Tratado de la Union Europea obligar¨¢ a reformar por primera vez, la Constituci¨®n espa?ola

La Constituci¨®n espa?ola tendr¨¢ que ser modificada, por primera vez tras su promulgaci¨®n el 27 de diciembre de 1978, como consecuencia del Tratado de la Uni¨®n Europea, aprobado el pasado d¨ªa 10 de diciembre en Maastricht (Holanda). La obligaci¨®n de conceder a los ciudadanos de los pa¨ªses miembros de la Comunidad residentes en Espa?a el derecho a ser elegidos como concejales, propuesta precisamente por el presidente del Gobierno espa?ol, ha abierto una posibilidad hasta ahora rechazada de plano por Felipe Gonz¨¢lez.

El Consejo de Estado, consultado por Asuntos Exteriores antes de la reuni¨®n de Maastricht, consider¨® que no ser¨ªa preciso reformar el texto constitucional, pero padres de la Constituci¨®n, ministros del Gobierno y catedr¨¢ticos de Derecho Constitucional estiman que resulta ineludible."A la espera de una lectura reposada del texto del tratado, debo decir que creo que es muy dificil conceder el derecho al sufragio pasivo [derecho a ser elegido] a extranjeros sin reformar la Constituci¨®n", explic¨® a EL PA?S Gregorio Peces-Barba, representante socialista en la ponencia que redact¨® la Carta Magna y actual rector de la Universidad Carlos III.

"La Constituci¨®n tendr¨¢ que ser reformada porque el precepto que concede s¨®lo a los espa?oles el derecho al sufragio pasivo es claro y taxativo", estima Jos¨¦ Pedro P¨¦rez Llorca, ex ministro de UCID y miembro asimismo de la ponencia constitucional.

"Nos guste o no, habr¨¢ que revisar la Constituci¨®n", asegura tambi¨¦n el catedr¨¢tico Manuel Jim¨¦nez de Parga, primer jurista que advirti¨® sobre la necesidad de la reforma. Se?ala que un pa¨ªs de la CE como Francia ya se apresta a realizar una reforma constitucional para adaptarse a los acuerdos de Maastricht. En cambio, la Constituci¨®n portuguesa no tendr¨¢ que reformarse, porque equipara los derechos y deberes del ciudadano portugu¨¦s con los de los extranjeros residentes en Portugal. Jim¨¦nez de Parga recuerda que cuando en 1978 se redact¨® el texto constitucional, en Espa?a "todav¨ªa estaba vigente la creencia en unas fronteras que separaban mucho".

"Est¨¢ perfectamente claro", indica otro jurista, Diego L¨®pez Garrido, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional y miembro de Izquierda Unida, "que el art¨ªculo 13, apartado 2, establece que s¨®lo los espa?oles tienen derecho a ser elegidos. Aprobar el tratado de Maastricht exige la reforma".

Dudas en Justicia

El ministro de Justicia, Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo, declin¨® dar su opini¨®n, pero en fuentes del Ministerio de Justicia se han constatado las dudas que existen sobre la materia, por lo que el departamento se inclina por consultar al Tribunal Constitucional. El propio Consejo de Estado, que elabor¨® su dictamen en s¨®lo 10 d¨ªas, el pasado mes de junio, se?al¨® que "la cuesti¨®n sobre la que se dictamina admite derivaciones argumentales quepodr¨ªan justificar algunas reservas cautelares a las tesis que se han desarrollado".

El alto ¨®rgano consultivo record¨® al Gobierno que existe un mecanismo previsto en la propia Constituci¨®n "que permite despejar las dudas que en situaciones semejantes puedan surgir". Se tratar¨ªa de acudir al Tribunal Constitucional "para que, con car¨¢cter previo a la celebraci¨®n de un tratado, declare si existe o no contradicci¨®n entre ese tratado y la norma fundamental". Fuentes de dicho tribunal, consultadas por EL PA?S, aseguran que por el momento no se ha producido esa consulta. Seg¨²n Peces-Barba, cabr¨ªa la posibilidad de que el alto tribunal dictara "una resoluci¨®n interpretativa" del art¨ªculo 13 que permitiera el sufragio pasivo de los europeos en elecciones municipales. Tal soluci¨®n, seg¨²n otras fuentes, resultar¨ªa muy forzada, dado que el art¨ªculo 13 excluye a los extranjeros la posibilidad de ser elegidos en Espa?a, al establecer la ¨²nica salvedad de que puedan ser electores en los comicios municipales.