuj¨® buscando que en cada uno de ellos se obtuvieran los votos estrictamente necesarios para que el candidato de su partido alcanzase la mayor¨ªa, de modo que el otro partido, el de los federalistas, aunque en el conjunto de los distritos hubiese alcanzado un tanto por ciento elevado de votos, se quedase, no obstante, sin representaci¨®n parlamentaria. La artificiosidad del sistema, con el que en definitiva se buscaba falsear la expresi¨®n de la voluntad popular, origin¨® que el dibujo de uno de los distritos tuviese la forma alargada y sinuosa de la salamandra y que con la alusi¨®n a este animalito se conozca en los pa¨ªses anglosajones la actividad torticera de deformar a prop¨®sito los l¨ªmites de un distrito electoral para neutralizar los votos del contricante.
En medio de una pita absolutamente generalizada, el Congreso de los Diputados ha consumado la primera parte de lo que se ofrece a la opini¨®n p¨²blica con todas las facetas de un esc¨¢ndalo: parece que el l¨¢piz para delimitar el perfil territorial de los distritos electorales se ha desplazado al dibujo del de las personas para asegurar que los componentes de un ¨®rgano constitucional del Estado se pronuncien en los t¨¦rminos queridos por el Gobierno, a los que tambi¨¦n parece que se ha adherido el partido mayoritario de la oposici¨®n. Da la impresi¨®n de que entre ambos se disponen a alumbrar un consejo general del tipo salamandra, aunque, perfeccionando el sistema, la minor¨ªa ya no queda acorralada, sino que ha pedido y obtenido su cuota a cambio de colaborar en el intento de falsear el sentido de la instituci¨®n.
En los pa¨ªses democr¨¢ticos, el aspecto externo de los acontecimientos pol¨ªticos, la impresi¨®n que producen, tiene casi tanta importancia como la verdad que puedan ocultar, porque ser¨¢ por aquel aspecto que los ciudadanos formen su criterio, al no serles normalmente exigible que est¨¦n en los entresijos de las decisiones. Pienso que es necesaria esta aclaraci¨®n porque lo que aqu¨ª trato de acusar es precisamente la impresi¨®n que han producido los acontecimientos que se han hecho visibles en el proceso para elegir a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No prescindo, por tanto, de la posibilidad de que nuestros representantes parlamentarios nos expliquen a satisfacci¨®n algo que tanto repudio ha merecido de pr¨¢cticamente todos los espa?oles, en el sentido de que lo que se ha percibido es la querencia a condicionar a los deseos del Ejecutivo y a las componendas y negociaciones partidistas una instituci¨®n ideada para mejorar la nota esencial de independencia de los jueces y magistrados. Poco se puede a?adir a lo que han dicho y manifestado, con los m¨¢s variados tonos y registros en el com¨²n reproche, todos los medios de comunicaci¨®n y lo que se oye en cualquier conversaci¨®n sobre el particular. Pero s¨ª conviene decir que el martes pasado se ha producido una important¨ªsima novedad: el Congreso, la representaci¨®n del pueblo espa?ol, ha ofrecido la sensaci¨®n de responder con absoluta insensibilidad a lo que ha sido un clamor que sigue resonando. No se ha movido un ¨¢pice de lo que hab¨ªan pactado los portavoces. Todas las posibles tachas puestas a su anunciada decisi¨®n, desde la de inconstitucionalidad a las de favoritismo o falta de altura de miras, han sido insuficientes para mover su voluntad de donde hab¨ªa sido prefijada por las jerarqu¨ªas de los partidos. Pienso que esta actuaci¨®n no es de las llamadas a mejorar y hacer viva la imagen del Parlamento.
Otra peculiaridad que tambi¨¦n es necesario resaltar es que adem¨¢s se ha recibido la imprecisi¨®n de que para lograr sus fines el partido socialista se ha movido con un cierto menosprecio hacia quienes ejercitan actual y efectivamente funciones judiciales, aunque tambi¨¦n es cierto que a este haz expreso pueda corresponder un env¨¦s t¨¢cito, del que resulte una calificaci¨®n realmente halag¨¹e?a para ¨¦stos. Cuando la Constituci¨®n es tableci¨® que de los 20 vocales del Consejo 12 fueran nombra dos entre jueces y magistrados de todas las categor¨ªas judiciales, era universal consenso en las Cortes Constituyentes que el precepto alud¨ªa a que la elecci¨®n de los mismos se hiciera por los propios jueces y magistrados. Razones pol¨ªticas, que ahora no vienen al caso, determinaron que se acordase que tambi¨¦n los vocales jueces y magistrados fuesen nombrados por las C¨¢maras, en norma avalada por el Tribunal Constitucional, aunque a rega?adientes y con advertencia de sus peligros y de que en ning¨²n caso deb¨ªa ser utilizada esta potestad para trasladar al ¨¢mbito de lo judicial las posturas estrictamente partidistas.
