La OEA y los golpistas
Por segunda vez en menos de 10 meses, el presidente Carlos Andr¨¦s P¨¦rez ha derrotado una conjura militar para destruir la democracia venezolana. Esta vez, a diferencia de la intentona facciosa del 10 de febrero, cuyo saldo de v¨ªctimas fue peque?o, ha habido centenares de muertos y heridos, y traumas en la vida del pa¨ªs que tardar¨¢n en cicatrizar. Pero, pese a la impopularidad del gobierno de Acci¨®n Democr¨¢tica que se?alan las en cuestas, s¨®lo dos grup¨²sculos ultraizquierdistas -Bandera Roja y Tercer Camino- apoyaron a los oficiales felones, en tanto que la sociedad civil en su conjunto -incluido el grueso de las Fuerzas Armadas- rechaz¨® la aventura golpista.
Hay que felicitar por ello a los venezolanos. Hubiera sido una tragedia que una democracia que funciona sin interrupci¨®n desde 1958 retrocediera tambi¨¦n, siguiendo los pasos de Hait¨ª y Per¨², a los a?os oscuros del poder personal y la legitimidad nacida al amparo de los tanques. Un anticipo de lo que esperaba a Venezuela, si triunfaba el golpe, apareci¨® en las pantallas de la televisi¨®n, capturada por los insurrectos, en la perorata cuadrumana del te niente coronel Hugo Ch¨¢vez, que un opositor de Carlos Andr¨¦s P¨¦rez, Manuel Caballero, coment¨® en El Diario de Caracas con insuperable lucidez: "Si son esos cretinos quienes pretenden gobernarnos, es preferible arriesgar el infarto pasando las rabietas diarias que nos provoca el actual inquilino de Miraflores".
En efecto, un r¨¦gimen civil y representativo, sustentado en elecciones libres, amparado por la ley y fiscalizado por la libertad de prensa, no importa cu¨¢n corrupto e ineficiente sea, ser¨¢ siempre preferible a una dictadura. Porque los electores pueden penalizar a un mal Gobierno y librarse de sus hombres votando en las siguientes elecciones por otras alternativas y cerrando las puertas del Parlamento, gobernaciones y municipios a la formaci¨®n pol¨ªtica que fracas¨® o delinqui¨®. Pero contra los estropicios de un r¨¦gimen de fuerza un pueblo se halla inerme; y cuando se libra de ¨¦l, siempre a costa de crueles padecimientos, descubre que, una vez m¨¢s, debe partir a fojas cero, y aprender de nuevo a andar por los caminos de la coexistencia y la legalidad. Los venezolanos han entendido que las deficiencias de una democracia deben corregirse dentro del sistema -como lo han hecho los brasile?os, llevando a un mandatario sospechoso de corrupto ante la justicia- y es posible que la sociedad civil y la cultura democr¨¢tica de la tierra de Bol¨ªvar, tan jaqueadas en estos ¨²ltimos tiempos, salgan reforzadas de esta prueba. ?Lo habr¨¢ entendido tambi¨¦n la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA)? Este organismo debe reunirse a mediados de diciembre, para pronunciarse sobre la tentativa de putch en Venezuela y no hay duda que aprobar¨¢ una resoluci¨®n de condena a los insurrectos y de entusiasta solidaridad con el gobierno de Carlos Andr¨¦s P¨¦rez.Pero nadie deber¨ªa enga?arse al respecto: ser¨¢n l¨¢grimas de Cocodrilo y un entusiasmo a lo Pilato. Actitudes oportunistas y Post factum de una instituci¨®n que, incumpliendo su raz¨®n de ser en estos momentos de la historia continental -la defensa de la democracia en el hemisferio- ha actuado, en el caso recient¨ªsimo del autogolpe y la quiebra institucional en Per¨², de una manera que s¨®lo puede alentar a quienes, del r¨ªo Bravo a Magallanes, sue?an con resucitar la vieja era de los cuartelazos y acabar con estos experimentos democr¨¢ticos que, en palabras de un golpista, "han tra¨ªdo tanta inmoralidad y politiquer¨ªa".
No es casual que los 93 militares insurrectos de Venezuela fueran a refugiarse en Per¨², que el Gobierno de facto de ese pa¨ªs se apresurara a concederles el asilo y que el l¨ªder de los rebeldes haya declarado su admiraci¨®n por el r¨¦gimen de Fujimori, que, seg¨²n el general de Aviaci¨®n Francisco Visconti, est¨¢ haciendo las tranformaciones que desea la sociedad peruana" (declaraciones a ?ltimas Noticias y El Universal de Caracas del 2 de diciembre de 1992). En efecto, el caso peruano no es s¨®lo mod¨¦lico sobre las t¨¢cticas que deben seguir quienes aspiran a sustituir las impopulares democracias latinoamericanas con populares dictaduras castrenses o semicastrenses, sino, principalmente, sobre c¨®mo conseguirlo con los buenos auspicios y el celestinazgo de la OEA.
