La 'ley Corcuera' entra en vigor con la desconfianza expl¨ªcita de los jueces

La Ley de Seguridad Ciudadana, uno de los proyectos que m¨¢s pol¨¦mica han generado en los 10 a?os de Gobierno socialista, entra hoy en vigor, al haber transcurrido 20 d¨ªas desde su publicaci¨®n en el BOE. Las asociaciones de jueces, abiertamente opuestas durante la tramitaci¨®n a algunos de sus preceptos, consideran previsible la interposici¨®n de cuestiones de constitucionalidad por parte de magistrados.

La ley Corcuera es aplicable desde hoy, viernes 13, pese a que su constitucionalidad es puesta en duda por cuatro grupos parlamentarios, tres asociaciones de jueces y una plataforma c¨ªvica integrada, entre otras formaciones, por los dos sindicatos mayoritarios. El PP presentar¨¢ un recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo la anulaci¨®n de cuatro art¨ªculos y la suspensi¨®n cautelar de su vigencia.Adem¨¢s, el Defensor del Pueblo ha recibido varias peticiones para que recurra la ley. La Plataforma para las Libertades, que integra a UGT y CCOO entre otros grupos, presentar¨¢ a ?lvaro Gil Robles a finales de marzo pliegos con decenas de miles de firmas apoyando la misma solicitud.

La ley llegar¨¢ tambi¨¦n al Constitucional, previsiblemente de la mano de alg¨²n juez que tenga que aplicarla. Los jueces tienen la posibilidad de plantear la cuesti¨®n de constitucionalidad cuando alberguen dudas sobre la adecuaci¨®n de una norma a la Carta Magna.

Las asociaciones judiciales niegan haber dado consignas para plantear la cuesti¨®n de constitucionalidad, pero ven probable que alg¨²n juez tome la iniciativa. "Si alguno cree que se vulneran derechos constitucionales, se plantear¨¢ sin duda", afirma Antonio Gil Merino, portavoz de Jueces para la Democracia. ?ngel Calder¨®n, de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), es de la misma opini¨®n: "No estamos pensando a priori en hacerlo, pero si alg¨²n juez se ve en situaci¨®n extrema, lo presentar¨¢, sin duda". Enrique Collado, de la directiva de Francisco de Vitoria, cree "bastante probable" la interposici¨®n de la cuesti¨®n de constitucionalidad.

"Vuelta al franquismo"

Jueces para la Democracia estima que la consulta al Constitucional podr¨ªa darse respecto al art¨ªculo 21, relativo a la entrada de la polic¨ªa en domicilios sin mandamiento judicial "en situaciones distintas a las de delito flagrante, que son las aceptadas por la Constituci¨®n". La APM se refiere tambi¨¦n al art¨ªculo 20. "Contradice la doctrina del Tribunal Constitucional", asegura Calder¨®n, "que ha establecido la imposibilidad de la retenci¨®n".Ahora "se vuelve al franquismo", seg¨²n Collado, y ser¨¢ el juez quien decida si suspende la ejecuci¨®n de la sanci¨®n, con el riesgo de que pueda anularse una multa a?os despu¨¦s de haberla pagado. Ninguna de las tres asociaciones cree sustanciales los cambios en la tramitaci¨®n parlamentaria. Para Gil Merino, "se trata de modificaciones m¨¢s bien superficiales" y Calder¨®n los califica de "retoques gramaticales".

Por otro lado, el ministro del Interior, Jos¨¦ Luis Corcuera, manifest¨® ayer que "ser¨ªa un encanto que los cr¨ªticos a la ley se volvieran ahora exigentes y mirasen con lupa sus repercusiones positivas".