Los sindicatos dejan la ¨²ltima palabra sobre los servicios a una comisi¨®n y no al Gobierno

Los sindicatos CC OO y UGT presentaron ayer su propuesta para una nueva ley de huelga, que es abiertamente contraria a la presentada por el Gobierno. Las centrales dan la ¨²ltima palabra a una comisi¨®n de expertos nombrada por el Parlamento a la hora de concretar los servicios esenciales y m¨ªnimos que deben cumplirse cuando no exista un acuerdo previo entre la Administraci¨®n y los sindicatos de cada sector o en una empresa concreta. Con car¨¢cter general, se contempla una lista cerrada y por ley de 15 servicios esenciales. Esta propuesta no incluye expresamente el despido como sanci¨®n. Si se acepta su alternativa, los sindicatos se comprometen a no hacer coincidir las huelgas en sectores y d¨ªas clave.

La propuesta sindical, elaborada por UGT y CC OO junto a ocho catedr¨¢ticos expertos en derecho laboral, persigue quitar al Gobierno la ¨²ltima potestad en la fijaci¨®n de los servicios esenciales. Como explic¨® Nicol¨¢s Redondo, Ia autoridad gubernativa es juez y parte, y hasta ahora s¨®lo ha intentado limitar el derecho de huelga". Frente a ello "se propone un sistema pactado o de arbitraje independiente".Por su parte, el secretario general de CC OO, Antonio Guti¨¦rrez, se?al¨®: "Desde hace mucho tiempo hemos mostrado nuestro empe?o en que se regule la ley de huelga de forma que el ejercicio de este derecho no amenace otros derechos fundamentales de los ciudadanos". Esta actitud contrasta, seg¨²n Guti¨¦rrez, con la del Gobierno, que ha presentado un borrador "de forma unilateral y con fines regresivos". Ambas centrales reiteraron, no obstante, que su postura sigue abierta al di¨¢logo.

La propuesta sindical desarrolla ¨²nicamente el art¨ªculo de la Constituci¨®n que hace referencia al derecho a la huelga, sin entrar en otros aspectos, como el del cierre patronal, "ya que no se trata de un derecho fundamental", seg¨²n explic¨® el catedr¨¢tico Luis Enrique de la Villa, uno de los autores del proyecto. Distingue entre servicios esenciales a proteger y los m¨ªnimos, "ya que los primeros son el fin, y los segundos, el medio".

La nueva ley de huelga debe fijar, en su opini¨®n, una lista cerrada de los servicios esenciales -se proponen 15-, a diferencia del borrador del Gobierno, donde la relaci¨®n se deja abierta para incorporar jurisprudencia posterior. Seg¨²n los sindicatos, su alternativa en este punto persigue la seguridad jur¨ªdica y evitar arbitrariedades por parte del Gobierno y conflictos posteriores.

Una vez aprobada la ley en el Parlamento, cada sector de actividad se regir¨¢ por "acuerdos en fr¨ªo"; es decir, previos a la convocatoria de la huelga y con car¨¢cter duradero. Estos pactos se suscribir¨¢n entre los sindicatos m¨¢s representativos de cada sector y el organismo de la Administraci¨®n competente. Las empresas no estar¨¢n presentes en la negociaci¨®n, ya que, seg¨²n los expertos, "lo que est¨¢ en juego es el derecho de los trabajadores a la huelga, y el de los ciudadanos, a la obtenci¨®n de un servicio p¨²blico, pero nada m¨¢s".

Si no existe este acuerdo entra en juego una comisi¨®n de expertos, formada en principio por cinco miembros, y nombrada por el Parlamento de la naci¨®n o el regional, seg¨²n el alcance de la huelga. La comisi¨®n emitir¨¢ un laudo vinculante, pero transitorio, hasta que las partes alcancen un acuerdo.

La propuesta del Gobierno no contempla este paso previo de los servicios esenciales por sectores, sino que pasa directamente a la regulaci¨®n de los m¨ªnimos. En este aspecto se reserva la ¨²ltima palabra en el caso de considerar insuficientes los que fijen los sindicatos cuando no hayan llegado a acuerdos en sus empresas. La alternativa de las centrales, por el contrario, consiste en que ¨¦stas presentar¨¢n a la empresa -10 d¨ªas antes de la huelga- una propuesta concreta para el cumplimiento de los m¨ªnimos. Si no hay acuerdo se fijar¨¢n seg¨²n los procedimientos se?alados en los pactos sectoriales.

El alcance de las sanciones por incumplimiento de estas normas tambi¨¦n difiere entre ambas propuestas. El Gobierno contempla la posibilidad de despido, mientras que las centrales no la incluyen. ¨²nicamente se?alan que las sanciones ser¨¢n proporcionales a la gravedad del incumplimiento. La procedencia o no del despido ser¨ªa dictaminada por los tribunales de lo social.

Los sindicatos declaran su voluntad de no hacer coincidir las huelgas en determinados servicios y no realizarlas en fechas clave si se aceptan sus propuestas.