El alcalde y los 10 concejales de Mancha Real, condenados a un a?o de prisi¨®n y medio de destierro
La Audiencia Provincial de Ja¨¦n ha condenado al alcalde de Mancha Real, Alfonso Mart¨ªnez Hoz, y a los 10 miembros de la corporaci¨®n municipal que gobernaba cuando se produjo el destrozo de seis viviendas durante una manifestaci¨®n a un a?o de prisi¨®n menor por un delito de manifestaci¨®n il¨ªcita y a seis meses y un d¨ªa de destierro por un delito contra la libertad de residencia. Los ediles hab¨ªan adoptado un acuerdo un¨¢nime en un pleno de solicitar "a los delincuentes habituales" que abandonasen el t¨¦rmino municipal.
Por el mismo delito, los acusados deben pagar tres millones de pesetas a cada una de las siete familias que abandonaron el pueblo en la madrugada del 18 de mayo de 1991. Adem¨¢s, se condena a cinco vecinos por el delito de da?os en las viviendas de la comunidad gitana a penas de 4 a?os, 9 meses y 11 d¨ªas de prisi¨®n para cada uno de ellos. Tambi¨¦n deber¨¢n pagar m¨¢s de siete millones de indemnizaci¨®n a los due?os de las casas destruidas. A esta pena hay que a?adir un a?o de prisi¨®n menor por manifestaci¨®n il¨ªcita. Sin embargo, la sentencia absuelve al alcalde y a la corporaci¨®n del delito de da?os.En la sentencia se considera que el alcalde y los concejales no pueden considerarse autores del delito de da?os al ignorar que ¨¦stos se estaban realizando, ni como coautores al no existir acuerdo para realizarlos. Tampoco considera que existiese inducci¨®n al no haber una incitaci¨®n directa, ni complicidad por no haberse justificado que cooperasen en su ejecuci¨®n.
En el denominado caso Mancha Real estaban acusadas 22 personas, de las que cuatro han sido absueltas. Los dos acusados de quemar dos viviendas en los meses posteriores a la celebraci¨®n de la manifestaci¨®n que termin¨® con la destrucci¨®n de las casas han sido condenados a 10 a?os de prisi¨®n para Francisco Ruiz Cantero, que se declar¨® inductor, y a dos a?os al vecino que colabor¨® en la quema.
Los defensores y la acusaci¨®n particular manifestaron ayer que presentar¨¢n recursos de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo. Pedro Apalategui, abogado de la acusaci¨®n particular, calific¨® la sentencia como positiva aunque destac¨® que la corporaci¨®n ha quedado desvinculada del delito de da?os. "Tratar¨¦ con mis patrocinados la presentaci¨®n del recurso, al no estar conforme con la no aparici¨®n como inductor del alcalde", dijo.
El abogado de la corporaci¨®n municipal y de nueve de los vecinos, Enrique Ruiz Rold¨¢n, indic¨® que la consigna "de mucha gente" era acabar con el alcalde de Mancha Real "y con esta sentencia no han acabado, hay alcalde para rato". Para Ruiz Rold¨¢n el inter¨¦s social suscitado tras los sucesos de Mancha Real ha influido en el juicio: "Los medios de comunicaci¨®n y algunos sectores pol¨ªticos nos hab¨ªan condenado hace m¨¢s de un a?o", asegur¨®.
"Los poderosos no pagan"
A la lectura de la sentencia acudi¨® el patriarca de la comunidad gitana de Mancha Real, Antonio Romero, el Cojo, para el que la sentencia demuestra "que los poderosos nunca pagan, siempre se ahogan los peque?os". Ninguno de los miembros de la comunidad gitana que ayer escucharon en la audiencia las penas que ped¨ªan para sus antiguos vecinos se sent¨ªa satisfecho por las condenas. "Me parece que es muy poco. Sobre todo teniendo en cuenta que hemos salido de nuestras casas, a las que no podemos volver", dec¨ªa Isidro, uno de los hijos de El Cojo.