Cuando, el 5 de abril de 1992, el presidente Fujimori clausur¨® el Congreso, suspendi¨® la Constituci¨®n, el Poder Judicial, el Tribunal de Garant¨ªas Constitucionales y dem¨¢s ¨®rganos de control del Ejecutivo y comenz¨® a gobernar por decretos-leyes, la Organizaci¨®n de Estados Americanos pareci¨® condenar el golpe. Y propuso una f¨®rmula para restablecer la destruida democracia peruana que consist¨ªa en la apertura de conversaciones entre la dictadura y los partidos de oposici¨®n representados en el Congreso clausurado (todos los partidos pol¨ªticos peruanos con excepci¨®n del oficialista Cambio 90, varios de cuyos parlamentarios renunciaron a ra¨ªz de lo sucedido) a fin de lograr un acuerdo que permitiera convocar elecciones para un nuevo Congreso, que tendr¨ªa funciones constitucionales. Una misi¨®n de laOEA presidida por el canciller Gros Espiell, supervigilar¨ªa este proceso.
Ya se sabe en qu¨¦ convirti¨® el Gobierno de facto aquel di¨¢logo del que, seg¨²n la resoluci¨®n de la OEA, depend¨ªa todo lo dem¨¢s. Imponiendo condiciones inadmisibles y reconociendo personer¨ªa c¨ªvica a agrupaciones fantasmas o esperp¨¦nticas, teledirigidas por el Servicio Nacional de Inteligencia -espina dorsal del poder y predio personal del ahora c¨¦lebre VIadimiro Montesinos, ex capit¨¢n expulsado del Ej¨¦rcito, ex esp¨ªa, ex recluso, ex abogado de narcotraficantes y ahora principal asesor y hombre fuerte del r¨¦gimen-, aquellas conversaciones para encontrar una salida legal a la crisis peruana se convirtieron en una mojiganga que los partidos democr¨¢ticos (de izquierda, de centro y de derecha) se negaron a convalidar con su presencia. Para entonces, el Gobierno de facto ya hab¨ªa llamado a elecciones a un Congreso Constituyente, violando alegremente aquella decisi¨®n de la OEA, que vinculaba el di¨¢logo con la convocatoria electoral. Por eso, las cuatro principales formaciones pol¨ªt¨ªcas del pa¨ªs -el Apra, Acci¨®n Popular, el PUM y el Movimiento Libertad- rehusaron participar en un proceso inequ¨ªvocamente orientado no a restablecer la democracia, sino a dar a la dictadura un barniz jur¨ªdico ante la comunidad internacional. ?sa es la funci¨®n que compete ahora a la Asamblea de las geishas resultante de los comicios del 22 de noviembre. Adem¨¢s, por supuesto, de poner en marcha la agenda que le ha fijado ya su fact¨®tum: restablecer la pena de muerte con car¨¢cter retroactivo para permitir el fusilamiento de los l¨ªderes terroristas capturados, autorizar la reelecci¨®n presidencial y convalidar todos los actos del r¨¦gimen desde el 5 de abril, incluidos los masivos despidos de jueces, oficiales y funcionarios sospechosos de tibieza u hostil¨ªdad.
