La comarca valenciana de La Ribera secunda de forma masiva una huelga general contra la sentencia de Tous

La comarca valenciana de La Ribera, en la que viven unas 200.000 personas, secund¨® ayer de forma masiva la huelga general convocada en protesta por la sentencia de la Audiencia de Valencia en el caso Tous. Este fallo judicial reconoci¨® la responsabilidad civil del Estado por los da?os causados en las inundaciones de 1982, pero s¨®lo admiti¨® las reclamaciones de los afectados que ejercieron la acusaci¨®n particular, unos 4.500 de los cerca de 23.000 damnificados. Los dem¨¢s, seg¨²n la sentencia, quedaron sin derecho a compensaci¨®n econ¨®mica. Representantes de las asociaciones de damnificados rechazaron la oferta del delegado del Gobierno en Valencia, Francisco Granados, de iniciar tr¨¢mites para el pago de las indemnizaciones.

Los damnificados quieren cobrar antes de las elecciones municipales y auton¨®micas de] pr¨®ximo mes de mayo. En cambio, los tr¨¢mites propuestos por el delegado del Gobierno se prolongar¨ªan varios meses m¨¢s."Si no hay acuerdo, la comarca ir¨¢ a la guerra contra la Administraci¨®n", afirm¨® un portavoz de los afectados al final de la concentraci¨®n que varios miles de personas realizaron por la ma?ana ante la sede de la Delegaci¨®n del Gobierno en la capital valenciana. "Queremos cobrar y que sea antes de las elecciones", anadi¨® esta persona.

Francisco Granados y los portavoces de los afectados dialogaron durante varios minutos en presencia de periodistas, sin llegar a un acuerdo concreto. Los representantes de las asociaciones de damnificados Afiva y Apemeda y de las poblaciones de Sollana y Antella entregaron al delegado del Gobierno un documento en el que exig¨ªan una respuesta oficial sobre la "fecha inmediata de las indemnizaciones" a los afectados por la rotura de la presa de Tous.

Pasadas las 11 de la ma?ana, los manifestantes de la Ribera se concentraron en el paseo de la Alameda de Valencia, adonde hab¨ªan acudido en autobuses fletados por las asociaciones de damnificados. Representantes pol¨ªticos de todos los partidos a excepci¨®n del PSPV-PSOE, se sumaron a la manifestaci¨®n, que finaliz¨® con una concentraci¨®n ante las puertas de la Delegaci¨®n del Gobierno. Unas 3.000 personas, seg¨²n el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, y m¨¢s de 10.000, seg¨²n los organizadores, permanecieron concentrados mientras los portavoces de los afectados se reun¨ªan con Granados.

Minutos antes y a los gritos de avant, avant (adelante, adelante), las primeras filas de concentrados arremetieron contra los guardias civiles que vigilaban las dependencias de la Delegaci¨®n del Gobierno y protagonizaron las ¨²nicas escenas de con fusi¨®n y nerviosismo de la movilizaci¨®n. Uno de los manifestan tes fue v¨ªctima, en este corto es pacio de tiempo, de un ataque card¨ªaco y tuvo que ser evacuado por una ambulancia despu¨¦s de que un agente le practicase un masaje card¨ªaco, que, seg¨²n otro agente, pudo salvarle la vida.

El delegado del Gobierno, Francisco Granados, estuvo reunido con los portavoces de las asociaciones de afectados, quienes le transmitieron su exigencia de un pronunciamiento inmediato sobre la fecha del pago de las indemnizaciones. Este documento, dirigido "al Gobierno del Estado Espa?ol", subraya que la responsabilidad civil subsidiaria del Estado debe hacerse extensiva "a todos los afectados sin discriminaci¨®n" y exige que la respuesta de la Administraci¨®n sea "por escrito" y de forma clara y concisa, "en evitaci¨®n de err¨®neas interpretaciones".

"Sin discriminaciones"

Granados precis¨® ante los portavoces y en presencia de periodistas que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ya se hab¨ªa pronunciado recientemente sobre la voluntad de no permitir "ninguna discriminaci¨®n entre los af¨¦ctados". El delegado del Gobierno se comprometi¨® a iniciar una v¨ªa de di¨¢logo con la Administraci¨®n y pidi¨® a las asociaciones que, en el plazo de dos meses, presenten una lista de las reclamaciones econ¨®micas de los perjudicados no reconocidos en la sentencia, para estudiar su pago por el Estado.

Esta propuesta fue rechazada por los afectados, que inicialmente mostraron su disposici¨®n a aceptarla, al no conseguir que el delegado les garantizara el pago efectivo antes de las elecciones. "Si el Estado no tiene dinero, nosotros tampoco", gritaron grupos de los damnificados. Otros propusieron no pagar los tributos como presi¨®n.