"El Estado no debe usar sus privilegios para captar plusval¨ªas"

Pregunta. La compra de terrenos por Renfe ha provocado la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n, pero probablemente requiere tambi¨¦n un debate pol¨ªtico hasta ahora soslayado. ?Tiene derecho el Estado a provocar plusval¨ªas para financiar obras o servicios p¨²blicos?Respuesta. Formulada as¨ª la pregunta la respuesta ser¨ªa que no. Las entidades p¨²blicas deben actuar en el mercado con el mismo escr¨²pulo y con arreglo al mismo sistema de valores que los dem¨¢s protagonistas, lo que quiere decir que tampoco deben encontrarse en desventaja. Lo rechazable, no s¨®lo para la Administraci¨®n, sino respecto a cualquiera, es la utilizaci¨®n de ventajas o privilegios.

P. Pero el Estado cuenta con informaci¨®n privilegiada.

R. En esos casos es cuando resulta m¨¢s discutible esa actuaci¨®n. Yo creo que los criterios de gesti¨®n de las Administraciones est¨¢n en evoluci¨®n muy r¨¢pida hacia los que son m¨¢s propios del sector privado, y, por tanto, es posible que las formas de gesti¨®n cada vez se acerquen m¨¢s a las de un empresario privado.

P. Usted, que ha sido asesor jur¨ªdico de empresas privadas, ?aceptar¨ªa llevar la defensa de Renfe o preferir¨ªa que no le encargaran el caso?

R. La respuesta como abogado es muy diferente que como pol¨ªtico. Mezclar los dos planos es muy delicado. Un abogado no se plantea defender un asunto en funci¨®n de principios pol¨ªticos, sino de defender del mejor modo los derechos de su cliente.

P. Varios casos de corruptelas han estado relacionados con una presunta financiaci¨®n irregular de partidos. ?C¨®mo se puede reducir la tentaci¨®n de que busquen recursos irregulares sin aumentar su financiaci¨®n p¨²blica?

R. Una democracia sana necesita partidos pol¨ªticos fuertes, lo que no quiere decir ricos, pero s¨ª con medios para preparar y transmitir sus alternativas. Una de las caracter¨ªsticas del mundo contempor¨¢neo es que las sociedades, no s¨®lo los partidos, viven por encima de sus posibilidades. Por tanto, es necesario un reajuste hacia la austeridad. Y desde luego, si es posible, no gravar m¨¢s las arcas p¨²blicas.

P. ?Es usted partidario de liberalizar las ayudas econ¨®micas privadas a los partidos?

R. Posiblemente haya que avanzar en esa direcci¨®n, pero con una transparencia total y eliminando las hipocres¨ªas. No me repugna la relaci¨®n entre intereses econ¨®micos e intereses pol¨ªticos, pero tiene que ser transparente. Si un grupo econ¨®mico se identifica con el programa de un partido y quiere apoyarle econ¨®micamente, no tengo inconveniente en que lo haga, pero quiero que eso sea p¨²blico. Ahora hay gente que presta esa ayuda, pero no quiere que se sepa.

P. ?Acepta que la oposici¨®n pueda crear comisiones de investigaci¨®n aunque se niegue a ello la mayor¨ªa gubernamental?

R. Primero hay que definir la funci¨®n de esas comisiones en nuestro sistema parlamentario. ?Son comisiones de investigaci¨®n del Parlamento? Entonces parece coherente que se exija un acuerdo mayoritario para constituirlas y delimitar su trabajo. ?Son un instrumento de control del Gobierno por la oposici¨®n? Entonces podr¨ªan quedar constituidas con una minor¨ªa, ?pero teniendo en cuenta que las consecuencias tendr¨¢n que ser decididas por mayor¨ªa! Las comisiones de investigaci¨®n como instrumento de enfrentamiento partidista me parece que tienen poco sentido.

P. ?Es inevitable dejar sin sanci¨®n pol¨ªtica comportamientos de diputados que son pol¨ªticamente reprobables, aunque no constituyan delito?

R. La sanci¨®n pol¨ªtica de un diputado es la que los electores le imponen al no elegirlo en las siguientes elecciones, o la de su partido al no volver a incluirlo en su lista. No conozco ning¨²n pa¨ªs en que la condici¨®n de parlamentario pueda quedar en suspenso, no digo ya suprimida, si no es como consecuencia de sentencia judicial. Si la actuaci¨®n de un diputado dedicado, por ejemplo, a la administraci¨®n de su grupo parlamentario o partido es ilegal, tendr¨¢ las consecuencias que determinen los tribunales. Si no es ilegal, no tiene por qu¨¦ tener ninguna repercusi¨®n en su condici¨®n de diputado.

