?D¨¦ficit en el Inem??Qu¨¦ d¨¦ficit?

Una vez constatado el desfase respecto a las previsiones presupuestarias, el Gobierno pudo haber elegido otras f¨®rmulas diferentes al recorte de las prestaciones: incremento de la recaudaci¨®n fiscal o de las cotizaciones, e incluso admitir un mayor d¨¦ficit p¨²blico. Todas ellas son para el autor preferibles a la adoptada.

La pregunta que da t¨ªtulo a este art¨ªculo no tiene una respuesta tan obvia como parece. El concepto de d¨¦ficit no es un¨ªvoco. Existen, al menos, tres posibles significados del t¨¦rmino.En un sentido monetario podr¨ªamos decir que dedicar recursos a la protecci¨®n de los desempleados siempre es una decisi¨®n deficitaria -como la mayor¨ªa de gastos p¨²blicos, se trate de la sanidad o del Ej¨¦rcito- ya que implica destinar recursos a un, fin que no genera ning¨²n tipo de ingresos en dinero. Adem¨¢s, tener que dedicar recursos a la protecci¨®n de los desempleados es sin duda negativo en cuanto refleja la existencia de un problema: el desempleo. Pero, dada una tasa de desempleo, la decisi¨®n de gastar m¨¢s o menos dinero en dicha finalidad es una decisi¨®n que depende de criterios ¨¦ticos y de c¨®mo se analiza el problema del paro.

Cuando se elaboraron los Presupuestos Generales del Estado de 1992 se preve¨ªa gastar un bill¨®n y 250.000 millones de pesetas en prestaciones por desempleo. La cifra es, sin duda, muy importante y, adem¨¢s, ha crecido respecto a los ¨²ltimos a?os. Sin embargo, en Espa?a, actualmente cerca de la mitad de los parados registrados en las oficinas del Inem no cobra ning¨²n tipo de prestaci¨®n econ¨®mica, y de los que s¨ª cobran, casi la mitad recibe ¨²nicamente el subsidio asistencial equivalente al 75% del salario m¨ªnimo interprofesional, es decir, a 42.000 pesetas mensuales. Muchos de los que creemos que el desempleo es fundamentalmente un problema de insuficiente oferta de puestos de trabajo consideramos no s¨®lo. justificado el gasto anterior sino que una sociedad solidaria habr¨ªa de gastar una cifra superior a la anterior, que supone m¨¢s o menos un 2% del PIB, para asegurar una vida digna al m¨¢s del 15% de la poblaci¨®n activa que permanece involuntariamente desempleada. La disminuci¨®n -o, como m¨ªnimo, la congelaci¨®n- de los recursos destinados al desempleo puede, sin embargo, defenderse de dos formas distintas. La primera, que s¨®lo admite discusi¨®n, en el plano ¨¦tico, desde la posici¨®n individualista de los que tienen trabajo y quieren contribuir lo m¨ªnimo (quiz¨¢ s¨®lo hasta el punto de que no se generen problemas de orden p¨²blico) a financiar una actividad monetariamente deficitaria. Otro posible argumento es el de la existencia de fraude; ahora bien, castigar a todos los nuevos parados (que sin pr¨¢ctica excepci¨®n ver¨¢n reducidas sus prestaciones) porque existan casos particulares de fraude ser¨ªa como defender un fuerte incremento de la presi¨®n fiscal sobre las empresas con el ¨²nico argumento -mucho m¨¢s justificado en este caso- de que existe fraude generalizado.

Hay un segundo significado, m¨¢s preciso, de d¨¦ficit. El Inem es un organismo aut¨®nomo que tiene dos fuentes b¨¢sicas de ingresos: las cotizaciones para desempleo de trabajadores y empresas y las aportaciones del Estado. En otras palabras, las cotizaciones por desempleo son ingresos p¨²blicos que se destinan ¨ªntegramente al Inem (como tambi¨¦n las cotizaciones para formaci¨®n profesional) mientras que otra parte de los gastos son cubiertos a cargo de los ingresos fiscales generales del Estado (que no son recaudados para una finalidad espec¨ªfica sino que se distribuyen seg¨²n decisiones pol¨ªticas que quedan reflejadas en los Presupuestos anuales del Estado). En este sentido, podr¨ªamos comparar los ingresos por cotizaciones sociales y los gastos del Inem y tendr¨ªamos un segundo concepto de d¨¦ficit. Seg¨²n los Presupuestos del Estado, la transferencia estatal prevista para 1992 en concepto de desempleo era aproximadamente de 500.000 millones de pesetas.

