El Constitucional te ampare

Aquella sentencia que declaraba constitucional la expropiaci¨®n de Rumasa; la que justific¨® el derecho de los parlamentarios de Herri Batasuna a jurar la Constituci¨®n "por imperativo legal"; la que borr¨® el escudo de Navarra de los emblemas de Euskadi; por no hablar de los centenares de dict¨¢menes sobr¨¦ conflictos de competencias entre el Gobierno central y las autonom¨ªas... Una radiograf¨ªa completa de la transici¨®n descansa en los ordenadores del Tribunal Constitucional, creado en julio de 1980. Pero tanto poder, que justifica el ejercicio de orfebrer¨ªa pol¨ªtica en que se ha convertido la elecci¨®n y la renovaci¨®n de sus miembros, no ha asustado a los espa?oles de a pie, que son sus principales clientes.

Nada menos que 16.843 recursos de amparo se han presentado ante el alto organismo desde 1980 hasta finales de 1991. Frente a los poco m¨¢s de 1.400 asuntos pol¨ªticos: recursos y cuestiones de incompatibilidad, conflictos de competencias o entre ¨®rganos constitucionales. Claro que estos temas de enjundia s¨®lo pueden plantearlos el presidente del Gobierno, un m¨ªnimo de 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo o lo propios jueces y tribunales.En cambio, al amparo se han acogido los m¨¢s variados personajes. Desde el pr¨®fugo Emilio Hell¨ªn, involucrado en el asesinato de la joven Yolanda Gonz¨¢lez, hasta el torero Rafael de Paula o un grupo cr¨ªtico de ciudadanos partidarios del des-censo, es decir, de perder su calidad de electores, indignados por el Comportamiento del Gobierno espa?ol en la guerra del Golfo. Adem¨¢s de centenares de espa?oles pendientes de un desahucio o a punto de dar con sus huesos en la c¨¢rcel. Todos se agarran al Constitucional, despu¨¦s de haber agotado las instancias judiciales, como al ¨²ltimo clavo ardiendo.

Tampoco hay que ser mal pensados, quiz¨¢ todo se deba, como dice Miguel ?ngel Monta?¨¦s, secretario general del tribunal, "a la confianza que los ciudadanos han puesto en esta instituci¨®n. Incluso en t¨¦rminos coloquiales, es curioso, porque la gente no dice tanto esa expresi¨®n de 'no hay derecho', sino 'esto es inconstitucional".

Y es que el Constitucional es, en cierto sentido, el buque insignia de la justicia espa?ola. Emanado de la Constituci¨®n, se rige por ley org¨¢nica y el sistema de elecci¨®n de sus magistrados, -fijado en la Constituci¨®n- por un periodo m¨¢ximo de nueve a?os, no deja lugar a dudas sobre la importancia pol¨ªtica del cargo. Cuatro de sus 12 miembros los elige el Congreso, otros cuatro el Senado, y los restantes, a partes iguales el Gobierno y el Poder Judicial. Adem¨¢s se renueva por tercios cada tres a?os.

Junto a tanta rigidez, el tribunal tiene grandes prerrogativas de funcionamiento interno. Por ejemplo, goza de autonom¨ªa presupuestaria -el a?o en curso, su presupuesto supera ligeramente los 1.400 millones de pesetas-, y sus 172 trabajadores: los 12 magistrados, 27 letrados que controlan todas las especialidades del derecho, as¨ª como documentalistas, secretarias y funcionarios, cuentan con todos los medios para desarrollar su trabajo. Eso opinan al menos algunos letrados del tribunal.

Letrados que se quejan de un recurso al alto organismo muchas veces abusivo por parte de los abogados. No importa lo que haya que retorcer una causa para lograr que encaje- en alguno de los supuestos de amparo que el Constitucional puede abordar. Que son los derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna desde sus art¨ªculos 14 al 24, adem¨¢s del 30, en el que se aborda el derecho a la objeci¨®n, de conciencia. El art¨ªculo 24, que trata del derecho a una tutela judicial justa y a la presunci¨®n de inocencia, es el m¨¢s invocado.

Recurrentes temerarios

Pero no siempre basta la habilidad leguleya. "La verdad es que m¨¢s del 80% de esos recursos son inadmitidos una vez examinada la documentaci¨®n", explica Monta?¨¦s. "Adem¨¢s, el tribunal, que es el int¨¦rprete y garante de la Constituci¨®n; no juzga jam¨¢s los hechos, lo que hace es emitir un dictamen que podr¨ªamos llamar t¨¦cnico". Pero un dictamen que va a misa.Por eso la gente sigue recurriendo. Eso s¨ª, cuando el tribunal certifica que ha existido mala voluntad o conducta "temeraria", el litigador puede ser multado. Aunque en 12 a?os se ha hecho muy pocas veces.

Lo verdaderamente malo de ese recurso masivo -un fen¨®meno com¨²n a otras instancias judiciales- es que el trabajo se amontona peligrosamente en la sede de Domenico Scarlatti. Mientras los conflictos de competencias son menos frecuentes, cada a?o se plantean m¨¢s recursos de amparo. "Al final, en pleno -sobre los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad deciden todos los magistrados- se est¨¢n viendo unos 50 casos al a?o", dice el secretario general. Pero tampoco se resuelven con m¨¢s celeridad las peticiones de amparo, que pueden tardar dos a?os. Algo que no deja de ser ir¨®nico en un tribunal vig¨ªa de la Constituci¨®n, en la que se reconoce el derecho de los espa?oles a una justicia r¨¢pida.