El Poder Judicial, por 11 votos a 6, cree id¨®neo a Hern¨¢ndez para fiscal general

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ.) inform¨® ayer favorablemente -por 11 votos a seis y con una abstenci¨®n- la propuesta del Ministerio de Justicia. para la designaci¨®n del magistrado y vocal del Consejo, Eligio Hern¨¢ndez, en sustituci¨®n de Leopoldo Torres como Fiscal general del Estado. El presidente del CGPJ declin¨® pronunciarse sobre la procedencia del informe remitido por el Consejo, Fiscal al Gobierno, y que desencaden¨® el conflicto con el Ejecutivo, pero dijo que no contiene "cuestiones de naturaleza fundamental".

Previamente a la votaci¨®n sobre Hern¨¢ndez, se discuti¨® si era preceptivo el informe del CGPJ antes del cese de Torres, ya que el Estatuto del Ministerio Fiscal establece que "el fiscal general del Estado ser¨¢ nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, o¨ªdo previamente" el CGPL La minor¨ªa argument¨® que la dimisi¨®n o destituci¨®n es irrelevante, ya que la ley habla del "cese" y, sea o no ¨¦ste a voluntad propia, la decisi¨®n es del Gobierno. Por 14 votos a cuatro se impuso, en palabras de Sala, que "no puede disociarse el cese del nombramiento", por lo que basta un s¨®lo informe.Resuelto este primer escollo, se deliber¨® sobre si Hern¨¢ndez es un jurista "de reconocido prestigio con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio efectivo de su profesi¨®n" de magistrado. Un veterano fiscal record¨® ayer a este peri¨®dico que, cuando se introdujo este requisito en el Estatuto del Ministerio Fiscal elaborado en 1981, se adjetiv¨® el tiempo de ejercicio profesional con la palabra "efectivo" en evitaci¨®n de que los Gobiernos de turno. colocaran a la cabeza de los fiscales juristas procedentes del Ejecutivo, "en concreto, ex gobernadores civiles, como era frecuente durante el franquismo".

Ex gobenador

El pleno deliber¨¦ sobre si a los menos de ocho a?os de ejercicio activo de Hern¨¢ndez como magistrado se le pueden sumar como "ejercicio efectivo de su profesi¨®n" los siete que ejerci¨® como gobernador civil o delegado del Gobierno en Canarias y el tiempo que lleva como miembro del ¨®rgano de gobierno del poder judicial. En ausencia de Hern¨¢ndez y de dos vocales por enfermedad, 11 votaron a favor, seis en contra y uno se abstuvo.Votaron a favor el presidente, Sala, y los vocales Ignacio Sierra, Juan Alberto Belloch, Tom¨¢s S. Vives, Soledad Mestre, Javier G¨®mez de Lia?o, Juan Antonio Xiol y Fernando Jim¨¦nez Lablanca (este ¨²ltimo, fiscal de profesi¨®n). En contra, se pronunciaron y anunciaron un voto particular, el vicepresidente Jos¨¦ Luis Manzanares y los vocales Jos¨¦ Antonio Zarzalejos -fiscal-, Andr¨¦s-de la Oliva, Margarita Mariscal de Gante, Antonio Mar¨ªn Rico y Julio Padilla. Se abstuvo Antoni Bruguera.

Sala explic¨® ayer a los informadores su voto favorable a la idoneidad de Hern¨¢ndez y a su derecho a ser elegido, a pesar de sus a?os de carrera en "servicios especiales". Preguntado sobr¨¦ el contenido del informe del Consejo Fiscal al Gobierno sobre la situaci¨®n del Ministerio Fiscal, Sala reconoci¨® haberlo leido y asegur¨® que no aborda "cuestiones de naturaleza fundamental". Preguntado sobre la procedencia de su remisi¨®n al Ejecutivo, manifest¨®, sonriente: "No lo he estudiado". Ante la petici¨®n de que, a pesar de ello, repentizara una respuesta, Sala sonri¨® con gesto p¨ªcaro y declin¨® contestar.

Preguntado sobre su modelo constitucional de fiscal, ante las distintas versiones, Sala declar¨®: "No hay que poner el acento en un principiob en dos, sino en todos los que figuran en la Constituci¨®n: unidad de actuaci¨®n, dependencia jer¨¢rquica, legalidad e imparcialidad".

La primera hora del pleno se dedic¨® a discutir el acta de la sesi¨®n ¨²ltima y la informaci¨®n sobre la misma de EL PA?S de ayer, en torno a la cual se manifestaron con acritud Manzanares, Zarzalejo y Padilla. Este ¨²ltimo inform¨® que De la Oliva pidi¨® la modificaci¨®n del acta.

Aunque figuraba en el orden del d¨ªa, el pleno no resolvi¨® el recurso de la juez de vigilancia penitenciaria Manuela Carmena contra la sanci¨®n encubierta de que fue objeto por haber permitido que dos expertos en derechos humanos la acompa?ar¨¢n en una visita a la c¨¢rcel.