P. ?Apoyar¨ªa usted una reforma que capacitara al Tribunal de Cuentas para ejecutar sanciones importantes a los partidos, o a sus empresas suministradoras, cuando cometan irregularidades en sus ingresos o gastos?

R. Que diga que s¨ª no sirve de nada, porque todo depende de la extensi¨®n que se d¨¦ a las infracciones. El problema b¨¢sico es definir las irregularidades, y hacerlo de forma cuidadosa. Una vez definidas las infracciones, alguien debe estar en condiciones de sancionar las irregularidades.

P. Al elegir la composici¨®n del Consejo General del Poder Judicial, aparte de que el Parlamento sea el m¨¢s legitimado para hacerlo, ?no cree que los partidos consideran prioritario contar con personas que sean de su confianza?

R. En ¨¦ste, como en tantos casos, el, problema no es de normas, sino de actitudes. Pero es cierto que hay que trabajar para que todos los vocales o consejeros de altas instituciones cuenten con la confianza y el apoyo, no de un partido, sino de un amplio espectro parlamentario, como exigen las leyes para nombrarlos; porque es verdad que esto se desvirt¨²a un poco al repartirse los partidos cuotas de consejeros. Esto ha entorpecido en ocasiones el funcionamiento de altas instituciones.

P. ?La asunci¨®n de competencias legislativas por la CE, que ya aprueba el 60% de las normas aplicables en Espa?a, exige reforzar la labor de las Cortes de control del Gobierno?

R. S¨ª empieza a preocupar que la comunitarizaci¨®n creciente de materias implique que los Parlamentos nacionales no pueden legislar sobre esas materias, mientras que no est¨¢ claro el control que se ejerce sobre el uso de esas competencias por las instancias comunitarias. Lo que los Parlamentos nacionales s¨ª deben hacer, y no hay dejaci¨®n de responsabilidades en nuestro caso, es un seguimiento permanente del comportamiento del Gobierno en su labor como legislador comunitario.

P. ?Le preocupa que algunos diputados, entre ellos dirigentes de su partido y otros de la oposici¨®n, hayan faltado al 80% de las votaciones en este a?o?

R. Me preocupar¨ªa si fuesen muchos. No son muchos. La media de participantes en las votaciones es de 260 diputados [de un total de 350].

P. ?Le parece acertado que el presidente del Gobierno no protagonizara, contra la petici¨®n un¨¢nime de la oposici¨®n, el debate sobre la drogadicci¨®n, cuando ese problema era el que m¨¢s preocupaba a los espa?oles?

R. Si cada vez que hay un tema importante el ministro de ese ¨¢rea tuviese que quedar marginado y protagonizar el debate el presidente, habr¨ªamos creado un sistema muy peculiar. Lo que hay que encontrar es un modelo estable de relaciones entre el Gobierno y el Parlamento. No se pueden consumir tantas energ¨ªas sobre qui¨¦n protagoniza un debate, sobre qui¨¦n ha hablado y qui¨¦n no.

P. ?La reforma del reglamento del Congreso, que se empieza a estudiar, comprometer¨¢ al presidente del Gobierno a responder semanalmente las preguntas de dirigentes de las oposici¨®n?

R. Si prosperase una f¨®rmula de esas caracter¨ªsticas, que ahora est¨¢ sobre la mesa, ser¨ªa el cambio m¨¢s importante del modelo de vida parlamentaria desde 1977. Tambi¨¦n es verdad que hay h¨¢bitos que no nacen de normas, sino de iniciativas, en general del Gobierno, como el debate sobre el estado de la naci¨®n.

Otra modalidad podr¨ªa consistir en una intervenci¨®n limitada del presidente del Gobierno en un debate en el que llevar¨ªan el mayor peso el ministro o ministros afectados por la materia debatida. Vamos a intentar tambi¨¦n que el Gobierno pueda realizar una declaraci¨®n pol¨ªtica de fondo sobre cualquier acontecimiento importante reci¨¦n ocurrido, que lo haga en cinco minutos y que los grupos se pronuncien en un tiempo parecido, sin generar debates de cinco horas.

En cualquier caso, la reforma del reglamento debe ajustarse a un equilibrio y coherencia. Si se coge la mejor pieza de cada uno de los 10 mejores coches del mundo, nada garantiza que resulte el mejor coche del mundo.

P. ?Cuesta mucho tranquilizar al ministro del Interior cuando se le acaba de denegar que vuelva a hablar en el pleno?

R. El ministro del Interior es una persona que tiene un car¨¢cter fuerte y, como suele ocurrir con ese tipo de personas, tiene un coraz¨®n de oro y un car¨¢cter que se suaviza con la misma facilidad con que se inflama. Al final, esas personas suelen ser entra?ables.