Torturas modernas

LA CONDENA impuesta a dos polic¨ªas declarados por el tribunal responsables de torturar a un detenido en la comisar¨ªa de Parla (Madrid) pone una vez m¨¢s de manifiesto la regulaci¨®n de un delito con el que el Estado democr¨¢tico trata de defender la dignidad de sus ciudadanos contra una lacra que hunde sus ra¨ªces en el medieval tormento -instrumento legal de aquella justicia, pero que no acaba de erradicarse en las sociedades civilizadas. Los dos polic¨ªas que durante el interrogatorio de un detenido le propinaron "pu?etazos en distintas partes del cuerpo; entre otras, est¨®mago y espalda", y le amenazaron con la modalidad de tortura conocida como la mesa, seg¨²n declara probado la sentencia, han sido condenados cada uno a un a?o de suspensi¨®n.A las dificultades probatorias se?aladas en este caso por el tribunal respecto a un delito que ya por naturaleza se comete en secreto hay que a?adir su deficiente tipificaci¨®n legal y su escasa penalizaci¨®n. Excepto cuando se produce la muerte del torturado, las lesiones son inequ¨ªvocas o las secuelas perdurables, este delito suele saldarse con algunos a?os de suspensi¨®n y acaso con unos meses de c¨¢rcel.

La liviana penalizaci¨®n de la tortura incumple el art¨ªculo 4 de la Convenci¨®n de las Naciones Unidas contra la Tortura de 10 de diciembre de 1984, ratificada por Espa?a en noviembre de 1987. La realidad ha demostrado que no es suficiente la reforma introducida en el C¨®digo Penal en 1989, demasiado vinculada al resultado producido m¨¢s que a los "dolores o sufrimientos graves, ya sean f¨ªsicos o mentales", a los que se refiere la Convenci¨®n citada.

La elaboraci¨®n de un nuevo C¨®digo Penal es, sin duda, la ocasi¨®n para adaptar la tipificaci¨®n de este delito a su gravedad real. en una sociedad democr¨¢tica. Al mismo tiempo deber¨¢ eliminarse la confusi¨®n introducida en la reforma de 1989, que emple¨® el t¨¦rmino tortura para las lesiones producidas por un particular, cuando el ¨²nico autor del delito de tortura, como deja meridianamente clara la Convenci¨®n de la ONU, es el funcionario p¨²blico o quien ejerza funciones p¨²blicas.

Junto a la modernizaci¨®n del precepto, ser¨ªa conveniente un rearme social e institucional frente a la tortura. Los m¨¦dicos de las comisar¨ªas, c¨¢rceles y centros sanitarios de urgencia tienen una gran responsabilidad en la erradicaci¨®n de este delito. Por su parte, los fiscales, cuyo estatuto prev¨¦ que cuando se encuentran de guardia visiten a los detenidos en las comisar¨ªas, deber¨ªan convertir esta obligaci¨®n en pr¨¢ctica habitual y conocer que, de no hacerlo as¨ª, se les exigir¨¢n responsabilidades. Tambi¨¦n la Administraci¨®n deber¨ªa mostrarse m¨¢s diligente en la depuraci¨®n de este tipo de conductas, que son la negaci¨®n misma de las funciones que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen encomendadas en el seno de la sociedad.

Porque, aunque es cierto que ha mejorado notablemente el trato dispensado a los detenidos, tambi¨¦n lo es que los viejos y rudos procedimientos de tortura han dado paso a otros m¨¢s cient¨ªficos o adaptados a las nuevas formas de delincuencia. As¨ª ocurre con un tipo de tortura psicol¨®gica muy dif¨ªcil de demostrar: la que puede infligirse a los detenidos heroin¨®manos simplemente al retrasar el aviso a un abogado y dejarles durante unas horas con el mono. Poner remedio a su mal cuando el s¨ªndrome de abstinencia les derrumba puede tener un precio: que el detenido declare. Torturas limpias como ¨¦sta muestran que la lacra se moderniza mucho m¨¢s que los procedimientos para erradicarla.