Recibir se?ales

Uno de los grandes camblio: producidos en la manera de hacer pol¨ªtica de los ¨²ltimos a?o: es la utilizaci¨®n masiva y sistem¨¢tica de las encuestas de opini¨®n como gu¨ªa de la acci¨®n de gobierno. A trav¨¦s de esa v¨ªa s( pretende conocer cu¨¢l es la reacci¨®n de la poblaci¨®n, en general o de parte de ella, ante hechos, decisiones o pol¨ªticas que se han producido o que querer promoverse.La pol¨ªtica sigue en ese campo la larga experiencia en investigaci¨®n de mercados del sector privado. Y tambi¨¦n los Gobiernos, como las empresas, utilizan espec¨ªficas pol¨ªticas de comunicaci¨®n como mecanismo de respuesta a esas mediciones de las percepciones populares que les brindan los estudios de opini¨®n.

De alguna manera se pretende contrarrestar as¨ª la falta de informaci¨®n fiable sobre los resultados de la acci¨®n de gobierno entre elecci¨®n y elecci¨®n. Actualmente una empresa puede conocer a diario su evoluci¨®n de ventas, su penetraci¨®n en el mercado, su avance o retroceso. Fluede medir peque?as variaciones en su estrategia de ventas y modificar el rumbo si es necesario. El gobernante y su partido, que entienden que su programa pol¨ªtico es el id¨®neo, y cuya pretensi¨®n leg¨ªtima es permanecer en el poder, han encontrado en las encuestas de opini¨®n y sus porcentajes una especie de espejo term¨®metro constante en el que mirarse, sin esa sensaci¨®n de vac¨ªo, de falta de retorno que implica el ir gobernando sin saber si lo que hace es bien recibido o no. Y, encontrarte luego, en la decisiva hora electoral, sin dato alguno que llevarte a la boca.

En toda esta tramoya faltan cosas esenciales. Se ha avanzado en la medici¨®n de percepciones. Poco o nada se ha hecho sobre la evaluaci¨®n de los resultados de la acci¨®n de gobierno. En cambio, resulta de sentido com¨²n desear saber si lo que programa el Gobierno obtiene o no, o en qu¨¦ medida los resultados o el impacto deseado. Si impulsas un programa de alfabetizaci¨®n de adultos esperas aumentar el n¨²mero de personas que sepan leer, o su disponibilidad para hacerlo. Si aumentas la cuant¨ªa de las multas de tr¨¢fico probablemente esperas reducir el n¨²mero de accidentes. Agravar las penas por delitos de abuso sexual a menores sin duda pretende reducir la realizaci¨®n de tales actos. Si realizas una campa?a contra el uso de drogas entre la poblaci¨®n juvenil, ello deber¨ªa poderse medir al cabo de un cierto tiempo.

En la noci¨®n de pol¨ªtica, sea cual sea el nivel de la administraci¨®n que la impulse, est¨¢ impl¨ªcita la existencia de unos objetivos sobre cuyo grado de cumplimiento, de ¨¦xito o fracaso, deber¨ªa juzgarse. Sin duda existen muchas opiniones o percepciones al respecto. Pero las meras opiniones no pueden ser suficientes. Deben estar reforzadas con hechos, con an¨¢lisis, con indicadores cuantitativos y cualitativos. Puede parecer sorprendente, pero lo cierto es que la administraci¨®n p¨²blica espa?ola, tanto central como auton¨®mica o local, no tiene mecanismos establecidos y fiables de medici¨®n de resultados, de evaluaci¨®n sobre las pol¨ªticas que impulsan. Los que gobiernan, pueden saber con detalle qu¨¦ opinan sobre sus actuaciones, sobre sus pol¨ªticas este sector de la poblaci¨®n o aquel otro. Pero, en general, no disponen de datos fiables sobre el efecto que producen esas mismas pol¨ªticas en la realidad social que pretenden mejorar.

