La urgencia de un cambio

Considera la articulista que toda sombra de sospecha sobre irregularidades en el proceso electoral sindical repercute negativamente en el conjunto de la sociedad. Es necesaria la reforma de las normas electorales, de com¨²n acuerdo con las partes implicadas, para una racionalizaci¨®n del proceso.

Lo peor que le puede ocurrir a los sindicatos es pensar que el problema de las elecciones sindicales es s¨®lo suyo y no afecta a la sociedad; pues bien, ese riesgo de desengancharse de la sociedad es el que los sindicatos espa?oles. corren cada vez que se convocan las elecciones sindicales. Realmente no es culpa suya, pero el riesgo comienza cuando surge la pregunta, ?para qu¨¦ valen las elecciones sindicales? Hace seis meses que finalizaron y a¨²n se desconocen los resultados oficiales; es m¨¢s, parece que hay un cierto estancamiento en el recuento de actas. Todo indica que este a?o ser¨¢ igual que en las ocasiones anteriores y que, en correspondencia, se puede llegar a formular la teor¨ªa de que las elecciones sindicales se caracterizan, sobre todo, por la sospecha de fraude.No es necesario recordar el clima de crispaci¨®n de las ¨²ltimas: se abrieron con el problema de los preavisos, continuaron con las mutuas acusaciones y descalificaciones, y se est¨¢n alargando por la desconfianza respecto a los resultados. Es la trayectoria que se ha seguido desde 1982, irrespetuosa con los trabajadores y peligrosa para la credibilidad de los sindicatos. Convengamos que una permanente sombra de fraude no es el mejor soporte para construir una buena imagen de las centrales, si adem¨¢s se une la apariencia de chapuza que, a veces, ofrece este proceso electoral.

Para quienes creemos en el capital democr¨¢tico que representan unos sindicatos fuertes, mantener la situaci¨®n tal y como est¨¢ ahora es condenar al mundo sindical espa?ol a una p¨¦rdida de prestigio que acabar¨ªa repercutiendo contra la propia sociedad. Ahora bien, una sociedad a la que se acusa con raz¨®n de invertebrada no puede permitirse el lujo de desaprovechar a los sindicatos como piezas clave para su vertebraci¨®n. Una sociedad a la que se considera propensa a la inestabilidad deber¨ªa reconocer por los hechos que los sindicatos constituyen uno de los pilares de la estabilidad democr¨¢tica. Quiere decir que algo est¨¢ fallando en el sistema.

Responsabilidad y decisi¨®n

A la sociedad le interesa una clarificaci¨®n y la garant¨ªa de que no se va a repetir m¨¢s lo que se ha convertido en un trauma democr¨¢tico. Y es que las elecciones sindicales no son un mero tr¨¢mite, sino una de las m¨¢s efectivas f¨®rmulas de la participaci¨®n de los trabajadores en la vida p¨²blica. En primer lugar, porque la credencial de m¨¢s representativo otorga a los sindicatos un puesto de responsabilidad y decisi¨®n en los distintos organismos p¨²blicos. El voto en las elecciones sindicales es un voto complejo por su proyecci¨®n: ciertamente se vota a un delegado en una empresa, pero ese delegado es una cuota del poder sindical para ocupar un lugar en organismos p¨²blicos. A los ciudadanos les interesa saber, por tanto, qui¨¦n ejerce el control en esos organismos...

En segundo lugar, los resultados electorales merecen la atenci¨®n de los espa?oles porque la representatividad en organismos p¨²blicos se financia con el dinero de los contribuyentes, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado. No es necesario reconocer la importancia que tiene la transparencia en este proceso a la hora de evitar equ¨ªvocos, sospechas o reticencias.

En tercer lugar, si se habla de pactos de competitividad, del reto de 1993, de estrategia frente al paro, de un tratamiento legal de la huelga que elude los flecos corporativistas, de la dignificaci¨®n y eficacia de la formaci¨®n profesional y de todos los problemas que afectan tanto a los trabajadores como a la modernidad del pa¨ªs, quiere decir que todo esto no se puede hacer desde una posici¨®n de debilidad. La credibilidad en unos sindicatos fuertes y verdaderamente representativos, es decir, libres de toda sospecha, representa, a mi juicio, un salto cualitativo en su integraci¨®n en la sociedad.

?Le interesa al Gobierno socialista llegar hasta el fondo? ?Qu¨¦ es lo m¨¢s importante, conocer los resultados con cifras depuradas, aclarar las sospechas de fraude, o ir a la ra¨ªz del problema que, a mi juicio, se centra en una normativa inadecuada para un proceso electoral de la envergadura del espa?ol? Hay que acabar con las dudas a todos los niveles, pero nada se adelantar¨¢ si no se ataca radicalmente el problema.

Cambio de las normas

Cuando una normativa es deficiente, por buena intenci¨®n que hubiera al promulgarla, puede llevar al desastre sin querer; nadie -creo- busc¨® propiciar el fraude en el caso del PER (Plan de Empleo Rural), y ah¨ª est¨¢n las consecuencias. El cambio de las normas electorales es ya una reivindicaci¨®n de las mismas centrales; tanto a ¨¦stas como a la opini¨®n p¨²blica les repugna que -como en 1986- se conozcan en junio los resultados de unas elecciones celebradas el a?o anterior. Este absurdo no afecta a nivel de empresa, donde el reconocimiento de los resultados por parte del empresario normaliza autom¨¢ticamente la situaci¨®n; es en relaci¨®n a la representatividad p¨²blica donde la norma actual pervierte el proceso. Si el mal se conoce por experiencia, ?por qu¨¦ no se corrige? No es comprensible la actitud del Ministerio de Trabajo. Si el Gobierno socialista no est¨¢ atento al problema, bien porque no le interese, bien porque no se identifique con ¨¦l, no le debe extra?ar que alg¨²n sindicalista, por sentirse impotente o agredido, aporte soluciones incongruentes con la pr¨¢ctica sindical de nuestro pa¨ªs.

Un cambio en la normativa actual es urgente, pero, al mismo tiempo, ha de ser racional. Ambos requisitos exigen el consenso de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo para transmitir una confianza que supere las mutuas descalificaciones. De una mala normativa, cuyo ¨²nico responsable es el Gobierno socialista, ha de pasarse a una norma consensuada que garantice la transparencia electoral y genere credibilidad en la sociedad. Para el bien de todos.

C. V. Talero es diputada del PP.