A cara de perro
La direcci¨®n de Renfe y los sindicatos se enfrentan el d¨ªa 30 en tres 'campos de batalla'
El pr¨®ximo 30 de enero es el gran d¨ªa en Renfe. Empresa y sindicatos se van a ver las caras en tres frentes de batalla. Por un lado, un juicio en la Audiencia Nacional sobre los derechos sindicales pactados entre la empresa y los trabajadores en 1986. Por el otro, tambi¨¦n est¨¢n emplazados a un encuentro en los juzgados. En este caso se decidir¨¢ cu¨¢l es la plantilla legal de Renfe, si 53.000 trabajadores, como dice el comit¨¦, o casi 50.000, como defiende la direcci¨®n. Y en tercer lugar, se re¨²ne la comisi¨®n negociadora para tratar la plataforma reivindicativa de la negociaci¨®n colectiva en Renfe en 1991.
El primer problema, el de los derechos sind¨ªcales pactados, surge tras una compleja mara?a de acuerdos, demandas y desacuerdos. Por orden cronol¨®gico los hechos se iniciaron en octubre de 1986 cuando la empresa pidi¨® a los sindicatos que acomodasen su organizaci¨®n al nuevo organigrama de gesti¨®n por lo que deb¨ªan reducir el n¨²mero de comit¨¦s de empresa de 147 a 51, al reducirse las unidades de gesti¨®n de la empresa. Por esta raz¨®n, el n¨²mero de delegados ca¨ªa a unos 700, de los casi 2.000 existentes.Para paliar estas reducciones, la empresa pact¨® dar una compensaci¨®n a los sindicatos aumentando en 80 el n¨²mero de sindicalistas liberados y dando una cantidad de dinero para desplazamientos y dietas, entre otras medidas. Lo que los sindicatos recibieron a cambio no representaba ni el 30% de lo que perd¨ªan s¨®lo en horas sindicales, seg¨²n Manuel Fern¨¢ndez, secretario general de los ferroviarios de CC 00. "Hicimos un mal negocio", dice.
Pero el acuerdo s¨®lo inclu¨ªa a los sindicatos que contaban con un 10% de representaci¨®n en el sector, por lo que la Confederaci¨®n General de Trabajadores (antigua CNT) recurri¨® a los tribunales. La Audiencia Nacional, en el oto?o de 1989, declara nulos los acuerdos de 1986 y establece en un 5% el porcentaje m¨ªnimo de representatividad para tener derecho a beneficios sindicales. Centrales y empresas volvieron a negociar unos acuerdos para no incurrir en "vicios de nulidad", sin llegar a ninguna conclusi¨®n. Mientras tanto se sigui¨® aplicando lo pactado en 1986.
El 11 de octubre comienza el proceso electoral en Renfe y, el 26 del mismo mes, la compa?¨ªa denuncia los acuerdos de 1986. Esto llevo consigo que tampoco reconociera el comit¨¦ general de empresa resultante de las pasadas elecciones en las que gan¨® CC OO, ya que surgi¨® en base a los acuerdos de 1986, que la direcci¨®n no admite como v¨¢lidos.
El 30 de octubre, Renfe present¨® 17 demandas en los juzgados de lo social de otras tantas provincias bas¨¢ndose en que en ellas se hab¨ªan elegido m¨¢s delegados de lo que dice la ley. El proceso de votaci¨®n se hab¨ªa realizado conforme al pacto del 86 que preve un n¨²mero mayor de delegados a los que establece el Estatuto de los Trabajadores y la ley de Ordenaci¨®n Sindical en las provincias en las que la compania tenga m¨¢s de 1.000 trabajadores. En el caso de la demanda de Asturias, el juez decidi¨® sancionar a Renfe con una multa de 100.000 pesetas por temeridad y enga?ar al magistrado, y en otras tres provincias se desestim¨® la demanda.
Un problema de fondo
Ante esto, Renfe decidi¨® "desistir de acciones a nivel provinciaV, seg¨²n Jos¨¦ Luis Adell, director de recursos humanos de Renfe, y el 20 de noviembre present¨® conflicto colectivo en la sala de lo social de la Audiencia Nacional "porque el asunto tiene un problema de fondo, los sindicatos se amparan en unos pactos que para nosotros no existen", a?ade.En contrapartida, el sindicato ferroviario de CC OO de Renfe denuncia a la empresa ante la Audiencia Nacional "en demanda de que sean respetados los derechos sindicales acordados con la representaci¨®n sindical".
Con todo, una vez que se conozca la sentencia, la direcci¨®n de la empresa "se reserva las exigencias de responsabilidades" al juez de Oviedo "que consider¨® que ¨¦ramos temerarios por haber provocado un juicio innecesario" , dice Adell, y a?ade que analizar¨¢n el da?o provocado por la sentencia de Asturias "a la imagen p¨²blica de la empresa" y actuar¨¢n en consecuencia.
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