La CE quiere imponer a Espa?a la supresi¨®n de la letra e?e en los ordenadores
El Ministerio de Industria promete oponerse tras la dura reacci¨®n de los medios culturales
La Comunidad Europea exige a Espa?a la anulaci¨®n de tres reales decretos en los que se exige que las impresoras, teclados y pantallas de ordenador que se comercialicen en Espa?a tengan la letra e?e. El Ministerio de Industria, que ha negociado el tema con la CE, est¨¢ de acuerdo en suprimir este "obst¨¢culo a la libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas", contrario al Tratado de la CE, pero los ministerios de Cultura y Sanidad y Consumo buscan f¨®rmulas alternativas para asegurar la defensa del idioma en su integridad y proteger los intereses del usuario. Industria comunic¨® el pasado lunes a Cultura la exigencia comunitaria y este ministerio ha comenzado a movilizarse contra la medida. [El Ministerio de Industria reaccion¨® cuando se comenz¨® a ver el alcance de la protesta en la cultura espa?ola. Un portavoz asegur¨® ayer que el tema viene de hace meses y aunque es dif¨ªcil mantener la e?e, "vamos a defender la permanencia de la e?e hasta el final, como gato panza arriba incluso, aunque haya que llegar a los tribunales comunitarios".]
La letra e?e se ha convertido desde hace tres a?os en un problema de Gobierno, pero la historia de este conflicto es tan vieja como la pertenencia de Espa?a a la CE. Los tres reales decretos (1.250, 1.251 y 2.297) denunciados por la Comisi¨®n Europea forman parte de la larga bater¨ªa de normas defensivas que Espa?a introdujo a lo largo de 1985 para frenar en parte la invasi¨®n de productos comunitarios que se produjo desde el ingreso en la Comunidad, el 1 de enero de 1986.
Fue Joan Maj¨®, entonces ministro de Industria, el que introdujo en tres reales decretos sobre normas de seguridad de los equipos inform¨¢ticos la obligatoriedad de que ¨¦stos incluyeran la letra e?e. La especificaci¨®n t¨¦cnica iba dirigida a proteger la producci¨®n nacional y a la defensa de la lengua espa?ola.
Ninguno de los dos objetivos se ha conseguido, seg¨²n manifestaron ayer fuentes de la Direcci¨®n General de Electr¨®nica. "No existe producci¨®n espa?ola de estos equipos inform¨¢ticos, y la gran mayor¨ªa de los teclados de ordenador e impresoras vendidos en nuestro pa¨ªs carecen de la letra e?e". Esta circunstancia ha permitido que la Comisi¨®n Europea haya prolongado las negociaciones.
Primeras protestas
Las primeras protestas de la Comunidad Europea surgieron por el retraso de Espa?a en la transposici¨®n al derecho nacional de la directiva comunitaria de 1973 sobre las normas de seguridad de los equipos de inform¨¢tica. Ante las presiones de Bruselas, el Gobierno aprob¨® en 1988 un decreto en este sentido.
Sin embargo, el 4 de julio de 1989, la Comisi¨®n Europea envi¨® una queja oficial por la vigenc¨ªa paralela de 13 decretos y numerosas ¨®rdenes ministeriales que manten¨ªan obst¨¢culos al principio sagrado de la libre competencia.
Los art¨ªculos 30 a 36 del Tratado de Roma garantizan que un producto legalmente fabricado en un pa¨ªs comunitario pueda ser comercializado en el resto.
El decreto 1.505, aprobado el pasado a?o, intent¨® zanjar el conflicto, pero entonces Joaqu¨ªn Almunia, ministro de Administraciones P¨²blicas, se opuso a que se derogaran los tres reales decretos de 1985.
Las negociaciones de representantes del Gobierno con la CE a causa de las trabas comerciales que a¨²n mantiene Espa?a concluyeron el pasado mes de febrero con el compromiso de suprimir "lo antes posible" esos obst¨¢culos. Para la Comunidad no es de recibo que una norma industrial se pueda utilizar para frenar la importaci¨®n de un producto bas¨¢ndose en criterios culturales.
Hace unos d¨ªas, una carta oficial del Ministerio de Administraciones P¨²blicas a Industria daba cuenta de que este departamento abandonaba su oposici¨®n al tema y trasladaba las posibles soluciones al conflicto a Cultura y Consumo. La posibilidad que baraja Espa?a es una norma que favorezca la inclusi¨®n de la letra e?e en los teclados de ordenador como protecci¨®n de los intereses del consumidor final. El problema es que si se convierte en una exigencia de car¨¢cter obligatorio se sancionar¨ªa nuevamente de .hecho el "obst¨¢culo a la libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas", que prohibe la CE.
Por otra parte, el Ministerio de Industria ha estudiado, a trav¨¦s del subdirector general de Tecnolog¨ªa de la Informaci¨®n de las Comunicaciones, Manuel L¨¢zaro, la unificaci¨®n de un software para ser utilizado en todos los pa¨ªses de la Comunidad.
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