Las multas de tr¨¢fico caducar¨¢n al mes de cumplido el plazo

Las multas de tr¨¢fico caducar¨¢n al mes de cumplirse la fecha en que la Administraci¨®n del Estado debi¨® dictar resoluci¨®n al respecto, en caso de que no lo hiciera. Esta norma, que entrar¨¢ en vigor dentro de tres meses, se publica hoy en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) y forma parte del paquete de medidas de la Ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones P¨²blicas. Seg¨²n esta ley, los procedimientos que se inicien a instancia de la Administraci¨®n, como las multas y sanciones, prescribir¨¢n un mes despu¨¦s de que se agote el plazo m¨¢ximo previsto para su resoluci¨®n.

Con la entrada en vigor de la Ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones P¨²blicas, el Gobierno pretende "configurar una Administraci¨®n m¨¢s cercana al ciudadano, a la que se podr¨¢n exigir m¨¢s directamente sus responsabilidades", seg¨²n se?al¨® ayer el ministro para las Administraciones P¨²blicas, Juan Manuel Eguiagaray. Esta ley, que sustituye a la Ley de R¨¦gimen de la Administraci¨®n del Estado de 1957, la llamada ley L¨®pez Rod¨®, forma parte del paquete de medidas con el que el Gobierno pretende realizar una modernizaci¨®n de la Administraci¨®n.

Medidas relevantes

Algunas de las medidas m¨¢s relevantes de esta ley son la supresi¨®n del silencio administrativo, esto es, que a partir de ahora, la Administraci¨®n est¨¢ obligada a responder a los expedientes de los ciudadanos y, si en un plazo concreto no se produce la respuesta, se supone aceptada la demanda del ciudadano. Antes de esta ley reg¨ªa el llamado "silencio administrativo", seg¨²n el cual, la falta de respuesta de la Administraci¨®n a una demanda ciudadana, al cabo de un tiempo, se interpretaba como una denegaci¨®n.Esta ley reconoce tambi¨¦n el derecho de los ciudadanos a identificar a las autoridades y personal de las Administraciones P¨²blicas que tramitan sus solicitudes, a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad aut¨®noma, a no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Administraci¨®n actuante, a entregar sus documentos en cualquier ¨®rgano de la Administraci¨®n Central o auton¨®mica, independientemente de a quien vaya dirigido.

Asimismo, los ciudadanos, de acuerdo con la ley, tendr¨¢n derecho al acceso a archivos y registros de las Administraciones P¨²blicas, a obtener informaci¨®n jur¨ªdica y t¨¦cnica, y al reconocimiento de la responsabilidad patrimonial directamente por las administraciones p¨²blicas y de oficio.

Respecto al reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado, en casos hist¨®ricos como el desbordamiento de la presa de Tous, los afectados no tendr¨ªan que demostrar la responsabilidad subjetiva de un empleado p¨²blico sino de la Administraci¨®n en su conjunto. "Se trata de eliminar privilegios a la Administraci¨®n con respecto al ciudadano", se?al¨® Eguiagaray.