La sentencia recoge como hechos probados que tras la muerte de ?ngel Arroyo, ocurrida en la madrugada del 18 de mayo de 1991 en una pelea con miembros de la familia gitana de los Romero, un grupo de payos se concentr¨® en la plaza del Ayuntamiento pidiendo justicia. Hasta all¨ª acudi¨® la corporaci¨®n municipal, que celebr¨® un pleno extraordinario y acord¨® pedir que las familias implicadas en la muerte abandonasen el pueblo.
Ese d¨ªa se produjo la primera manifestaci¨®n, sin incidentes. Al final de la misma, Alfonso Mart¨ªnez dirigi¨® unas palabras a los vecinos para advertir que las pr¨®ximas movilizaciones podr¨ªan ser m¨¢s violentas y que ellos mismos marcar¨ªan con pintura las puertas de las viviendas de las personas que deb¨ªan abandonar Mancha Real.
A la ma?ana siguiente, tras el entierro de Arroyo, hubo otra manifestaci¨®n, en la que un grupo de vecinos destroz¨® las viviendas de los gitanos, que abandonaron la localidad por sugerencia de la Guardia Civil ante el temor a nuevos ataques.
La Uni¨®n Roman¨ª, que agrupa a asociaciones gitanas de toda Espa?a, consider¨® ayer en una nota que la sentencia "es ejemplar... pero menos" aunque afirma que "la justicia ha sabido estar a la altura de la responsabilidad hist¨®rica que de ella se esperaba".
[Por su parte, el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, el socialista Manuel Chaves, declar¨® ayer: "L¨®gicamente es una sentencia que contiene un mensaje a todo responsable pol¨ªtico en cualquiera que sea la instituci¨®n en la que est¨¦. Cualquier movimiento, cualquier acto de xenofobia o de racismo debe ser combatido con voluntad y decisi¨®n pol¨ªtica, no s¨®lo para evitarlo, sin para que suceda todo lo contrario"].
Nada se mueve en el Ayuntamiento
Nada ha cambiado en la corporaci¨®n municipal de Mancha Real. La sentencia hecha p¨²blica ayer, que condena por dos delitos a la anterior corporaci¨®n en pleno, no afectar¨¢ de momento al Ayuntamiento, ya que a¨²n no es firme y va a ser recurrida. El alcalde, que obtuvo un masivo apoyo en las urnas en las elecciones municipales celebradas en mayo de 1991, seguir¨¢ ocupando su puesto.De los 11 miembros de la corporaci¨®n municipal juzgados por el caso Mancha Real, seis siguen ocupando sus puestos en la presente legislatura. Por el PSOE, que obtuvo 10 concejales, resultaron elegidos los ahora condenados Alfonso Mart¨ªnez de la Hoz, Manuel Jim¨¦nez Santos, Mar¨ªa Rosario Hermoso Castillo, Ildefonso Cobo Rosa y Juan Martos Fern¨¢ndez. En la lista del Partido Andalucista tambi¨¦n result¨® elegido uno de los encausados, Fernando Salido Olmo.
Al Supremo
Con los recursos de casaci¨®n de la defensa y la acusaci¨®n particular, el caso pasa ahora al Supremo, por lo que al menos pasar¨¢n dos a?os hasta que se haga firme la sentencia o se modifiquen las penas. Hasta entonces los actuales concejales condenados por la Audiencia Provincial podr¨¢n seguir desempe?ando sus cargos.
El presidente de la Federaci¨®n de Asociaciones Roman¨ªes de Andaluc¨ªa (FARA), Jos¨¦ Carrillo, indic¨® ayer que los partidos no han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos, ya que han mantenido en sus listas a los concejales que finalmente han sido acusados: "Los partidos pol¨ªticos ten¨ªan que haber destituido al alcalde y a los concejales. Se ha sentenciado porque se hab¨ªa cometido un delito". Jos¨¦ Carrillo a?adi¨®: "Lo que hagan los partidos pol¨ªticos, a los gitanos de Espa?a no nos vale. Es demasiado tarde".
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