El alcalde de Pinto se sienta en el banquillo

El alcalde de Pinto (21.700 habitantes), Carlos Penit, de IU, declar¨® ayer al tribunal que lo juzga por un presunto delito de prevaricaci¨®n que no sab¨ªa nada sobre la concesi¨®n de licencias urban¨ªsticas irregulares. Tambi¨¦n se sentaron ayer en el banquillo otros dos miembros del Ayuntamiento -uno de ellos, el primer teniente de alcalde, Juan Antonio Gonz¨¢lez-, a los que el fiscal acusa de prevaricaci¨®n, cohecho y falsificaci¨®n de documento p¨²blico. El juicio, que empez¨® ayer en la Secci¨®n 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, proseguir¨¢ el pr¨®ximo lunes.

Los hechos por los que est¨¢n siendo juzgados el alcalde y otras dos personas -entre ellas Gonz¨¢lez, tambi¨¦n edil de Urbanismo- ocurrieron en 1983. El constructor Manuel Cobo Calleja solicit¨® al Ayuntamiento de Pinto unas licencias de obras y segregaci¨®n para unas naves que ya estaban construyendo en un pol¨ªgono situado entre Pinto y Fuenlabrada, denominado Cobo Calleja.Seg¨²n se explic¨® en el juicio, estas solicitudes necesitaban un informe t¨¦cnico favorable del arquitecto del Ayuntamiento. Aunque no era vinculante, s¨ª se consideraba muy importante para que fueran aprobadas por la comisi¨®n municipal permanente a la que pertenec¨ªan los tres encausados.

Terreno r¨²stico

El arquitecto municipal inform¨® en contra porque las naves estaban siendo construidas sobre un terreno que, en su opini¨®n, era r¨²stico y no urbanizable. Pero estos informes no fueron incluidos en el expediente de solicitud de licencias, por lo que fueron aprobadas.

Posteriormente, el Ayuntamiento declar¨® la zona como r¨²stica, aunque poco despu¨¦s la Comunidad de Madrid oblig¨® a la corporaci¨®n a que lo reclasificara como zona, industrial. Las disensiones entre los concejales del Ayuntamiento desembocaron en una moci¨®n de censura contra el alcalde, que no prosper¨®, por parte de miembros de su propio partido, que posteriormente fueron destituidos y que son algunos de los que presentaron en 1989 la querella que dio lugar a este juicio.

Seg¨²n los denunciantes, el alcalde cobr¨® 30 millones de pesetas por esta operaci¨®n urban¨ªstica, aunque durante el juicio el abogado defensor, Gonzalo Mart¨ªnez Mourullo, present¨® testigos que afirmaron que las altas sumas que Penit percib¨ªa eran el sueldo de los concejales de su partido, que posteriormente ¨¦l distribu¨ªa.

El alcalde se?al¨® al tribunal que no comprob¨® si el expediente de solicitud de licencia era correcto, porque se fiaba de su equipo de gobierno y del jefe del negociado de cada ¨¢rea. En el mismo sentido declararon el concejal de Urbanismo y el secretario del Ayuntamiento, Salvador Rocha, que negaron tener conocimiento de la ausencia del informe t¨¦cnico en el expediente de Cobo Calleja.

El fiscal solicita que se inhabilite durante seis a?os al alcalde por prevaricaci¨®n, mientras que el acusador particular pide 15 a?os de inhabilitaci¨®n por ese delito, dos a?os de prisi¨®n por el de cohecho y otros seis a?os por el de falsificaci¨®n de documento p¨²blico.