El Poder Judicial pide la sustituci¨®n de los art¨ªculos de la ley de seguridad que violan la Constituci¨®n
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inform¨® ayer desfavorablemente el anteproyecto de ley org¨¢nica sobre protecci¨®n de la seguridad ciudadana, y en concreto solicit¨® la sustituci¨®n de los art¨ªculos que a juicio del Consejo recortan el contenido esencial de los derechos constitucionales de libre circulaci¨®n, libertad personal e inviolabilidad de domicilio o que condicionan las competencias judiciales sobre suspensi¨®n de sanciones administrativas. El pleno endureci¨® el borrador elaborado por la comisi¨®n de estudios e informes.
La petici¨®n de sustituci¨®n de los preceptos sobre los que el Ministerio del Interior recab¨® "con car¨¢cter de urgencia" el informe del Consejo, se produjo por unanimidad en la sesi¨®n de la ma?ana, que se reanud¨® pasadas las 17.30 horas y se dedic¨® a la discusi¨®n de otros aspectos del anteproyecto de ley sobre los que el Consejo estim¨® conveniente informar. El presidente del consejo, Pascual Sala, compareci¨® ante los medios informativos, a las 20.30 de ayer, para dar cuenta de las objeciones puestas al anteproyecto.El proyecto de informe elaborado por la comisi¨®n de estudios e in formes se limitaba a se?alar posibles colisiones de los preceptos del anteproyecto de ley con la Constituci¨®n y propon¨ªa alternativas a los mismos. En la sesi¨®n plenaria de ayer, en la que el presidente del CGPJ, Pascual Sala, discuti¨® muy poco, los enmendantes pidieron que el informe avanzara un paso m¨¢s y tomara posici¨®n sobre el anteproyecto, as¨ª como se a?adi¨® el adverbio "muy" a la expresi¨®n "dudosa constitucionalidad" sobre algunos art¨ªculos.
El bloque decisivo de enmiendas que contribuyeron a endurecer el informe en sus aspectos m¨¢s importantes procedieron de un grupo ideol¨®gicamente muy plural. Lo integraron los conservadores Margarita Mariscal de Gante y Andr¨¦s de la Oliva y los progresistas Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, Juan Alberto Belloch e Ignacio Sierra. El pleno acept¨® la propuesta de que el informe del Consejo pidiera la sustituci¨®n del art¨ªculo 18 del anteproyecto, sobre restricciones policiales de la libertad de movimientos y circulaci¨®n, as¨ª como controles, identificaci¨®n y registro de efectos personales y veh¨ªculos en la v¨ªa p¨²blica.
Detenci¨®n
En relaci¨®n con la posibilidad de "detenci¨®n a efectos de identificaci¨®n durante el plazo m¨¢ximo de seis horas" a los autores de infracciones tipificadas en la futura ley sometida a informe, prevista tambi¨¦n en el art¨ªculo 18, se aprob¨® que tales detenciones s¨®lo se puedan producir cuando existan "sospechas de que se ha producido un il¨ªcito penal", lo cual no es m¨¢s que "repetir lo que ya dice la ley de Enjuiciamiento Criminal". Seg¨²n las fuentes del Consejo que informaron a este peri¨®dico, lo que se elimina es la detenci¨®n sin control judicial de los posibles autores de infracciones ajenas a los tipos penales de delitos.
A propuesta del mismo grupo de enmendantes, se acord¨® pedir la sustituci¨®n del art¨ªculo 19 del anteproyecto, que prev¨¦ que durante las seis horas de detencio¨®n poliocial para identificaci¨®n, "podr¨¢ el detenido renunciar de forma expresa a la asistencia de abogado". El pleno coincidi¨® en que la irrenunciabilidad de la asistencia letrada es la garant¨ªa de que la polic¨ªa no induce a los detenidos a renunciar a tal derecho, como la experiencia demuestra que ocurri¨® en muchas comisar¨ªas y cuartelillos de la Guardia Civil.
El pleno acept¨® por unanimidad solicitar la sustituci¨®n del art¨ªculo 20 del anteproyecto, que establece una serie de supuestos excepcionales al derechoa a la inviolabilidad de domicilio, tales como que se permita la entrada policial sin autorizaci¨®n judicial en las zonas no ¨ªntimas de los domicilios o en las dedicadas a actividades abiertas al p¨²blico. Jos¨¦ Luis Manzanares, vicepresidente del Consejo, ilustr¨® al pleno con la apreciaci¨®n de que el, precepto contradice tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Supremo.
Otro art¨ªculo del anteproyecto de ley cuya sustituci¨®n propugn¨® el pleno del CCPJ fue el 38, por el que Interior pretende que cuando sancione en aplicaci¨®n de la futura ley de Seguridad ciudadana, los tribunales de lo contencioso-administrativo s¨®lo puedan suspender la decisi¨®n administrativa durante dos meses, transcurridos los cuales sin dictar sentencia, se levantar¨ªa la suspensi¨®n.
Ante la repulsi¨®n que produjo entre los juristas del Consejo tal precepto, que recorta la funci¨®n judicial, el vocal Eligio Hern¨¢ndez explic¨® que su objetivo es contrarrestar la ineficacia y pasividad de los fiscales y los abogados del Estado en defensa de la Administraci¨®n. El pleno del CGPJ, por razones de t¨¦cnica jur¨ªdica, censur¨® otros art¨ªculos del anteproyecto de ley de Interior como el 22, que tipifica de nuevo el delito de desobediencia a la autoridad o sus agentes, ya existente en el C¨®digo Penal.
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