Si nos fijamos en esta cifra nos podemos preguntar si la juzgamos o no excesiva. La respuesta depender¨¢ de dos cuestiones: la primera, del volumen de recursos (el d¨¦ficit en el primer sentido) que creamos conveniente destinar a protecci¨®n para los desempleados (?un 2% del PIB?, ?un 1%?, ?un 5%), y la segunda, de la forma de financiaci¨®n que creamos m¨¢s conveniente. Aun que es discutible, podr¨ªa defenderse, como han hecho muchas veces las asociaciones empresa riales, la reducci¨®n de las cotiza ciones sociales -que pueden verse como un impuesto sobre el empleo- y su sustituci¨®n, al me nos parcial, por impuestos gene rales. Si esto se diese, el sistema se volver¨ªa m¨¢s deficitario, sin que ello supusiese necesariamente una evoluci¨®n negativa. Por otro lado, si, por ejemplo, los subsidios asistenciales pasasen a depender de un organismo diferente del Inem y en vez de denominarse subsidio de desempleo se denominasen salario social, disminuir¨ªa dr¨¢sticamente el d¨¦ficit del Inem y el gasto legal en de sempleo (ello recuerda la necesidad de ser cauteloso en las comparaciones internacionales si no se tiene en cuenta todo el sistema de prestaciones sociales).

Hay, por ¨²ltimo, un tercer significado de d¨¦ficit, a¨²n m¨¢s concreto, y que es al que sobre todo se hace referencia estos d¨ªas. Se trata del desajuste entre, por un lado, las previsiones de ingresos / gastos de los Presupuestos Generales del Estado de 1992 y, por el otro, la evoluci¨®n efectiva de dichas partidas. El agujero del Inem de varios cientos de miles de millones de pesetas que, de no aplicar el reciente decreto de recorte de prestaciones, se preve¨ªa para 1992 corresponde simplemente a que la aportaci¨®n estatal que efectivamente se est¨¢ realizando es muy superior a la prevista. Lo ¨²nico que ello indica es o bien que el Gobierno se equivoc¨® totaImente hace pocos meses a causa sobre todo de una rotaci¨®n de los trabajadores temporales, que ha resultado mucho mayor que la que el Gobierno esperaba, o bien que el Gobierno preve¨ªa el problema y en vez de plantearlo en el debate parlamentario sobre los Presupuestos del Estado dej¨® que el desequilibrio financiero se agudizase para justificar el recorte de prestaciones.

El d¨¦ficit en el ¨²ltimo sentido es, desde luego, negativo. Pero lo grave no es que haya aumentado el gasto por desempleo sino que haya aumentado de forma imprevista sin que pudiesen arbitrarse medidas para hacer frente a dicho aumento. El marco de discusi¨®n adecuado era, sin duda, el debate general sobre los Presupuestos del Estado estableciendo necesidades fiscales y prioridades de gasto. Dada la falta de previsi¨®n gubernamental, y a la espera del debate sobre los Presupuestos de 1993, la mayor¨ªa de opciones coyunturales hubiesen sido, en mi opini¨®n, mejores que recortar las prestaciones por desempleo: sea aumentar la recaudaci¨®n fiscal, las cotizaciones por desempleo o, m¨¢s simplemente, aceptar que debido al gasto por desempleo no previsto el d¨¦ficit p¨²blico ser¨¢ algo mayor (?un 0,6% del PIB?, ?un 0,2?) que el que existir¨ªa sin aplicar el decreto. En cualquier caso, ninguna de las opciones es incompatible con las exigencias de la convergencia europea que establecen un d¨¦ficit m¨¢ximo del 3% del PIB para 1997 cuando el Gobierno se ha fijado un objetivo mucho m¨¢s ambicioso, del 1% del PIB, para el mismo a?o.

Jordi Roca Jusmet es profesor del Departamento de Teor¨ªa Econ¨®mica de la Universidad de Barcelona.