El esc¨¢ndalo de la corrupci¨®n

LOS SOCIALISTAS se han opuesto en el pasado a la creaci¨®n de comisiones parlamentarias de investigaci¨®n con el argumento de que el asunto controvertido estaba sub j¨²dice o que, en todo caso, era competencia de los tribunales clarificarlo. Sin embargo, en el asunto de la compraventa de terrenos por Renfe en San Sebasti¨¢n de los Reyes han abandonado este criterio, basado m¨¢s en razones partidistas que en la preocupaci¨®n por posibles interferencias mutuas entre las diversas instancias concurrentes en la investigaci¨®n.Si se delimita con exactitud el campo de la investigaci¨®n, no tiene por qu¨¦ haber interferencia alguna. En el caso de la compraventa de terrenos por Renfe, la justicia indaga su posible dimensi¨®n delictiva: supuesta maquinaci¨®n del precio de las cosas acompa?ada de una supuesta malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Pero en la operaci¨®n tambi¨¦n hay aspectos relativos al ejercicio del poder en una empresa p¨²blica que merecen un dictamen del Parlamento con vistas a su posible correcci¨®n, en caso de probarse su irregularidad, y a la exigencia de las correspondientes responsabilidades pol¨ªticas. De ning¨²n modo puede tildarse de juicio paralelo al de la justicia la funci¨®n investigadora que le compete al Parlamento en asuntos de inter¨¦s p¨²blico.

Por lo dem¨¢s, la superioridad del r¨¦gimen democr¨¢tico no reside en la imposibilidad de existencia de pr¨¢cticas corruptas, sino en su transformaci¨®n en esc¨¢ndalos; es decir, en la existencia de mecanismos sociales por los que es posible el conocimiento p¨²blico de tales pr¨¢cticas, al margen de que haya o no dado motivo a actuaciones judiciales. Esa publicidad es la principal garant¨ªa, a su vez, de la capacidad del sistema para investigar y corregir tales manifestaciones. ?sa es la diferencia con las autocracias: en ellas, la impunidad del poder forma parte de los presupuestos mismos en que se asienta y justifica el r¨¦gimen.

Por ello carece de sentido el paralelismo establecido por el l¨ªder de la oposici¨®n conservadora y alg¨²n otro dirigente de su partido al afirmar que hoy existe m¨¢s corrupci¨®n que durante el franquismo. Sencillamente, no son t¨¦rminos comparables, porque hoy se llama corrupci¨®n a pr¨¢cticas que en la dictadura del general Franco no s¨®lo no se llamaban as¨ª, sino que la mera insinuaci¨®n de que pudieran ser nombradas como tales hubiera costado la c¨¢rcel al osado. Dicho de otra manera: no estando sometido a las cautelas y mecanismos de control propios de un Estado de derecho, el aparato estatal franquista no hubiera podido funcionar sin pr¨¢cticas que hoy considerar¨ªamos corruptas o sospechosas de tales -por ejemplo, en materia de concesiones administrativas-; pero de ello no se deduce que hubiera m¨¢s o menos cantidad de corrupcion que ahora, sino simplemente que no podemos saberlo y que es absurdo plantear la discusi¨®n en esos t¨¦rminos.

Pero no es necesario que algo sea peor que durante el r¨¦gimen franquista para deducir que es desastroso. Lo es que asuntos como los de Juan Guerra, Naseiro, Filesa, facturas del IVA, construcci¨®n de Burgos, Hormaechea o Renfe hayan revelado la existencia de amplias ¨¢reas de vinculaci¨®n entre decisiones pol¨ªticas, por una parte, e intereses privados, por otra. La sospecha del p¨²blico, incluyendo los medios de comunicaci¨®n, ha hecho posible desvelar esos asuntos. Para que al desvelamiento siga la investigaci¨®n y sanci¨®n, penal o social, correspondiente es conveniente, con todo, distinguir entre lo que es corrupci¨®n en sentido estricto y aquellas decisiones pol¨ªticas o administrativas que, aun siendo incorrectas desde diferentes puntos,de vista, no pueden equipararse a ella.

Corrupci¨®n pol¨ªtica es la actuaci¨®n de quien, prevali¨¦ndose del poder p¨²blico que ostenta, bien por representacion o por designaci¨®n, busca servir a intereses particulares (de personas individuales o de organizaciones y partidos) en lugar de a los generales que representa, contraviniendo los c¨®digos legales y ¨¦ticos. No hay duda de que en esta definici¨®n caben la inmensa mayor¨ªa de esc¨¢ndalos que sacuden la vida p¨²blica esp¨¢?ola desde el inicio de la actual legislatura. En este tipo de conductas pueden coexistir elementos delictivos -cohecho, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, etc¨¦tera- con otros que suponen una distorsi¨®n del ejercicio de la funci¨®n p¨²blica: desv¨ªo de poder, arbitrariedad, favoritismo, entre otros.

La actuaci¨®n independiente de los jueces es una de las principales formas de hacer frente a la corrupci¨®n. Pero siendo su naturaleza eminentemente pol¨ªtica, puede no ser la m¨¢s eficaz en determinados casos cuyo tratamiento corresponde m¨¢s bien a instancias y ¨®rganos del poder pol¨ªtico. La benevolencia, la exculpaci¨®n o la impotencia en la persecuci¨®n de los esc¨¢ndalos del poder significar¨ªa que el Estado democr¨¢tico, ahora s¨ª, se ha puesto al mismo nivel del que no lo es. Por ello son imprescindibles la luz y los taqu¨ªgrafos.