Un fracaso cantado

La convocatoria realizada por el ministro Solchaga, en nombre del Gobierno, para negociar un acuerdo sobre el pacto social de progreso ha culminado con un rotundo fracaso. Poco antes hab¨ªa fracasado tambi¨¦n el intento de que la oposici¨®n respaldara en el Parlamento el contenido de dicha propuesta. Entretanto, hemos tenido noticia del estrepitoso fracaso en el que est¨¢n desembocando las previsiones presupuestarias de 1991.Naturalmente, los culpables han sido, como siempre, r¨¢pidamente identificados: los sindicatos cerriles, la oposici¨®n conspirativa, las pensiones asistenciales que todav¨ªa no se han empezado a pagar, los subsidios del desempleo que genera este nefasto y rotatorio mercado de trabajo. Incluso alg¨²n que otro nuevo ministro corre el riesgo de verse culpabilizado con efecto retroactivo. En fin, cualquiera de ellos (sindicatos, oposici¨®n, pensionistas, parados, alg¨²n ministro) o todos ellos juntos deber¨¢n asumir esta sucesi¨®n de fracasos. ?O no?, ?o quiz¨¢ el Gobierno y su ministro de Econom¨ªa tengan alguna responsabilidad?

En cuanto al plan de Solchaga, su fracaso hab¨ªa sido pronosticado con antelaci¨®n por muchos de los expertos que siguen las cuestiones relacionadas con la concertaci¨®n.

?Cu¨¢les han sido las razones de este fracaso? En primer lugar, la inexistencia de un periodo exploratorio previo al inicio del proceso. El intento de recabar de manera informal la opini¨®n de los sindicatos, por ejemplo, s¨®lo se inicia despu¨¦s de ser aprobados por el Gobierno los contenidos de la propuesta y tras remitirla al Parlamento. Dentro, por tanto, de una estrategia unilateral totalmente dise?ada y con el proceso en marcha.

Dificultades para pactar

Tal requisito exploratorio, no s¨®lo hubiera sido una elemental medida de prudencia ante la envergadura del tema -adem¨¢s de muestra exigible de respeto hacia los convocados a pactar-, sino formalidad obligatoria para no exponerse a un fracaso dadas las dificultades que entra?aba reeditar este tipo de pactos, por varias causas.

a) El n¨ªtido rechazo que desde 1986 vienen manifestando las organizaciones sindicales a una macroconcertaci¨®n tripartita y a la negociaci¨®n centralizada de los salarios.

Pese a ello, el Gobierno ha mantenido viva una especie de obsesi¨®n patol¨®gica por forzar la reedici¨®n de acuerdos tripartitos y de obligar a los sindicatos a sentarse a negociar, a acordar las cuentas del reino o, en su defecto, a que paguen un precio y expliquen al pueblo espa?ol las razones de su rechazo. Los lectores podr¨¢n identificar f¨¢cilmente este lenguaje.

Tal empecinamiento estuvo en el origen de la huelga del 14D y lleva bloqueando la normalizaci¨®n y el avance de las relaciones laborales en este pa¨ªs en los ¨²ltimos cinco a?os.

Lo sorprendente es que haya sido Carlos Solchaga, que fue precisamente quien, con los acuerdos firmados en 1990, cambi¨® esta idea Fija (logrando establecer por primera vez en varios a?os una cierta sinton¨ªa -entre sindicatos y Gobierno- y que por ello se hab¨ªa convertido, de hecho, en el ¨²nico interlocutor del Gobierno con las centrales a partir de 1988), quien ahora haya vuelto a desenterrar el viejo procedimiento, dilapidando de esta forma en pocos d¨ªas el capital pol¨ªtico que hab¨ªa acumulado entonces. Lo que logr¨® con la PSP -Propuesta Sindical Prioritaria- lo ha malgastado con el PSP -Pacto Social de Progreso-

b) La inexistencia de este tipo de acuerdos en otros pa¨ªses industrial izados. Ausencia que viene dada por la gran dificultad de pactar una pol¨ªtica global de rentas y precios, por la escasa eficacia demostrada en el control de beneficios y precios all¨¢ donde esa pol¨ªtica se practic¨® hace varias d¨¦cadas y porque, siendo responsabilidad de cada Gobierno la pol¨ªtica econ¨®mica, resulta impensable m¨¢s all¨¢ de nuestras fronteras -salvo en situaciones de salvaci¨®n nacional- el compromiso de empresarios y sindicatos, mancomunadamente, en la misma.

