El Gobierno cumple uno de los compromisos de Gonz¨¢lez para combatir la corrupci¨®n

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer la primera de las tres medidas contra la corrupci¨®n pol¨ªtica prometidas por el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, durante el debate sobre el estado de la naci¨®n del pasado mes, de marzo. Con la luz verde a la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas, el Gobierno proh¨ªbe la contrataci¨®n de las diferentes administraciones del Estado con las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por diversas actividades fraudulentas. La ministra portavoz, Rosa Conde, otorg¨® ayer a esta decisi¨®n el calificativo de "pol¨ªticamente b¨¢sica".

El proyecto de ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas contiene un detallado listado de requisitos para que las empresas contraten con la Administraci¨®n. Entre los requisitos precisa que no podr¨¢n contratar con las administraciones p¨²blicas las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, por falsedad, cohecho, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, tr¨¢fico de influencias (ser¨¢ tipificado en el pr¨®ximo C¨®digo Penal), negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelaci¨®n de secretos o uso de informaci¨®n privilegiada o delitos contra la Hacienda.

Esc¨¢ndalos pol¨ªticos

Estas medidas de endurecimiento del Gobierno ante la contrataci¨®n aparecen estrechamente ligadas al fen¨®meno de la corrupci¨®n pol¨ªtica, que ha emergido durante la ¨²ltima legislatura, tal y como admiti¨® ayer la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde. Los esc¨¢ndalos pol¨ªticos m¨¢s recientes derivan de contrataciones irregulares con el Estado. Casos como el de Juan Guerra, por elegir el m¨¢s conocido, y el ex director general andaluz Jorge Ollero, el m¨¢s reciente, son muestra de ello.Ayer, la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, manifest¨® que esta medida expresa "la firme voluntad del Gobierno de que nuestro ordenamiento jur¨ªdico se dote de un instrumento legal que garantice la m¨¢xima transparencia y objetividad en la contrataci¨®n administrativa y no produzca desconfianza en la sociedad espa?ola". "Esta medida va a contribuir a desaparecer en la sociedad las sombras de duda que se han producido en Espa?a en la contrataci¨®n de empresas con las administraciones p¨²blicas, a?adi¨® la ministra.

Con esta medida, el Gobierno cumple uno de los tres compromisos contra¨ªdos ante el Congreso de los Diputados por el presidente del Ejecutivo, Felipe Gonz¨¢lez, durante el debate sobre el estado de la naci¨®n de los pasados 23 y 24 de marzo. En aquella ocasi¨®n, Gonz¨¢lez se comprometi¨® a prohibir por ley "que las empresas que participen en un acto irregular, judicialmente probado, no puedan volver a contratar con las administraciones p¨²blicas".

Felipe Gonz¨¢lez se comprometi¨® tambi¨¦n a afrontar otras dos medidas contra la corrupci¨®n pol¨ªtica, a¨²n pendientes de cumplimiento seis meses despu¨¦s de su compromiso: la revisi¨®n del sistema de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos y una severa disminuci¨®n de los gastos electorales.

Reuniones de partidos

Ambas medidas han sido discutidas en varias reuniones celebradas en Madrid por delegaciones de alto nivel del PSOE, Convergencia i Uni¨® (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), sin cerrarse a¨²n un acuerdo definitivo.En la ¨²ltima reuni¨®n, celebrada el pasado mes de junio, estos tres partidos coincidieron en la reducci¨®n dr¨¢stica de los gastos de las campa?as electorales y se aproximaron a la tesis de abrir la puerta a la financiaci¨®n privada de los partidos.

El proyecto de ley pretende tambi¨¦n simplificar el procedimiento de contrataci¨®n y agilizar la adjudicaci¨®n y ejecuci¨®n de los contratos administrativos, prescindiendo de tr¨¢mites o requisitos o reduci¨¦ndolos al m¨ªnimo indispensable, "respetando los principios de igualdad, no discriminaci¨®n y libre concurrencia", seg¨²n afirma el texto aprobado ayer por el Gobierno.