Netanyahu, buscado como Putin

La ley internacional debe ser igual para todos sin distinci¨®n. Las vidas de todos los seres humanos tienen id¨¦ntico valor y de ah¨ª que todas las v¨ªctimas merezcan justicia y reparaci¨®n por igual. El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, se ha visto obligado a recordar estos principios con motivo de la orden de detenci¨®n internacional, dictada por unanimidad de los tres jueces del tribunal, contra el primer ministro de Israel, Benjam¨ªn Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, como sospechosos de cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la franja de Gaza.

Esta es la decisi¨®n probablemente m¨¢s trascendente del Tribunal creada por el Estatuto de Roma en 1998: que obliga a los 124 Estados firmantes. Netanyahu y Gallant pasan a engrosar la reducida n¨®mina de los gobernantes que corren el riesgo de ser detenidos en cumplimiento de la orden de arresto si viajan a alguno de los pa¨ªses firmantes del Estatuto de Roma. Es la misma situaci¨®n en la que est¨¢ el presidente ruso, Vlad¨ªmir Putin. La orden de detenci¨®n pone a prueba la autoridad del tribunal y el compromiso de los firmantes. El h¨²ngaro Viktor Orb¨¢n se ha apresurado a invitar a Netanyahu con el prop¨®sito doloso de desafiar la orden. Son decisiones pol¨ªticas que destruyen la divisi¨®n de poderes y el Estado de derecho all¨ª donde lo haya.

El Gobierno extremista israel¨ª considera la decisi¨®n una expresi¨®n del antisemitismo. El presidente de EE UU, Joe Biden, ha denunciado una pretendida equivalencia inadmisible con Ham¨¢s, cuyos dirigentes tambi¨¦n han sido inculpados. Exageraciones al margen, la exigencia de justicia debe amparar a todos. Estas reacciones son un reflejo de la doble vara de medir que permite aplaudir la orden de detenci¨®n contra Putin y criticar la de Netanyahu. No es sostenible un mundo a dos velocidades, con pa¨ªses que se consideran autorizados a exigir al resto que cumplan la legalidad internacional solo cuando es para su provecho, y a vulnerarla en caso contrario.

Israel se encuentra ahora ante un dilema, entre recurrir la orden de detenci¨®n y aceptar impl¨ªcitamente la legitimidad del Tribunal, o boicotearla por todos los medios, especialmente los que le proporcionar¨¢ la pr¨®xima administraci¨®n Trump a partir del 20 de enero. Estados Unidos no forma parte del TPI, pero ha aprovechado circunstancialmente su jurisdicci¨®n cuando le ha convenido, como ha sido el caso contra Putin. Con Trump lleg¨® a imponer sanciones contra la fiscal del TPI ante su pretensi¨®n de investigar presuntos cr¨ªmenes de guerra de Estados Unidos en Afganist¨¢n y de Israel en los territorios palestinos.

El riesgo que corren los escasos pero valiosos avances de la justicia penal internacional son enormes. De prosperar tales amenazas, la impunidad se extender¨ªa sobre todos quienes vulneran sistem¨¢ticamente los derechos humanos y el derecho humanitario, desde Maduro hasta Bachar el Asad. La actitud que corresponde a todo pa¨ªs democr¨¢tico, como Israel, es abstenerse de actuaciones susceptibles de investigaci¨®n del TPI, como es el cerco de hambre a los gazat¨ªes. Deber¨ªa adem¨¢s demostrar su capacidad de investigar y castigar los cr¨ªmenes en sus propias instituciones.

El TPI solo act¨²a cuando nadie m¨¢s lo hace ante una injusticia flagrante, y debe inhibirse cuando los cr¨ªmenes son perseguidos adecuadamente por los tribunales del pa¨ªs. No ha sido este el caso de Israel desde que empez¨® una guerra que se pretend¨ªa de defensa, pero ha resultado de venganza e incluso de exterminio de la poblaci¨®n palestina y de ocupaci¨®n de sus territorios internacionalmente reconocidos.