?Y la misi¨®n de la OEA, mientras tanto? Bailaba el minu¨¦ de Paderewski, de brazo con el Gobierno defacto. 0 poco menos, pues, cualquiera que haya seguido el sinuoso proceder del canciller Gros Espiell en todo este trance, habr¨¢
La OEA y los golpistas
advertido, de su parte, una sistem¨¢tica benevolencia para con todo lo que dec¨ªa y hac¨ªa la dictadura, y una ceguera y sordera, tambi¨¦n sistem¨¢ticas, para atender e incluso querer enterarse de las quejas, protestas y denuncias de irregularidades m¨²ltiples de que trataba de informarlo la oposici¨®n democr¨¢tica. Como era previsible, el diplom¨¢tico uruguayo, apenas celebrados los comicios del 22 de noviembre, se ha apresurado a darles su bendici¨®n. Y algo parecido ha hecho, en declaraciones a la prensa, quien lo acompa?¨® como "observador" de las elecciones, el embajador estadounidense ante la OEA, Luigi Einaudi, un hombre con formaci¨®n intelectual y que conoce Am¨¦rica Latina, pero, me temo, no muy convencido de que la democracia sea tan indispensable a los pa¨ªses latinoamericanos como lo es para Estados Unidos, pues, en los a?os sesenta, se entusiasm¨® con la dictadura militar del general Velasco Alvarado, sobre la que, incluso, escribi¨® un libro.A ambos funcionarios no parece incomodarles lo m¨¢s m¨ªnimo, a la hora de sacramentar este proceso, que cerca de un 45% de peruanos -21% de ausentes y un 24% de electores que votaron en blanco o anularon su voto- lo recusaran. Que los principales partidos pol¨ªticos del pa¨ªs lo consideren una farsa para mero consumo exterior. Que el general Jaime Salinas Sed¨® haya denunciado, desde la c¨¢rcel, la fraudulenta maquinaci¨®n que precedi¨® a toda la operaci¨®n, desde las firmas de los planillones en los cuarteles. Ni que, si las cifras finales de la supuesta contienda que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones son ciertas -algo imposible de verificar, pues los 200 observadores de la OEA no pudieron saber lo que ocurr¨ªa en 60.000 mesas de votaci¨®n, en la gran mayor¨ªa de las cuales s¨®lo hab¨ªa personeros del r¨¦gimen-,arrojen apenas un 37,7% de votos para la lista oficial, lo que reduce, en t¨¦rminos reales, el apoyo al r¨¦gimen de facto a menos de una quinta parte de la poblaci¨®n. ?Cu¨¢l es, pues, ese "apoyo popular" en el que Gros Espiell y compa?¨ªa justifican su complicidad con quienes, amparados en la fuerza bruta, acabaron con el Estado de derecho en Per¨², estableciendo un precedente que, como acabamos de ver en Venezuela, puede tener tr¨¢gicas consecuencias para un continente que parec¨ªa haberse sacudido por fin de aquel estigma?La conducta del canciller uruguayo, que deshonra la vieja tradici¨®n democr¨¢tica y jur¨ªdica del pa¨ªs que representa, no es, por desgracia, una rareza. Con las excepciones de Canad¨¢, Venezuela, Costa Rica y Panam¨¢, todos los otros pa¨ªses representados en la OEA han mostrado frente al autogolpe peruano una lenidad e hipocres¨ªa que llegar¨¢ a su ¨¢pice, sin duda, cuando, en su pr¨®xima reuni¨®n, decreten que, luego de los comicios del 22 de noviembre, Per¨² es, de nuevo, una democracia ejemplar. Uno se pregunta si esta Organizaci¨®n de Estados Americanos es, de veras, representativa de la gran transformaci¨®n pol¨ªtica que ha tenido lugar en Am¨¦rica Latina en las ¨²ltimas d¨¦cadas, que reemplaz¨® tantas autocracias militares por gobiernos civiles, el organismo encargado de consolidar ese proceso civilizador o una digna heredera de aquel bochornoso organismo que, en los a?os cincuenta, nos parec¨ªa una mala palabra.
De esa OEA sol¨ªa decirse que serv¨ªa para que los general¨ªsimos Trujillo, Somoza y cong¨¦neres mandaran a ella, en premio, a sus servidores m¨¢s adictos, a cebarse la cirrosis. No ten¨ªan otra cosa que hacer, en verdad. Estaban eximidos, sobre todo, de pensar y decidir nada. Pensaba y decid¨ªa por ellos, todo, el famoso secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles, un puritano que, por lo dem¨¢s, merecidamente los despreciaba. Mucha agua ha corrido desde entonces y hubiera sido de esperar que, con la desaparici¨®n de aquellas satrap¨ªas, una mentalidad distinta en Washington y los progresos que la cultura de la libertad ha hecho en el hemisferio, la OEA mudara tambi¨¦n de piel y se convirtiera en la punta de lanza de la democratizaci¨®n en el hemisferio.
En verdad ha resultado m¨¢s: bien un lastre. Los verdaderos, progresos que se han conseguido en Am¨¦rica Latina en este campo han sido obra de la ONU directamente, como en la pacificaci¨®n de El Salvador, o resultado de iniciativas particulares, como la del expresidente ?scar Arias, que, en Esquipulas, dispar¨® la transici¨®n de Nicaragua hacia la democracia. En ambos casos, la OEA actu¨® como mero remolque; la creatividad, la convicci¨®n, la audacia, fueron ajenas. A estas credenciales de simple mediocridad a?ade ahora la innoble de legitimadora del asesinato de la democracia peruana.
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