Mover una rayita vale millones

Una trama desaparece en un plano y un funcionario y sus socios ganan 200 millones de pesetas en la compraventa de un inmueble. Un promotor dona 100 millones a un ,Ayuntamiento por ampliar el suelo urbano. La empresa de un concejal de Urbanismo construye en zona verde y otro edil elimina una calle y amplia un hotel de su propiedad. Son ejemplos recogidos en lugares concretos- de las ilegalidades que se producen en Espa?a, que habitualmente no se castigan y que constituyen s¨®lo la punta del iceberg de las irregularidades que rodean la planificaci¨®n urban¨ªstica. Pol¨ªticos y cargos p¨²blicos que son, a la vez, constructores o promotores figuran como moneda com¨²n en los ayuntamientos espa?oles, especialmente en los de zonas tur¨ªsticas costeras, donde mover una rayita en un plano puede reportar millones de beneficio.

La localidad costera de Calpe, en la comarca alicantina de La Marina, ten¨ªa hasta hace poco el famoso pe?¨®n de Ifach como principal signo externo. Pero la especulaci¨®n y la construcci¨®n generadas por la demanda tur¨ªstica en este pueblo de poco m¨¢s de 10.000 habitantes han acabado con la exclusiva de esa enorme piedra que, desde el borde del mar, arroja su sombra sobre Calpe. Miles de construcciones emprendidas en la localidad al amparo del estallido del turismo han generado una sombra mucho mayor, que rebasa la primera acepci¨®n de la palabra en el diccionario: es tambi¨¦n la sombra de la duda, alimentada por varios esc¨¢ndalos relacionados con el urbanismo y la construcci¨®n en Calpe.Muchos de los esc¨¢ndalos que han salido a la luz en Espa?a se relacionan con el planeamiento urban¨ªstico. Las recalificaciones y los cambios de uso de suelos est¨¢n muchas veces en el origen de grandes negocios que a menudo rozan la ilegalidad. La presi¨®n de los agentes que intervienen resulta determinante. Pero esta presi¨®n, que es l¨ªcita -siempre que no suponga una transgresi¨®n de la ley- cuando la ejercen los promotores, los constructores y los propietarios, afecta a los pol¨ªticos.

El caso Naseiro, el caso Calpe, el caso de la construcci¨®n (en Burgos), entre muchos otros, son buenos ejemplos de ello. Los pol¨ªticos y los funcionarios tambi¨¦n tienen intereses, propios o del partido. Y a veces act¨²an para defenderlos. No es casualidad que al menos 10 de los concejales elegidos en Calpe (Alicante) en 1987 tengan intereses relacionados con el planeamiento urban¨ªstico o est¨¦n vinculados familiar c¨ª laboralmente a otros concejales que los poseen. Y adem¨¢s sin que la militancia en partidos distintos constituya obst¨¢culo alguno para ello.Ayuntamientos soberanosPara Gerardo Roger, urbanista que "accidentalmente" est¨¢ al frente de la Direcci¨®n General de Urbanismo de la Generalitat valenciana, "seguramente en el urbanismo existen irregularidades como en cualquier otro campo en el que las inversiones desempe?an un papel importante". Este t¨¦cnico insiste en que la responsabilidad radica en los ayuntamientos. "Las comunidades aut¨®nomas s¨®lo tienen competencias de forma subsidiaria; los que act¨²an son los ayuntamientos, que son soberanos", se?ala. "No podemos tener una pol¨ªtica de polic¨ªa urban¨ªstica; lo m¨¢s que podemos hacer es poner las cosas en conocimiento de los tribunales ordinarios".

A los tribunales lleg¨® el caso Calpe. Durante la redacci¨®n del plan general cambi¨® la calificaci¨®n de la zona de las Salinas, 740.000 metros cuadrados ocupados en su tercera parte por las salinas propiamente dichas, que de ¨¢rea protegida pasaban a zona verde. As¨ª, la volumetr¨ªa que correspond¨ªa a la zona de salinas se aplicaba a los terrenos edificables de sus alrededores, incluidos en el mismo plan parcial, en los que resultaba una edificabilidad de hasta 6,8 metros cuadrados por cada metro de suelo, lo que habr¨ªa convertido la zona en un enjambre de rascacielos.

En noviembre de 1989, el empresario Javier Garc¨ªa denunci¨® ante la Direcci¨®n General de Urbanismo que dos funcionarios de ese departamento le hab¨ªan pedido 300 millones de pesetas a cambio de la recalificaci¨®n de las Salinas. El asunto fue puesto en manos de la justicia y termin¨® el pasado marzo con condenas por cohecho a los cuatro implicados. Pero los 300 millones eran el chocolate del loro frente al enorme beneficio econ¨®mico que habr¨ªa generado la operaci¨®n. El caso Calpe constituye un claro ejemplo de la presi¨®n que ejercen los diversos agentes que intervienen en el planeamiento urban¨ªstico.

Una presi¨®n que se ve favorecida por la lentitud de los procedimientos de planeamiento establecidos por la Ley del Suelo. Para Gerardo Roger, esa lentitud choca con la agilidad de los procesos econ¨®micos. Ello, unido a la escasa capacidad de gesti¨®n de muchos ayuntamientos, peque?os pero sometidos a fuertes procesos de: especulaci¨®n, "explica que en muchos casos las actuaciones urban¨ªsticas vayan por delante del planeamiento".Ley del suelo

Para el arquitecto Justo Ram¨ªrez, especializado en sociolog¨ªa urban¨ªstica, "el planeamiento se lo creen muy pocos ayuntamientos", que incluso conceden licencias para proyectos viiados en rojo (rechazados) por los colegios de arquitectos por ser contrarios a esas normas. Este urbanista explica su visi¨®n del problema de una manera muy gr¨¢fica: "No hay paredes en las que apoyarse; est¨¢sen medio de la mierda y no tienes escapatoria, tienes que aguantar".

Para Ram¨ªrez, mientras no se aplique a fondo la reforma de la Ley del Suelo, aprobada el pasado a?o, no se acabar¨¢ el problema de la loter¨ªa por la que propietarios de terrenos id¨¦nticos pueden ganar o perder en funci¨®n de la rayita. La nueva normativa pretende eliminar esa loter¨ªa para compensar al que resulte perjudicado con las recalificaciones urban¨ªsticas y reducir el margen del beneficiado. Pero este arquitecto denuncia el frecuente recurso a los estudios de detalle (revisiones posteriores m¨¢s concretas) para soslayar las limitaciones que establecen los planes urban¨ªsticos. Un recurso que, en definitiva, favorece la defensa de intereses particulares y perpet¨²a la loter¨ªa.