Contener los valores catastrales

Frenar la inflaci¨®n y la carest¨ªa de la vida siempre constituye -o debe constituir- un objetivo social y econ¨®mico prioritario y actualmente, adem¨¢s, ese objetivo tiene una especial importancia, tanto en la ¨®rbita de los grandes problemas generales a que hemos de hacer frente como en la particular esfera de la econom¨ªa de cada ciudadano.Y ello ha de tenerse muy en cuenta cuando se vuelve a hablar de la posible adopci¨®n de nuevas medidas para elevar los valores catastrales, algo que tan pol¨¦mico result¨® en 1990 y que, acertadamente, no se puso por ¨²ltimo en pr¨¢ctica.

No olvidemos que las alzas catastrales que por entonces quedaron al final detenidas pudieron provocar, si hubieran entrado en vigor, una subida de hasta un 17% en el coste de vida efectivo, seg¨²n un estudio del economista Manuel Mart¨ª que se dio a conocer el 10 de diciembre de 1990.

As¨ª pues, una pr¨®xima escalada catastral no dejar¨ªa de tener un acusado impacto, inflacionista, aunque sus proporciones y su alcance fueran menores que los contemplados en la anulada revisi¨®n de 1990. Y uno de los m¨¢s directos efectos encarecedores de la que ahora pudiera ponerse en marcha se operar¨ªa sobre los precios inmobiliarios, tanto en la venta como en el alquiler, cuando un abaratamiento de dichos precios parece claramente necesario y as¨ª viene reconoci¨¦ndose por el Gobierno y por las m¨¢s diversas organizaciones y fuerzas sociales.

Ya en 1988 la duplicaci¨®n de los valores catastrales que en aquel. a?o tuvo lugar influy¨® no poco en la aceleraci¨®n de la carest¨ªa inmobiliaria, agravando el considerable impulso que le dieron a ¨¦sta las medidas sobre los alquileres del decreto Boyer, promulgado el 9 de mayo de 1985.

Financiaci¨®n municipal

Y la nueva estampida en los precios de las viviendas y dem¨¢s inmuebles, a la que ha de temerse que se d¨¦ lugar si se elevan los valores catastrales, se proyectar¨ªa en dimensiones particularmente sensibles socialmente, si se desechan hoy moderaciones y precauciones que, en cambio, se inclu¨ªan en el proyecto de revisi¨®n de 1990, y relativas sobre todo a las viviendas alquiladas y a las de protecci¨®n oficial, o si se da plena franqu¨ªa para la especulaci¨®n con estas ¨²ltimas viviendas y para su retenci¨®n en desuso.En cuanto a la financiaci¨®n de los ayuntamientos, es el hecho que venimos asistiendo a una fuerte expansi¨®n de las recaudaciones que nutren de un modo u otro, las arcas municipales y que se va a acrecer m¨¢s a¨²n -y de muy onerosa manera- con el ya comenzado cobro del nuevo impuesto de actividades econ¨®micas.

No pudiendo dejarse de se?alar que, sin perjuicio de la dedicaci¨®n de los recursos necesarios a las atenciones sociales que no deben verse privadas de ellos, la Administraci¨®n local se halla precisada de mayor control, de algunas constricciones -pues no escasean los despilfarros- y de una mejor gesti¨®n en sus cuantiosos gastos.

Y, de cualquier modo, el margen con que cuentan hoy los ayuntamientos, en virtud de la Ley de Financiaci¨®n de las Haciendas Locales, para fijar en el impuesto sobre bienes inmuebles (antes contribuci¨®n urbana) el tipo aplicable a los valores catastrales, que es lo que determina el monto de ese impuesto, hace que no se halle justificada una nueva subida de los valores en cuesti¨®n, de la que tantas contraproducentes resultas se derivar¨ªan.

En el municipio de Madrid, por ejemplo, con el tipo del 0,43% del valor catastral, que es el que hoy rige para el c¨¢lculo del indicado impuesto, hay muchas viviendas de protecci¨®n oficial, y ya antiguas, que est¨¢n pagando por esta carga 20.000 o 25.000 pesetas, e incluso m¨¢s, lo que ciertamente no es poco. Pero es que esos importes del grav¨¢men que nos ocupa podr¨ªan triplicarse o cuadruplicarse (y esperemos que ello no suceda) con s¨®lo poner en juego tipos superiores al 0,43% que actualmente se aplica y sin introducir incremento alguno en los valores catastrales establecidos, en cuyo tratamiento debe prevalecer, por muchas razones, una prudente contenci¨®n.

Alza del IBI en un 13%

Ya para este a?o que ahora empieza el Ayuntamiento madrile?o se propone, como es sabido, elevar ese tipo del gravamen al 0,46%, que ir¨¢ a acumularse a la subida general de los valores catastrales en un 5% fijada en los Presupuestos Generales del Estado para 1993, lo que provocar¨¢ en el impuesto sobre bienes inmuebles, un alza de m¨¢s de un 13% de un a?o para otro, que es un porcentaje muy superior al de las variaciones del ¨ªndice de precios al consumo y a los de los incrementos de los salarios, las pensiones, los haberes de los funcionarios, etc¨¦tera.Algo cuyos efectos inflacionistas vendr¨¢n a sumarse a los que va a tener, sin duda, la sustituci¨®n de las licencias fiscales por el mucho m¨¢s duro y gravoso impuesto de actividades econ¨®micas, cuyas notificaciones han alarmado justificadamente a sus destinatarios. Y recordemos que cab¨ªa moderar esa gabela tan regresiva (y tan poco acorde con los principios y mandatos constitucionales acerca de la capacidad econ¨®mica de los contribuyentes) si a tal prop¨®sito se hubieran utilizado de manera atemperada los m¨®dulos correctores que la ley permite, como nuestro Ayuntamiento bien pudo hacer en Madrid y no lo ha hecho.