La Comunidad paraliza la ley de capitalidad ante el 'ataque' del Ayuntamiento al transporte

JAVIER CASQUEIRO / LUC?A ENGUITA Las buenas relaciones entre el Ayuntamiento y la Comunidad, gobernados por partidos distintos, han terminado. El enfrentamiento que sostienen desde hace dos meses sobre el dinero que deben aportar al Consorcio Regional de Transportes, desde donde se marca el funcionamiento y las tarifas del metro y los autobuses, ha derivado en una batalla pol¨ªtica que mantiene paralizada la ley de capitalidad y amenaza con subir los precios de los transportes un 40%. Esta ley, reconocida en la Constituci¨®n y el estatuto de autonom¨ªa, supondr¨ªa una compensaci¨®n a Madrid por ser capital de 18.000 millones.

El Ayuntamiento, gobernado en mayor¨ªa absoluta por el PP, entiende que la asignaci¨®n presupuestaria que le reclama el Consorcio Regional de Transportes para 1992 (16.000 millones de pesetas) es excesiva. El consorcio est¨¢ controlado por la Comunidad, que gobierna el partido socialista. Tanto el alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, como el concejal delegado de Circula ci¨®n, Jos¨¦ Antonio Garc¨ªa Alari lla, han dejado claro que el Ayuntamiento llegar¨¢ como m¨¢ ximo a entregar 10.000 millones. Tras m¨²ltiples reuniones y entre vistas para intentar un acuerdo, se ha fijado el d¨ªa 8 de enero como ¨²ltimo plazo para definir posiciones. El concejal es firme: "No daremos un duro m¨¢s". La Comunidad ya ha anunciado que en este caso impugnar¨¢ los presupuestos municipales. Pero la Comunidad se ha guardado una buena carta en la manga. El portavoz del Gobierno regional, Jaime Lissavetzky, reconoci¨® ayer: "Hasta ahora, con las entrevistas entre Joaqu¨ªn Leguina y ?lvarez del Manzano se caminaba en cohabitaci¨®n, pero eso ha quedado en buenas palabras. Estamos sorprendidos porque el problema del transporte no se ha solucionado bien".Lissavetzky argumenta que si la postura restrictiva del Ayuntamiento tuviera un origen financiero, de indisponibilidad econ¨®mica, "ser¨ªa algo solucionable, porque podr¨ªamos esperar a que aportaran su parte m¨¢s tarde. En cambio, si se trata de un problema pol¨ªtico, porque no creen ni en el Consorcio Regional de Transportes ni en el transporte p¨²blico y s¨®lo quieren hacer t¨²neles para los coches, entonces esto ser¨ªa mucho m¨¢s complicado", dijo este portavoz.

"Conflicto institucional"

El portavoz del Ejecutivo aut¨®nomo admiti¨® que de unas relaciones normales entre Ayuntamiento y Comunidad se ha pasado a una situaci¨®n de conflicto institucional. "Ha sido un cierto ataque por parte del Ayuntamiento su comportamiento en el consorcio", afirma Lissavetzky.

Lissavetzky apunta que los proyectos pendientes en donde se hac¨ªa precisa la colaboraci¨®n entre las dos instituciones, como la ley de capitalidad, la operaci¨®n urban¨ªstica para la recalificaci¨®n de los antiguos cuarteles de Campamento o la futura ciudad aeroportuaria de Barajas, se mantendr¨¢n parados a la espera de observar otra postura municipal m¨¢s dialogante.

"Para retomar todo este paquete de medidas y proyectos es importante y fundamental que el Ayuntamiento reconsidere su posici¨®n en el consorcio", asegura el portavoz del Gobierno regional. "Todo este conjunto y la ley de capitalidad est¨¢n en standby [paralizados] hasta ver qu¨¦ pasa con lo del consorcio", a?adi¨®.

El Partido Popular present¨® el a?o pasado un proyecto de ley de capitalidad, en el que, entre otros beneficios, se ped¨ªa para Madrid, por soportar las presuntas molestias de ser la capital de Espa?a, unas compensaciones econ¨®micas que se cifraban en 18.000 millones de pesetas.

S¨®lo lo que el Ayuntamiento deja de percibir en concepto de contribuci¨®n urbana de los edificios oficiales asentados en Madrid se calcula en 11.000 millones de pesetas, seg¨²n el PP municipal.

La Comunidad, que en estos momentos tiene la responsabilidad de preparar el borrador de esta ley, no ha llegado a esta contabilidad, seg¨²n Lissavetzky. "El borrador est¨¢ como hace un mes, y todav¨ªa hay que debatirlo con el Ayuntamiento y los distintos grupos pol¨ªticos", apunt¨®.

"El Gobierno central no creo que aporte 18.000 millones para la ley de capitalidad si el Ayuntamiento no aumenta su cuota en el transporte en 6.000 millones", asegur¨® el portavoz auton¨®mico. "Estamos condenados a entendemos, pero todo se dificultar¨¢ mucho si no llega ese dinero".