c) El declive del inter¨¦s de las grandes empresas y tambi¨¦n de los sindicatos por la concertaci¨®n centralizada en beneficio de la microconcertaci¨®n en la empresa, dirigida a lograr el mayor consenso posible en la gesti¨®n del cambio tecnol¨®gico y productivo, como ha se?alado, entre otros, el profesor Regini.

En conclusi¨®n, tal conjunto de antecedentes demandaban, sin duda, un trabajo exploratorio para comprobar las posibilidades de acuerdo, tarea que nunca se realiz¨®. Por el contrario, se escogi¨® la ya cl¨¢sica v¨ªa del acoso y la amenaza. El acoso a trav¨¦s del Parlamento y la amenaza repetida de que, o se avienen los sindicatos, o les echamos la culpa de todo.

A esta estrategia, sin embargo, le fall¨® la pieza principal: el apoyo expl¨ªcito o impl¨ªcito del Parlamento. Descartado el primero a ra¨ªz de las declaraciones de los portavoces de Izquierda Unida y del Partido Popular, se intent¨® que la propuesta de pacto pasara de puntillas por los salones de la Carrera de San Jer¨®nimo al objeto de evitar que quedara constancia de las diferencias que, ante el contenido del pacto, manten¨ªan los principales partidos de la oposici¨®n.

La principal arma estrat¨¦gica, la de utilizar el Parlamento como instrumento de coacci¨®n moral y presi¨®n hacia los sindicatos, le estall¨® a Solchaga entre las manos.

Escaso rigor

Este resultado era previsible y l¨®gico, por mucho que el Gobierno y sus voceros reeditaran las rancias versiones sobre las alianzas contra natura. Lo que no es tan l¨®gico, en cambio, es el puro tacticismo y el escaso rigor con el que en este pa¨ªs se utiliza al Parlamento en relaci¨®n con el pacto social. Durante los primeros a?os del Gobierno socialista todo era pacto, casi nada Parlamento: lo importante para el pa¨ªs, se dec¨ªa, es la concertaci¨®n e incluso se afinaba m¨¢s al hacer depender todo del entendimiento en la familia socialista; tras el 14D se dio un giro de ciento ochenta grados y se pas¨® al menos calle, menos pacto y m¨¢s Parlamento; ahora se ha pretendido que todo el Parlamento est¨¦ en el pacto.

Algunos autores han criticado con reiteraci¨®n al neocorporativismo por invadir las ftinciones del Parlamento. Pues bien, lo que en esta ocasi¨®n se pretend¨ªa no tiene precedentes: el intento de hacer confluir la acci¨®n de gobiemo, el ¨¢mbito de la autonom¨ªa de las partes y la representaci¨®n parlamentaria es un extra?o fen¨®meno que, probablemente, despierte el inter¨¦s de los cient¨ªficos sociales.

El fiasco del acuerdo se debe a que en la propuesta del Gobierno no exist¨ªan condiciones de intercambio. No hab¨ªa elementos para empastar y satisfacer las distintas posiciones e intereses y lograr as¨ª un acuerdo equilibrado.

Se sab¨ªa que un pacto como el que pretend¨ªa el Gobierno ten¨ªa un fuerte coste para los sindicatos: el coste de reducir de un a?o para otro las demandas nominales de salarios, de limitar el incremento real a muchos trabajadores por debajo de las posibilidades efectivas de sus empresas. Y la pr¨¢ctica paralizaci¨®n de la negociaci¨®n colectiva y de la acci¨®n sindical en el supuesto de que se hubiera establecido un crecimiento ¨²nico de salarios y una cl¨¢usula de garant¨ªa universal, autom¨¢tica y obligatoria.

