La soluci¨®n del Gobierno a la e?e puede chocar de nuevo con las normas de la CE

La soluci¨®n del Gobierno espa?ol al conflicto de la e?e puede tener dificultades en la CE. El Ministerio de Industria permitir¨¢ que se vendan en Espa?a ordenadores sin esa letra, y una nueva norma de Sanidad y Consumo har¨¢ que s¨®lo puedan comprarse con la e?e. El problema es consecuencia de la unidad de mercado de la CE, seg¨²n afirmaron ayer fuentes comunitarias. La Comunidad carece de pol¨ªtica cultural com¨²n: los Doce se oponen a ello, incluso como proyecto, seg¨²n acuerdo de los ministros de Cultura del 29 de enero. Para la Comunidad, las mercanc¨ªas tienen derechos que no son reconocidos a la lengua.

La soluci¨®n adoptada por el Gobierno espa?ol al conflicto de la e?e -derogaci¨®n de la legislaci¨®n que hoy obliga a que la letra figure en los teclados de los ordenadores vendidos en Espa?a y, al tiempo, emisi¨®n de una nueva norma que exija la e?e como requisito para la venta- puede encontrar dificultades en la CE. Fuentes de la Direcci¨®n General de Mercado Interior y Asuntos Industriales de la CE -precisamente la que desencaden¨® la acci¨®n contra Espa?a porque la obligatoriedad de la e?e constituye un obst¨¢culo comercial- afirmaron que la nueva norma no puede aportar distorsiones a la libre competencia.Las empresas que exportan equipos a Espa?a podr¨ªan presentar nuevas quejas si, una vez importados, los equipos no pueden ser vendidos en condiciones de igualdad.Traba

"La Comunidad Europea no act¨²a contra la integridad del idioma espa?ol", afirmaron ayer fuentes de la Comisi¨®n Europea. La queja contra Espa?a se basa en la vigencia de tres reales decretos sobre seguridad de los equipos inform¨¢ticos, que exigen que ordenadores e impresoras comercializados en Espa?a tengan la letra e?e, lo cual "es una traba a la libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas".

Ning¨²n pa¨ªs comunitario puede rechazar la importaci¨®n de un producto legalmente comercializado en otro Estado miembro exportador por el ¨²nico motivo de que no responde a las reglamentaciones t¨¦cnicas o comerciales del pa¨ªs importador.

Esta orientaci¨®n fue formulada por la Comisi¨®n Europea a todos los Estados miembros en un escrito enviado en 1980, a ra¨ªz de la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la CE en la c¨¦lebre sentencia Cassis de Dijon y Gilli, que sancion¨® el derecho de un licor franc¨¦s a ser exportado libremente.El pasado febrero, seg¨²n fuentes del Gobierno, la Comisi¨®n Europea amenaz¨® a Espa?a con la apertura de un procedimiento si antes del 15 de abril no eran derogados los tres reales decretos de 1985.

El plazo se ha visto prorrogado, entre otras razones, porque los suministradores (japoneses, estadounidenses y alg¨²n fabricante europeo) han continuado vendiendo sin problemas.

El propio Ministerio de Industria admite que los decretos se han incumplido, y reconoce que "la gran mayor¨ªa de los ordenadores comercializados en Espa?a no tienen la letra e?e".

Sin embargo, seg¨²n Antonio Mu?oz, consejero de la Direcci¨®n General de Electr¨®nica, "es un contrasentido que unas normas t¨¦cnicas incluyan un art¨ªculo sobre la defensa del espa?ol que no tiene nada que ver con la seguridad de los equipos". Industria tiene preparado un proyecto para anular los decretos contestados por la CE.

Al Gobierno espa?ol, seg¨²n otras fuentes, "sacar un decreto o una ley de defensa del castellano le plantea un problema pol¨ªtico, porque es reconocer que el idioma est¨¢ agredido". Por eso se ha elegido una norma dirigida a salvaguardar el inter¨¦s de los consumidores. La importaci¨®n de ordenadores e impresoras sin e?e ser¨¢ permitida, pero no su comercializaci¨®n al usuario final.

El art¨ªculo 36 del Tratado de Roma sobre la libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas autoriza excepciones a la prohibici¨®n de medidas nacionales protectoras, pero no menciona la competencia leal ni la protecci¨®n de los consumidores.

No obstante, la jurisprudencia del Tribunal de la CE considera que esos dos principios son susceptibles de aplicaci¨®n a partir de "la ley de raz¨®n". Esta interpretaci¨®n es la que da pie al Gobierno para intentar amparar la integridad del alfabeto en un nuevo decreto que nada tenga que ver con las normas de seguridad y certificaci¨®n de productos industriales. Lo que parece claro es que los tres reales decretos encausados por la Comisi¨®n Europea tienen que ser anulados.

Ello no eliminar¨¢ el fondo del conflicto, afirman expertos en inform¨¢tica consultados. En realidad, conseguir que un teclado concebido sin la e?e escriba esa letra es muy sencillo.

Pero el programa continuar¨¢ trat¨¢ndola como un elemento extra?o, y no permitir¨¢ abrir un archivo con un nombre que contenga esa letra ni ejecutar una orden b¨¢sica.