Escuchas

LA CONFIDENCIALIDAD de las conversaciones telef¨®nicas es un derecho fundamental especialmente protegido por la Constituci¨®n. De ah¨ª que todos los poderes p¨²blicos est¨¦n obligados no s¨®lo a respetarlo en sus actuaciones sino a defenderlo de manera activa cuando es conculcado y, en igual medida, que los tribunales de justicia otorguen su amparo de forma preferente a los ciudadanos afectados y con la mayor prontitud.Cuando el Grupo Popular solicita la intervenci¨®n del fiscal general del Estado en el esclarecimiento de los presuntos casos de escuchas telef¨®nicas ilegales que ¨²ltimamente han tenido como protagonistas, a pol¨ªticos, financieros, abogados y periodistas, recuerda uno de los deberes b¨¢sicos del ministerio fiscal. Pero el recordatorio no es de ning¨²n modo superfluo: la iniciativa del fiscal general del Estado ha brillado por su ausencia cuando se trata de salir al paso, con el C¨®digo Penal en la mano -desde 1984 las escuchas telef¨®nicas sin autorizaci¨®n judicial est¨¢n tipificadas como delito-, de una pr¨¢ctica que este peri¨®dico siempre ha considerado ¨¦ticamente repugnante adem¨¢s de delictiva.

El fen¨®meno del espionaje telef¨®nico, que, como un Guadiana, aparece y desaparece desde hace varios a?os en los entresijos de la vida pol¨ªtica y social espa?ola, representa, sin duda, una seria amenaza no s¨®lo contra el ejercicio de un derecho constitucional privado sino tambi¨¦n contra la limpieza que debe exigirse al juego pol¨ªtico, financiero y, en general, a cualquier actividad p¨²blica. Los indicios -probados en algunos casos- que desde hace a?os apuntan a la proliferaci¨®n de personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que, con los medios que la tecnolog¨ªa moderna proporciona, se dedican a violar impunemente la intimidad de determinados ciudadanos m¨¢s o menos relevantes, a controlar la actividad de sus oponentes pol¨ªticos y de sus rivales profesionales y econ¨®micos, o a saber de antemano la orientaci¨®n de determinadas investigaciones en curso, deber¨ªan bastar para poner en estado del alarma a los jueces, al Gobierno, al resto de las instituciones del Estado y a la sociedad en general, particularmente a sus sectores m¨¢s relevantes.

?ste es un momento oportuno, de nuevo, para que las escuchas telef¨®nicas ilegales sean perseguidas jur¨ªdicamente con el mayor rigor y repudiadas socialmente.