El drama de la coIza

EL DRAMA humano de la colza, el recuerdo de los cientos de v¨ªctimas mortales del criminal comercio y la existencia doliente de los miles de ciudadanos que todav¨ªa padecen sus estigmas f¨ªsicos y ps¨ªquicos, ha vuelto a representarse ante los tribunales de justicia y, como en un espejo, ante la sociedad. Y de nuevo, como hace casi tres a?os, en el juicio celebrado ante la Audiencia Nacional, se ha hecho patente en la vista del recurso ante el Tribunal Supremo la inanidad de los c¨®digos y de los procedimientos legales ante la magnitud del envenenamiento colectivo.Ni la ley ni la justicia, es cierto, se bastan por s¨ª mismas para resta?ar las profundas heridas de aquel vil mercadeo y borrar el mal expandido a su alrededor por quienes lo propiciaron con su desmedido af¨¢n de lucro y su absoluto desprecio por la salud y la vida de sus semejantes. Pero cuando los afectados piden la imposici¨®n de penas m¨¢s proporcionadas al da?o que se les ha hecho y la solidaridad del Estado con la situaci¨®n que sufren est¨¢n planteando cuestiones de ning¨²n modo ajenas a la ley y que los tribunales tienen en sus manos resolver.

M¨¢s all¨¢ de los enrevesados tecnicismos jur¨ªdicos del recurso, el mensaje de los supervivientes de la tragedia de la colza ha sido claro: penas m¨¢s graves a los culpables de su desgracia, mayor flexibilidad en los criterios de reconocimiento de las v¨ªctimas mortales -tasadas judicialmente en 330 frente a las 955 estimadas de modo oficioso- y reajuste en cuanto a n¨²mero y categor¨ªas del colectivo de afectados, calculado en unos 25.000, a efectos de la percepci¨®n de las correspondientes prestaciones econ¨®micas y sociales. Sin duda, tal mensaje tiene firme apoyatura en la ley, como lo demuestra la postura del ministerio fiscal de seguir exigiendo para los responsables de la tragedia de la colza -primero ante la Audiencia Nacional y ahora ante el Supremo- una condena por homicidio y no s¨®lo por un delito contra la salud p¨²blica.

El que dentro del marco legal la condena pueda ser m¨¢s o menos rigurosa no importa tanto a los afectados y a los familiares de las v¨ªctimas mortales como a la sociedad en su conjunto. Y no, obviamente, por sentimientos de venganza, sino por evitar que la sensaci¨®n de impunidad induzca a otros desaprensivos a. la realizaci¨®n de pr¨¢cticas comerciales tan irresponsables como la del desv¨ªo para el consumo humano de aceite de colza industrial. Es dificilmente admisible que los que se aventuran en tales pr¨¢cticas por motivos de lucro no consientan o acepten los graves riesgos que se derivan de las mismas para la salud y la vida de las personas, aunque no tengan la intenci¨®n de provocarlos directamente. De ah¨ª la razonable postura del ministerio fiscal de considerar las actuaciones de los que desencadenaron la tragedia de la colza como homicidios culposos.

De otro lado, la aceptaci¨®n judicial de la tesis del consumo de aceite de colza como causante del s¨ªndrome t¨®xico sigue siendo una firme base para la exigencia de responsabilidades a la Administraci¨®n. Sin duda, este consumo es imputable a quienes se beneficiaron de ¨¦l. Pero s¨®lo fue posible en un clima de omisiones y de negligencias pol¨ªticas y administrativas. De ah¨ª que sea pol¨ªtica y ¨¦ticamente rechazable el que el Estado -gobernado hoy por un partido que obtuvo en su momento grandes r¨¦ditos electorales a costa de la tragedia del envenenamiento por aceite de colza- siga vinculando la entrega de indemnizaciones a los afectados a una hipot¨¦tica obligaci¨®n de car¨¢cter penal, en lugar de asumir el elemental compromiso de solidaridad por propia iniciativa. En todo caso, el anunciado adelantamiento por parte del juez Bueren de los tr¨¢mites del segundo sumario, en el que se investigar¨¢ la culpabilidad, o no, de los llamados altos cargos de la Administraci¨®n permite deducir el inter¨¦s de la justicia por clarificar las posibles responsabilidades subsidiarias del Estado en el asunto.