Los sindicatos se oponen al plan del PP de privatizar la seguridad de las c¨¢rceles

Los sindicatos mayoritarios de prisiones se han opuesto totalmente a que la seguridad de las mismas se conceda a empresas privadas, y adem¨¢s rechazan las acusaciones de Rogelio Ba¨®n, diputado del PP, que dijo que los funcionarios permiten el consumo de drogas porque eso relaja a los delincuentes. Fuentes penitenciarias sostienen que en 1990 fueron interceptados m¨¢s de 32 kilos de estupefacientes destinados a reclusos.

UGT, CC OO y CSIF mostraron ayer su oposici¨®n frontal a que la vigilancia y la administraci¨®n de las prisiones deje de ser competencia de la Guardia Civil y pase a manos de empresas privadas, posibilidad defendida el lunes por Ba¨®n en el Parlamento. "El Estado es quien castiga las conductas criminales y debe de ser el Estado quien controle la ejecuci¨®n de las mismas. Si esto estuviera en manos particulares, podr¨ªa haber abusos y discrecionalidad en su aplicaci¨®n", declar¨® un portavoz de CC OO. "Lo ¨²nico que buscar¨ªan estas empresas ser¨ªa hacer negocio a costa de que los internos llegaran a ser esclavos", agreg¨® un dirigente de CSIF.Rogello Ba¨®n, portavoz del PP en la comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso, opin¨® el pasado lunes que los funcionarios de las c¨¢rceles toleran el tr¨¢fico de drogas porque as¨ª es m¨¢s f¨¢cil gobernar estos centros. Los tres sindicatos citados niegan tajantemente- esta acusaci¨®n. Un dirigente de CC OO asegura: "Si no hubiera droga en las prisiones, la vida en ellas ser¨ªa mucho m¨¢s tranquila. No hay nadie que pueda creer que nosotros favorecemos su consumo entre los internos. La droga genera m¨¢s conflictos que los que evita".

Los representantes sindicales criticaron al diputado por "hablar sin tener pruebas". Seg¨²n datos de Instituciones Penitenciarias, en 1990 se interceptaron casi 1.500 alijos con un peso global de 32.662 gramos. UGT asegura que los funcionarios "est¨¢n en alerta pernianente" contra la droga. CC OO "tiene noticias, pero no pruebas" de la deuda de 6.000 millones de pesetas contra¨ªda con los peque?os distribuidores por Instituciones Penitenciarias, el departamento que dirige Antoni Asunci¨®n, como denunci¨® Ba¨®n.

Por otra parte, el Gobierno brit¨¢nico ha encargado a unaempresa privada la seguridad de la c¨¢rcel de la regi¨®n de Humberside, cuya inauguraci¨®n est¨¢ prevista para abril, informa Reuter. La oposici¨®n pol¨ªtica est¨¢ en contra por considerarlo "una abdicaci¨®n" de las tareas del Ejecutivo.