Derechos Humanos critica el 'caso GAL' y la autonom¨ªa policial de la 'ley Corcuera'

El presidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos (APDH), Jos¨¦ Antonio Gimbernat, destac¨® ayer "la subordinaci¨®n de la justicia al Ejecutivo" en el caso de los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL) y la utilizaci¨®n de la ley Corcuera -que considera inconstitucional- "como pretexto para la autonom¨ªa policial" en la presentaci¨®n del informe anual referido a 1991. La APDH denuncia la represi¨®n contra los inmigrantes y la falta de adecuaci¨®n de la objeci¨®n de conciencia a los criterios del Parlamento Europeo.

Gimbernat se?al¨® que si en 1990 las Naciones Unidas situaban a Espa?a "en el ¨²ltimo lugar europeo en el ¨¢rea de las libertades", el proceso del GAL y la ley Corcuera agravan esa opini¨®n. En el caso del GAL critic¨® la negativa del Ejecutivo a dar informaci¨®n sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior, "como si pudieran existir zonas opacas a la investigaci¨®n judicial". En el informe se se?ala que tal negativa "se opone a la concepci¨®n de que en un Estado de Derecho no es l¨ªcito utilizar el pretexto del secreto de Estado con el prop¨®sito de encubrir posibles delitos de autoridades y funcionarios del Estado". Preguntado sobre el indulto a los polic¨ªas condenados -Jos¨¦ Amedo y Michel Dom¨ªnguez-, Gimbernat contest¨®: "Me parecer¨ªa un error".Sobre la ley Corcuera resalt¨®, aparte de la inconstitucionalidad de su texto, "que est¨¢ siendo utilizada como pretexto para la autonom¨ªa policial, tanto para efectuar registros por meras sospechas como, en especial, para la detenci¨®n de extranjeros". Relat¨® que recientemente en Andaluc¨ªa "varios inmigrantes han sido detenidos, esposados y llevados a comisar¨ªa hasta seis veces en una misma noche". Asegur¨® que el Gobierno "no tiene una pol¨ªtica de emigraci¨®n, sino de represi¨®n de los ernigrantes", afirmaci¨®n que enlaza con los datos que figuran en el informe, seg¨²n los cuales en 1991 fueron rechazadas en frontera 53.722 personas (40.045 provenientes de Marruecos), expulsadas 3.787 (a pesar del proceso de regularizaci¨®n) y detenidas 41.462, cifra muy superior a la de a?os anteriores.

Gimbernat pidi¨® al Gobierno que "en estos momentos de fervor europeista, tenga en cuenta las resoluciones del Parlamento europeo en materia de inmigraci¨®n, que afectan al grave problema del racismo". Critic¨® tambi¨¦n la pr¨¢ctica anulaci¨®n del derecho de asilo. El informe, tras se?alar que las solicitudes de asilo en 1991 fueron de 6.629, de las que fueron concedidas 230 -menos a¨²n que en 1990, a?o en el que se concedieron 396-, considera que "la pol¨ªtica sobre inmigraci¨®n general del Gobierno ha terminado por invadir un derecho fundamental como es el asilo, hasta pr¨¢cticamente hacerlo desparecer". Igual ocurre con los refugiados en Espa?a, ya que en 1991 s¨®lo dos personas ten¨ªan tal estatuto.

El presidente de la APDH, acompa?ado por el secretario general, Luis Miguel Alonso, reproch¨® tambi¨¦n que la objeci¨®n de conciencia en Espa?a no se adecue a los criterios del Parlamento europeo, para el que, dijo, "se trata de un derecho fundamental, que incluye la objeci¨®n sobrevenida y la duraci¨®n igual de la prestaci¨®n social sustitutoria y el servicio militar".

200 muertos en la 'mili'

Precisamente al servicio militar, que la APDH estima "el m¨¢s peligroso de Europa Occidental", se dedica otro cap¨ªtulo del informe, que ofrece la cifra de un total de 3.194 accidentes -1.646 mientras se realizaban actividades estrictamente militares-, que afectaron a 2.042 soldados, de los que fallecieron 200, resultaron con heridas muy graves 145 y con lesiones de diversa consideraci¨®n 1.823. Otro cap¨ªtulo se refiere a la seguridad privada que, seg¨²n Gimbernat, "no debe quedar al arbitrio de la sociedad de mercado ni establecer una seguridad para ricos y otra para pobres, aparte de la necesidad de que estos empleados no lleven armas de fuego".

La APDH recoge datos de un informe sobre la situaci¨®n en las c¨¢rceles, en el que se critica el hacinamiento, desempleo, circulaci¨®n de la droga y el elevado n¨²mero de enfermos con sida. Otros cap¨ªtulos del informe se ocupan de los derechos econ¨®micos y sociales, marginaci¨®n de las minor¨ªas y pobreza -existen en Espa?a 11 millones de pobres-, la situaci¨®n de los gitanos y se introduce por primera vez un cap¨ªtulo sobre medio ambiente.