El giro fiscal

Al otro gran cambio al que asiste Canarias, la reforma del R¨¦gimen Econ¨®mico Fiscal (REF) alentada por el secretario de Estado de Hacienda, Jos¨¦ Borrell, y el consejero canario del ramo, Jos¨¦ Miguel Gonz¨¢lez, la CE ha dado su visto bueno. El nuevo r¨¦gimen fiscal pactado por Madrid y Canarias, que est¨¢ pendiente de su aprobaci¨®n en las Cortes, establece dos figuras impositivas. Por una parte, el impuesto general indirecto (IGIC), que aglutina al anterior arbitrio sobre el lujo y el impuesto de tr¨¢fico de empresas y, por otra, el arbitrio de la producci¨®n e importaci¨®n (APIM), que sustituye al arbitrio de entrada de mercanc¨ªas.El APIM, cuyos tipos impositivos son del 0,1% al 5%, podr¨ªa recrestarse hasta el 10%, seg¨²n el deseo de los industriales, para reemplazar a la tarifa especial (que se aplica a cartones, papel, vidrio, pl¨¢sticos, ron, etc¨¦tera, y que est¨¢ pr¨®xima a desaparecer por imperativos de la CE.

De manera que Canarias, a juicio de los sectores mayoritarios, se introduce con pleno derecho en la Comunidad Europea como un factor innovador. El detonante es la insularidad, para la que se crea el Poseicam. Estas islas est¨¢n contempladas por la Comunidad Europea, como una regi¨®n objetivo 1, por su d¨¦bil desarrollo, que le hace part¨ªcipe de las ayudas estructurales.

La larga cambiada se produjo tras un sonado conflicto entre la comunidad aut¨®noma y la Administraci¨®n central ante la CE. Fue a finales de 1988 cuando el presidente del Gobierno canario, el centrista Lorenzo Olarte, anunci¨® la decisi¨®n de suspender el desarme arancelario al que obligaba la CE.

Mal gusto

El descreste consist¨ªa en reducir cada a?o porcentualmente el arbitrio de entrada a las mercanc¨ªas procedentes de la Comunidad. La medida, de muy mal gusto para los Doce, ten¨ªa una carga de profundidad, ya que fue un arma de presi¨®n del Gobierno aut¨®nomo para que Madrid se decidiera a compensar a los cabildos insulares (que depend¨ªan de la recaudaci¨®n) por la disminuci¨®n del impuesto.

Para m¨¢s inri Espa?a estrenaba en aquel momento la presidencia de la CE y hac¨ªa ' por tanto, un terrible feo en su deb¨² al estar incumpliendo una normativa comunitaria. Hubo vista gorda en Bruselas, y Madrid acab¨® pagando 12.000 millones de pesetas a los cabildos para que cesara la guerra de los arbitrios.

Como no hay mal que por bien no venga, el secretario de Estado de Hacienda, Jos¨¦ Borrell, eficaz apaciguador en aquella tarascada fiscal, aprovech¨® para convencer a las autoridades insulares de la conveniencia de modernizar el sistema de arbitrios para adaptarlo a las estructuras impositivas comunitarias. A toda prisa se ha articulado el nuevo REF, que est¨¢ a punto de ser debatido en las Cortes.