Creo que las circunstancias citadas y el principio de buena fe que siempre debe presidir las relaciones entre las instituciones del Estado marcaban la
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La salamandra
Viene de la p¨¢gina anteriorconveniencia de que las Cortes se hubiesen inspirado en la idea de acercarse en lo posible al esquema general de lo que pod¨ªa haber sido el resultado de una elecci¨®n hecha por los propios jueces y magistrados, al menos en lo que se refiere a sus l¨ªmites negativos, es decir, no proponiendo en ning¨²n caso el nombramiento de quienes era l¨®gico pensar que no ser¨ªan tampoco en ning¨²n caso elegidos por aqu¨¦llos, entre otros posibles motivos por carecer de la condici¨®n de elegibles. Este criterio, que me parece razonable para una buena articulaci¨®n de las instituciones implicadas, no ha sido tenido en consideraci¨®n cuando unos d¨ªas antes de la elecci¨®n por las Cortes, estando ya aqu¨¦lla pactada y cerrada, se apea de sus puestos a unos magistrados y a una facultativa del anterior consejo que no ejerc¨ªan funciones judiciales para reincorporarlos precipitadamente al servicio activo y provocar as¨ª que cumpliesen artificialmente un requisito legal imprescindible para poder ser elegidos vocales. Con todo el aprecio y res peto que, por supuesto, merecen lar, personas, pol¨ªticamente el interrogante del ciudadano fluye de inmediato: si hay cien tos de jueces y magistrados ejerciendo su funci¨®n judicial, con todas las condiciones para ser elegidos, por qu¨¦ el partido que apoya al Gobierno se entrega a tan burda prestidigitaci¨®n. Es dif¨ªcil aceptar que entre aqu¨¦llos no los hubiera tan competentes e id¨®neos como los voluntariamente apeados.
Es dif¨ªcil tambi¨¦n excluir que el ciudadano no concluya en que lo buscado era atenuar en lo posible la calidad de independencia. Afirmo, porque as¨ª lo espero, que si se busc¨® este fin, no ha sido logrado, pero la duda, que tanto bueno dice de los jueces y magistrados dedicados a su funci¨®n de juzgar, ha quedado impregnando el ambiente en el que nace el nuevo consejo.
Asistiremos a la primera prueba de fuego sobre la serenidad, objetividad e independencia que tenemos derecho a esperar que sean notas permanentes de su conducta cuando se pronuncie en el que va a ser uno de los actos m¨¢s importantes de su tasada vida de cinco a?os. En la primera sesi¨®n que celebre, tendr¨¢ que nombrar al presidente del m¨¢s alto ¨®rgano del poder judicial del Estado, que es el Tribunal Supremo. En la calidad de presidente del Tribunal Supremo, el elegido presidir¨¢ tambi¨¦n el Consejo General del Poder Judicial. El car¨¢cter accesorio que tiene la presidencia del consejo con relaci¨®n a la del Tribunal Supremo es una condici¨®n que a veces se ignora, pero que no se le ha pasado por alto a la Constituci¨®n. Para ¨¦sta, lo principal es el Tribunal Supremo (y con ¨¦l todos los juzgados y tribunales) y lo anejo los ¨®rganos gubernativos de la justicia, entre ellos el CGPJ. Esto nos indica que se va a seleccionar a un juez, a . la primera autoridad judicial de la naci¨®n, seg¨²n nos dice la ley, no a una autoridad gubernativa, por lo que las cualidades inherentes a la funci¨®n judicial se har¨¢n presentes. Una de ellas, probablemente la fundamental, es que resulte de su ejercicio la paz y la concordia, la obtenci¨®n de una paz justa, que suelen decir los procesalistas. Si, como se anuncia, la elecci¨®n va a ser de un magistrado del Tribunal Supremo, ser¨ªa bueno que, en cumplimiento de aquella finalidad consustancial a la funci¨®n judicial, la personalidad del nombrado borrase el mal sabor y divisiones que han dejado en la opini¨®n p¨²blica y en la magistratura los hechos a cuya representaci¨®n hemos asistido, por ser persona de general aceptaci¨®n. Se ha transmitido la idea de que el pacto interpartidista escond¨ªa el as de qui¨¦n iba a ser el presidente del Tribunal Supremo y que esta carta se vio desde un principio, sobresaliendo de la cinta del sombrero en que se guardaba. No lo creo, porque otra cosa ser¨ªa agraviar la libertad de juicio de los nuevos vocales. Puesto que escribir¨¢n en cuartillas en blanco, mi deseo es que acierten en algo de lo que, para bien o para mal, van a ser plenamente responsables. Y que su acierto no sea fuente de discordia.
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