Una investigaci¨®n necesaria

Considera el autor del art¨ªculo -miembro de la comisi¨®n parlamentaria- que la puesta en marcha de una comisi¨®n de investigaci¨®n del Parlamento sobre la compra de terrenos por Renfe en la etapa de Garc¨ªa Valverde como presidente de la empresa, debe hacerse teniendo claro qu¨¦ y c¨®mo se quiere investigar. De otro modo considera que se corre el riesgo de utilizar un procedimiento indispensable, pero no alcanzar el objetivo que a la sociedad espa?ola conviene.

Es necesario reconocer al reci¨¦n dimitido ministro de Sanidad y anterior presidente, de Renfe su disposici¨®n a que se cree una comisi¨®n de investigaci¨®n, lo que ha obligado al Grupo Parlamentario Socialista a votar, despu¨¦s de haberse negado tantas veces, a favor de que el Parlamento pueda cumplir su funci¨®n pol¨ªtica inexcusable de control -e investigaci¨®n- de las actuaciones del Gobierno.Ser¨ªa, por tanto, una ocasi¨®n perdida si la primera vez que se aplica la lupa parlamentaria a un tema de semejante enjundia y suficiente preocupaci¨®n equivoc¨¢ramos los argumentos y cay¨¦ramos en algunas de las trampas que se nos tienden y amenazan desorientamos.

La primera, la m¨¢s burda y a la que propende alg¨²n otro partido de la oposici¨®n, consiste en practicar un absurdo af¨¢n simplificador, aislando elementos que son parte del asunto, pero que no son el asunto. Tal es la postura de quienes pretenden constituirse en -tribunal y juzgar sobre facturas, fechas o personas, olvidando que para eso est¨¢n los tribunales de justicia, que a la vista de lo que va apareciendo van a tener, probablemente, buen trabajo. Parece como si hubiera en el Parlamento algunos aprendices frustrados de Perry Mason, m¨¢s preocupados de saber a qu¨¦ hora y por qu¨¦ mano se firm¨® el cheque que por el hecho mismo de que sea posible que ¨¦ste exista.

Esta actitud es inconveniente por lo que distrae y porque lleva al Parlamento a una invasi¨®n infantil de competencias. Y sobre todo, porque aleja su cometido del que realmente persigue, cual es el control pol¨ªtico de los actos del Gobierno y de algunos de sus agentes solidarios, como, por ejemplo, los presidentes de las sociedades p¨²blicas estatales.

Hay una segunda postura, pintoresca y, si cabe, no menos peligrosa. Vendr¨ªa a resumirse en el argumento, sustentado inicialmente por algunos miembros del Gobierno y de su propio grupo parlamentario, seg¨²n el cual conviene preservar un supuesto derecho de los organismos p¨²blicos a generar y traspasarse, o lisa y llanamente apropiarse, toda suerte de plusval¨ªas para, naturalmente, redistribuirlas despu¨¦s. Algo as¨ª como Robin Hood en versi¨®n especuladora, con la garant¨ªa del Estado.

El hecho de que quienes sustentan dicha opini¨®n puedan, de quererlo, aprobar con la fuerza de sus votos una ley que contemplara tal posibilidad y estableciera los l¨ªmites y cautelas para este tipo de operaciones, regulando su desarrollo y control, no da legitimidad democr¨¢tica a su postura. Y la legalidad no antes de ser presentada y aprobada una ley con tales caracter¨ªsticas. No hay otra posibilidad. A no ser que el Gobierno padezca dislexia democr¨¢tica. Es decir, por un lado nos somete al agotador ejercicio de ver c¨®mo sus desastrosas y chapuceras propuestas legislativas son aprobadas sin que una sola de las cr¨ªticas y razonamientos ajenos les hagan mella y, de otra parte, sus agentes caracterizados prefieren eludir el inc¨®modo cors¨¦ de la legalidad que ellos mismos van construyendo.

En consecuencia, una desde?osa actitud frente al valor de las leyes en un Estado democr¨¢tico. Porque es ah¨ª donde reside el quid de la cuesti¨®n: en el respeto a la legalidad democr¨¢tica. Las leyes no son inamovibles, pero han de respetarse mientras rigen. ?Har¨¢ falta recordar, con Cicer¨®n, que s¨®lo siendo esclavos de la ley seremos verdaderamente libres? ?Que ser¨ªa interesante o conveniente para alguien, o incluso para la sociedad, poder actuar en ¨¦sta como en otras cosas de modo distinto? Primero habr¨ªa que verlo, pero desde luego no con la ley vigente.

Se abre, por tanto, frente a dos posturas peligrosas y desorientadoras que acechan, un ¨²nico camino correcto: preguntarse cu¨¢l es la competencia y el margen de actuaci¨®n. del presidente de una empresa p¨²blica, y en funci¨®n de ello qu¨¦ precauciones tom¨®, con qu¨¦ grado de sensibilidad ejerci¨® su poder y con qu¨¦ sentido de su responsabilidad pol¨ªtica actu¨®.

Y a continuaci¨®n habr¨¢ que determinar si en el recorrido, para bien o para mal, le acompa?aron, le incitaron, le consintieron o le facilitaron otras personas de la Administraci¨®n central o auton¨®mica, como el propio ex presidente ha sugerido y figura en las actas del Congreso de los Diputados. Alguno de ellos, para dejar clara su implicaci¨®n, ha declarado: "Yo no vend¨ª, yo s¨®lo recalifiqu¨¦".

Por ¨²ltimo, y a la vista de lo que todo esto produzca, habr¨¢ que preguntar si se han producido, otras operaciones de similar factura con los mismos o parecidos actores en parecidas o similares ocasiones. O dicho de otra forma, si esto se ha convertido en un modo habitual de funcionar, escapando a todo control, no s¨®lo parlamentario, sino incluso administrativo. ?D¨®nde nos llevar¨¢ este procedimiento? ?Har¨¢n frente los sujetos responsables a sus obligaciones ciudadanas y pol¨ªticas, respondiendo con veracidad las preguntas que se le formulen? ?Se ajustar¨¢n los parlamentarios a las suyas, preguntando lo que de verdad hay que preguntar? Ojal¨¢ no sea una ocasi¨®n perdida y se pueda insuflar un aliento democr¨¢tico en la desilusionada sociedad espa?ola y devolverle al Parlamento, hoy que tanto se habla de cuotas, la cuota de dignidad que con frecuencia se le niega.

es diputado y ponente del CDS en la Comisi¨®n Parlamentaria de Investigaci¨®n en el asunto de Renfe.