Si aplic¨¢semos el esquema empresarial a la actividad de las administraciones p¨²blicas la cosa ser¨ªa grave. Probablemente nos parecer¨ªa alucinante que una empresa no tuviera ni idea de si los productos que elabora sirven o no para lo que est¨¢ previsto, o que no tuviera el m¨¢s m¨ªnimo servicio posventa, con lo cual no aprovechar¨ªa para nada las evidentes ventajas de saber d¨®nde y c¨®mo fallan sus productos y c¨®mo mejorarlos. Pero las administraciones p¨²blicas no son empresas.

La estructura administrativa del pa¨ªs no est¨¢ pensada tanto para hacer cosas como para que las pocas cosas que haga se realicen conforme a un conjunto de reglas formalmente establecido y sobre el que los afectados tengan mecanismos de defensa a trav¨¦s de la v¨ªa judicial. Pero lo que serv¨ªa antes no sirve hoy. O, mejor dicho, resulta insuficiente. Se ha pasado de la subsidiariedad a la exigencia constitucional de intervenir para hacer que la libertad y la igualdad sean efectivas. Nuestras administraciones p¨²blicas son hoy esencialmente un conjunto de actividades de control y regulaci¨®n, de prestaci¨®n de servicios y de negociaci¨®n entre intereses contrapuestos que gestionan alrededor del 44% del PIB. Pero su estructuraci¨®n interna, sus reglas de funcionamiento y sus mecanismos de control s¨®lo est¨¢n pensados para la funci¨®n reguladora, y casan muy mal con el resto de funciones que se le exigen. Hasta el punto de que muchos gestores p¨²blicos afirman que las administraciones p¨²blicas funcionan porque no funcionan como est¨¢ previsto que lo hagan.

?Qu¨¦ se?ales reciben los gobernantes decisores pol¨ªticos sobre la efectiva realizaci¨®n de sus programas de actuaci¨®n?, ?qu¨¦ se?ales reciben de lo que est¨¢ pasando? Esencialmente, las que proceden de las encuestas de opini¨®n. Porque el resto de informaci¨®n que proporcionan los canales reglamentarios s¨®lo les dice si se ha gastado el presupuesto o no de la forma prevista, y cu¨¢ntas actuaciones de la administraci¨®n han sido objeto de recurso ante los tribunales. Lo dem¨¢s se lo han de trabajar por su cuenta. Saliendo de sus despachos, inaugurando y escuchando comentarios, organizando contactos informales con este o aquel sector, o invent¨¢ndose n¨²meros de tel¨¦fono m¨¢gicos, como el 010 barcelon¨¦s.

Evaluar pol¨ªticas no es controlar la gesti¨®n de las mismas. Las dos cosas son importantes, y en las dos resultan totalmente insuficientes los mecanismos de intervenci¨®n actual. Evaluar pol¨ªticas implica voluntad de aprender. Implica abrir el debate sobre si lo que se hace se debe hacer y si debe hacerse de la manera como se hace. Recibiendo se?ales, por tanto, tambi¨¦n de los usuarios, de aquellos que contribuyen con su esfuerzo fiscal al sostenimiento del gasto p¨²blico.

Evaluar una pol¨ªtica es formarse un juicio de valor sobre la misma, y para ello resulta necesario, como acaba de proponerse en el Reino Unido, que se conozcan los objetivos y se divulguen los rendimientos. No puede continuarse sosteniendo una visi¨®n de la administraci¨®n basada en el tr¨ªptico mandato obediencia-control. En sociedades evolucionadas como la nuestra, es hora de intentar decidir con conocimiento de causa y movilizando el apoyo necesario para conseguir lo que se quiere. Y ello es probablemente tan importante como trabajar para mantener el crecimiento econ¨®mico del pa¨ªs. En esa l¨ªnea, la evaluaci¨®n es un anna necesaria para poder decidir con algo m¨¢s que con encuestas de opini¨®n sobre lo que se hace y lo que se quiere hacer. Lo dec¨ªa Michel Rocard, en carta de julio de 1988 dirigida al responsable de evaluar los efectos del establecimiento del salario social de inserci¨®n, cuando, tras afirmar que a partir de entonces el Gobierno franc¨¦s quer¨ªa otorgar una importancia particular a la evaluaci¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas, dec¨ªa que ello iba en la l¨ªnea de mejorar "los instrumentos de inteligencia pol¨ªtica del pa¨ªs". Y nosotros, que lo veamos.