El Estado ha indemnizado con m¨¢s de 37.000 millones a ex presos pol¨ªticos
M¨¢s de 100.000 v¨ªctimas de la dictadura franquista han solicitado ser indemnizados por haber estado presos durante tres a?os o m¨¢s por "actos de intencionalidad pol¨ªtica", antes de la amnist¨ªa de 1977. El Estado ha pagado ya 37.697 millones de pesetas a los 35.180 ciudadanos cuyos expedientes han sido resueltos favorablemente. La situaci¨®n ha desbordado todas las previsiones del Gobierno, que en 1990 estim¨® entre 12.000 y 15.000 los posibles beneficiarios. Entre los ya indenmizados est¨¢n Ram¨®n Rubial, presidente del PSOE, el sindicalista Marcelino Camacho y el dramaturgo Antonio Buero Vallejo.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990 establece en su disposici¨®n adicional que "quienes hubieran sufrido privaci¨®n de libertad en establecimientos penitenciarios durante tres o m¨¢s a?os... tendr¨¢n derecho a percibir por una sola vez una indemnizaci¨®n".?sta qued¨® fijada en un mill¨®n de pesetas para tres a?os de prisi¨®n y otras 200.000 por cada periodo adicional de tres a?os completos. El peticionario deb¨ªa tener 65 a?os el 31 de diciembre de 1990. El Ministerio de Hacienda es quien paga pero antes el ex preso pol¨ªtico ha debido pasar una larga espera hasta demostrar que estuvo encarcelado y el plazo. Tarea nada f¨¢cil por los a?os transcurridos y la dispersi¨®n de los documentos.
17 funcionarios de la Secretar¨ªa General de Asuntos Penitenciarios han resultado una pieza clave. Se encargan de recopilar pruebas, recabando de todas las prisiones los documentos precisos. La c¨¢rcel de Carabanchel ha expedido hasta ahora m¨¢s de 15.000 certificados; la de Valencia, casi 10.000; la de Burgos, 8.500, y la de Barcelona, unos 7.000. El Ministerio de Defensa ha tramitado unos 51.000 certificados de encarcelamiento. Y el de Cultura, encargado del Archivo General de la Administraci¨®n, ha hecho lo mismo en 55.000 casos.
El servicio de atenci¨®n al ciudadano de la Secretar¨ªa General, que hace de puente entre los organismos implicados, ha finalizado 56.687 expedientes y tiene en tramitaci¨®n 45.458, seg¨²n su responsable, Jos¨¦ Ignacio Hern¨¢ndez. El servicio ocupa un edificio de Madrid donde hace a?os se descubri¨® un escondite con documentos de Rumasa.
26.233 de los indemnizados hasta ahora han percibido un mill¨®n de pesetas por tres a?os en prision. Pero otros siete ciudadanos han cobrado 2.400.000 pesetas, lo que supone que cada uno pas¨® en las c¨¢rceles un m¨ªnimo de 24 a?os. Jos¨¦ Ignacio Hern¨¢ndez estima que m¨¢s del 90% de los que tienen derecho a indemnizaci¨®n son presos de la guerra civil y el resto represaliados con posterioridad. "Bastantes fueron condenados por masoner¨ªa y otros por auxilio a bandoleros, que era como se denominaba a los maquis" se?ala.
An¨®nimos y c¨¦leberes
Tambi¨¦n hay casos de v¨ªctimas de denuncias falsas. "Recuerdo a un se?or que estuvo preso acusado de haber asaltado una iglesia y asesinado al cura. El sacerdote apareci¨® luego vivo" relata Hern¨¢ndez. Entre los m¨¢s de 100.000 solicitantes hay 43.600 viudos o viudas de quienes estuvieron encarcelados. Pero el ex militar republicano Rafael Vicente Lago, por ejemplo, no ha perdido, a sus 98 a?os, la esperanza de poder demostrar los cinco que vivi¨® preso por "auxilio a la rebeli¨®n".
Otros indemnizados son menos desconocidos. En la relaci¨®n figuran Ram¨®n Rubial, presidente del PSOE; el viejo militante comunista Sim¨®n S¨¢nchez Montero, que ha cobrado 1.400.000 pesetas por 11 a?os de c¨¢rcel; Marcelino Camacho, fundador de CC 00, condenado a 20 a?os en el famoso Proceso 1.001, y el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, autor de Historia de una escalera, que ha percibido 1.200.000 pesetas por seis a?os y medio de prisi¨®n, de los que ocho meses estuvo en capilla en espera de ser ejecutado.
Desempolvar el pasado
"Hay una buena base de documentaci¨®n, pese a lo convulso de la ¨¦poca", asegura un funcionario de la Secretar¨ªa General de Asuntos Penitenciarios. Y eso que Espa?a se llen¨® en la dictadura de "c¨¢rceles habilitadas" en conventos, castillos, ayuntamientos y caserones, en ocasiones sin archivo. Incluso en. barcos como el Upo Mendi, fondeado en la r¨ªa de Bilbao.Afortunadamente para las v¨ªctimas, la mayor¨ªa de los fondos documentales pasaron a las prisiones provinciales. "Hay fondos documentales muy buenos en las c¨¢rceles de Burgos, Le¨®n y Albacete, por ejemplo, pero las que est¨¢n cerca del mar conservan los documentos en muy mal estado por la humedad", dicen en Asuntos Penitenciarios. En alg¨²n archivo es necesario entrar provisto de mascarilla para buscar un papel.
En muchos casos, los propios interesados hacen alarde de una memoria incre¨ªblemente l¨²cida y proporcionan las pistas o guardan un papel, una foto amarillenta, una cartilla con la firma de los compa?eros de cautividad, un certificado de libertad condicional... que sirve para empezar. Quienes tratan a diario con los veteranos ex presos pol¨ªticos comentan que muchos no ans¨ªan tanto el dinero como poder demostrar que fueron v¨ªctimas de una condena injusta.
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