Los socialistas est¨¢n solos en el debate que hoy comienza sobre el proyecto de ley de seguridad

El partido socialista aborda hoy y ma?ana, casi en solitario, el debate en comisi¨®n del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, sin duda el m¨¢s pol¨¦mico de la legislatura y quiz¨¢ de los nueve a?os de gobierno del PSOE. Los dos grupos nacionalistas, CiU y el PNV, son los m¨¢s dispuestos a colaborar para sacar adelante el proyecto, conocido como ley Corcuera en referencia a su m¨¢s apasionado impulsor, el ministro del Interior. El PP y otros grupos de oposici¨®n han participado en conversaciones para tratar de modificar la ley, pero sin ¨¦xito, y mantienen su oposici¨®n frontal a la misma.

El PP no hab¨ªa recibido hasta ayer a mediod¨ªa ninguna oferta nueva y manten¨ªa sus enmiendas y su negativa de fondo a una ley que considera "viciada de origen por su invasi¨®n a favor del Ejecutivo de potestades judiciales". Tambi¨¦n IU y el CDS mantienen su enmiendas, que les llevaron, igual que al PP, a solicitar la devoluci¨®n al Gobierno."Falta flexibilidad por parte del PSOE", declar¨® ayer Rogelio Ba¨®n, portavoz del primer partido de la oposici¨®n en la Comisi¨®n de Justicia e Interior. "El instinto penicilino-resistente de Jos¨¦ Luis Corcuera", seg¨²n Ba¨®n, "prima para el partido socialista sobre cualquier otra consideraci¨®n".

Para el PP existe una filosof¨ªa rechazable en el origen de la ley: "Se establece un binomio id¨¦ntico entre libertad y seguridad y eso no es correcto", se?ala su portavoz. "La seguridad es un elemento necesario pero accesorio de la libertad".

Los populares insisten en que el PSOE no quiere dar el brazo a torcer en su error original de 1983: la despenalizaci¨®n del consumo de drogas. "Y ahora caen en una trampa de elefantes", a?ade Ba¨®n, "al desjudicializar el problema para trasladarlo a la ladera gubernamental y otorgar al Ejecutivo un excesivo poder sancionador".

Por esa v¨ªa, seg¨²n el PP, "incluso aunque la ley no fuera inconstitucional, no resultar¨ªa eficaz; se resolver¨ªa la conflictividad ciudadana pero no el problema de fondo, el de los 100.000 toxic¨®manos, muchas veces enfermos antes que delincuentes, necesitados de una infraestructura rehabilitadora, sanitaria y ocupacional".

Tambi¨¦n es muy esc¨¦ptica la posici¨®n de IU. El estudio de las enmiendas socialistas, seg¨²n su portavoz en la comisi¨®n, Jos¨¦ Luis N¨²?ez, "revela que no piensan modificar lo sustancial de la ley y los cambios apuntados hasta ahora no remedian un proyecto que recorta la libertad y no da m¨¢s seguridad".

Amenaza a las libertades

IU pondr¨¢ el acento no s¨®lo en los dos art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos, sobre registro domiciliario sin orden judicial e identificaci¨®n callejera, sino tambi¨¦n en las amenazas que se ciernen, seg¨²n su criterio, sobre el ejercicio de derechos fundamentales. "Van a quedar en cuesti¨®n los derechos de reuni¨®n y manifestaci¨®n", asegura N¨²?ez, "porque se evita por sistema el control judicial en las sanciones administrativas, se abre la posibilidad de castigo desde el Gobierno cuando los jueces ya se han pronunciado en contra, y no se fija criterio de proporcionalidad para aplicar multas entre 5 y 100 millones de pesetas".

Tambi¨¦n el CDS har¨¢ hincapi¨¦ durante el debate sobre la doble posibilidad sancionadora y la falta de control judicial de las actuaciones administrativas sobre faltas derivadas de manifestaciones o reuniones. Su portavoz para esta ley, Jos¨¦ Antonio Souto, cree que el problema "es estructural" y dif¨ªcil de resolver mediante enmiendas.

"Se avanza en direcci¨®n equivocada", se?ala Souto. "En vez de potenciar la polic¨ªa judicial, que obtendr¨ªa sin dificultad mandamientos de registro urgentes, se escoge suprimir la autorizaci¨®n previa del juez". La ley, seg¨²n Souto, "genera inseguridad jur¨ªdica, invade desde el Ejecutivo el espacio judicial y disloca el Estado de Derecho".

Los dos grupos parlamentarios nacionalistas, catal¨¢n y vasco, son la gran esperanza del PSOE para buscar apoyos a la Ley Corcuera. Los socialistas han dado a entender su disposici¨®n a aceptar una enmienda de CiU al art¨ªculo 21.

La enmienda sustituye la exigencia de "conocimiento" por la de "evidencia" de la comisi¨®n de delitos con drogas para justificar un registro de la polic¨ªa sin permiso judicial. CiU propone tambi¨¦n suprimir el p¨¢rrafo del art¨ªculo 20 que abre la posibilidad de la retenci¨®n policial de quienes no lleven el DNI.

En este apartado, el Grupo Socialista ha dado indicios de que puede aceptar una nueva redacci¨®n. La modificaci¨®n admitir¨ªa recursos distintos al DNI para identificar a un ciudadano, como el permiso de conducir o llamadas telef¨®nicas a familiares o compa?eros de trabajo. Ni los portavoces socialistas ni los de CiU en la comisi¨®n pudieron ser localizados ayer para confirmar estos cambios.

El vasco es el grupo menos definido. Sus diputados no acudieron a la discusi¨®n en ponencia. Su portavoz, I?aki Anasagasti, esperaba ayer conversaciones de ¨²ltima hora con los socialistas. Para los peneuvistas, lo fundamental es el reconocimiento de las facultades del Gobierno aut¨®nomo y de la Ertzaintza.

La ley Corcuera ha provocado reacciones contrarias en los ¨¢mbitos judiciales, donde se la considera dudosamente constitucional. La intervenci¨®n de Corcuera ante el pleno del Congreso para su defensa provoc¨® un pronunciamiento un¨¢nime del Consejo del Poder Judicial pidiendo respeto a la independencia del poder judicial.

La asociaci¨®n Jueces para la Democracia ha lamentado en una nota que el Consejo no haya abordado m¨¢s concretamente las manifestaciones del ministro. Organizaciones pol¨ªticas y sindicales juveniles dieron a conocer ayer la formaci¨®n de una plataforma de oposici¨®n a la Ley Corcuera y anunciaron la redacci¨®n de un manifiesto contra el proyecto.