Era, pues, l¨®gico pensar que el Gobierno estuviera dispuesto a ofrecer serias contrapartidas a los sindicatos para lograr su benepl¨¢cito. Nada m¨¢s lejos, sin embargo, de la realidad. As¨ª, donde se hablaba de rentas, en realidad s¨®lo se refer¨ªan a salarios. No se ha querido negociar una pol¨ªtica global de rentas para beneficiar a los m¨¢s desfavorecidos (pensionistas, parados, sujetos a salarlo m¨ªnimo, etc¨¦tera) y asegurar, a su vez, un trato equivalente a los m¨¢s favorecidos (salarios de directivos, profesionales, rentistas). Tampoco se conced¨ªan dos puntos reales de incremento salarial, sino poco m¨¢s de medio punto. Ni la cl¨¢usula era universal y obligatoria. Ni se quer¨ªa establecer para los beneficios empresariales algo m¨¢s que una recomendaci¨®n, ya que -seg¨²n explicaron a los at¨®nitos sindicalistas- no era posible su control al ser rentas resultantes y no rentas contractuales como los salarios.

En cuanto al empleo, una triple negativa recibieron las propuestas sindicales: rechazo a una norma legal para orientar el destino de una parte de los beneficios a la inversi¨®n y al empleo; negativa a un compromiso para negociar a nivel de cada empresa el destino de los incrementos de productividad realizados; rechazo a la petici¨®n de negociar una pol¨ªtica industrial activa.

En las reformas estructurales, tampoco el Gobierno se ha mostrado m¨¢s generoso. M¨¢s bien al contrario. Rechazo a negociar las cuestiones fiscales; negativa a suprimir los contratos temporales para puestos de trabajo estables; oposici¨®n a establecer por norma el derecho de cada trabajador a un cr¨¦dito anual de formaci¨®n, remiti¨¦ndolo al acuerdo entre las partes; transferencia de las facultades del INEM en materia de formaci¨®n ocupacional a las comunidades aut¨®nomas, a trav¨¦s del pacto auton¨®mico; proyecto de legalizar las empresas de trabajo temporal y rechazo de las negociaciones sectoriales, entre otras cosas.

Hechos consumados

En fin, el Gobierno ha practicado de nucvo su ya habitual estrategla negociadora basada en tres principicis:

1. Realizar, mientras se negocia, una pol¨ªtica de hechos consumados (recorte presupuestario).

2. Disposici¨®n a acordar lo que de todas formas le interesa hacer.

3. Neutralizar las demandas sindicales y empresariales entre s¨ª, reduciendo la negociaci¨®n a la aceptaci¨®n de la propuesta gubernamental.

La patronal, por su parte, apoyaba en esta ocasi¨®n con entusiasme, las propuestas del Gobierno. Para ellos s¨ª era verdad la frase de M. Rubio: no ten¨ªan nada que perder y s¨ª mucho que ganar. Menores crecimientos salariales: mantenimiento del esquema central de precariedad laboral; ventajas fiscales para lo que de todas maneras debieran realizar las empresas (formaci¨®n, I+D, redes en el exterior); incentivos fiscales a la acumulaci¨®n de capital, legalizaci¨®n de las empresas de trabajo temporal, promesa de abrir la sanidad p¨²blica a la gestIll¨®n privada.

En resumen, la propuesta del Gobierno no ten¨ªa nada que ofrecer a los sindicatos. Lamentablemente, tampoco le queda cr¨¦dito al ejecutivo para pedir sacrificios sin contrapartidas. Pero lo peor de todo y la causa principal del fracaso del plan Solchaga es que s¨®lo pretend¨ªa el aval para medidas y decisiones predeterminadas, as¨ª como continuar una pol¨ªtica econ¨®mica y social que est¨¢ tan agotada como poco orientada a la competitividad y al progreso.

es miembro de la Comisi¨®n Ejecutiva de la UGT.