Oficialmente mal pagador

Si algo tiene claro el ciudadano de los a?os noventa es que el Estado, ya sea en su versi¨®n central, auton¨®mica o local, es un mal pagador. La luz, las vendas que se usan en los hospitales, las carreteras, la cuenta del tel¨¦fono o la limpieza de las ciudades est¨¢n pendientes de cobro. Empresarios y ciudadanos esperan, en algunos casos desde hace a?os, a que el Ayuntamiento, la autonom¨ªa o el ministerio de turno les den lo que es suyo: m¨¢s de dos billones de pesetas, seg¨²n la CEOE. Andaluc¨ªa lleva el farolillo rojo.

El problema se agrav¨® durante la primavera pasada. El que el Estado pague tarde "tiene ra¨ªz hist¨®rica", comenta un empresario. Pero en mayo las deudas de las administraciones central, auton¨®mica y local pasaron de ser un problema a ganarse el adjetivo de grav¨ªsimo. La ley dice que hay que pagar a los 90 d¨ªas. "Y lo frecuente es que tarden m¨¢s de seis meses, por lo que los empresarios cuentan con ello en sus c¨¢lculos de costes. Pero ya no son seis meses, sino que el retraso es de un a?o o m¨¢s", explica Pedro Grime, t¨¦cnico de la Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones Empresariales (CEOE) y miembro de la comisi¨®n creada para estudiar este tema.La patronal calculaba en mayo que hay "pendientes de cobro" dos billones de pesetas, y "con toda seguridad" se llegar¨¢ a 2,5 billones cuando actualicen esos datos a 31 de diciembre, apuntan. Un ejemplo: Francisco Jard¨®n, presidente de esta comisi¨®n de la CEOE y de la patronal Aselip -agrupa a las empresas de aseo urbano- explica, para dar una idea de c¨®mo crecen estas cifras a pasos agigantados, que el 1 de enero de 1992 los ayuntamientos de Espa?a les deb¨ªan 58.000 millones. Un a?o m¨¢s tarde, esta deuda ya asciende a 81.000 millones.

"Para nosotros es muy grave porque esta cifra es m¨¢s de la mitad de la facturaci¨®n del sector de limpieza urbana", se?ala Jard¨®n. "Esto explica que en el sector todas las empresas sean grandes", a?ade. Al final, la din¨¢mica oficial de pagar con tant¨ªsimo retraso supone "una distorsi¨®n de la competencia porque s¨®lo subsisten las empresas fuertes", denuncia el presidente de la comisi¨®n. Y pagan el pato las peque?as, "justo las que, a veces, son m¨¢s din¨¢micas y crean m¨¢s empleo", comentan en la CEOE. Lo mismo ocurre entre las compa?¨ªas de ingenier¨ªa y consultor¨ªa, donde la deuda equivale al 50% de la facturaci¨®n anual", comenta un directivo. Esta situaci¨®n "provoca una grave repercusi¨®n financiera en el sector", a?ade.

Las empresas constructoras encabezan el ranking de acreedores: 800.000 millones, seg¨²n la CEOE. Carlos Solchaga, ministro de Econom¨ªa, contest¨® en el Congreso que la deuda s¨®lo de la Administraci¨®n Central con las constructoras en junio era de 80.000 millones, seg¨²n explica una portavoz de su Ministerio. Este departamento no ha dado m¨¢s informaci¨®n sobre las deudas de la Administraci¨®n.

La construcci¨®n lleva a?os intentando arreglar cuentas con los gestores p¨²blicos, pero ha habido sectores quiz¨¢s con m¨¢s suerte. Una de las empresas encargada de la construcci¨®n de un tramo del AVE ha cobrado "bastante r¨¢pido" el dinero de esas obras "mientras que otros trabajos del plan de carreteras ejecutados en las mismas fechas siguen sin pagarse", indica el portavoz de una de las cinco grandes constructoras de Espa?a.

Nuevos afectados

El deterioro de la situaci¨®n ha provocado que las deudas se extiendan a actividades que, hasta ahora, se hab¨ªan salvado de la morosidad p¨²blica. "El sector de la radiodifusi¨®n y TV nunca ha tenido problemas y ahora tiene pendiente una deuda de unos 5.000 millones", explica un portavoz de la asociaci¨®n de industrias electr¨®nicas, Aniel.All¨ª cuentan que "la deuda es m¨¢s alta que nunca". Uno de los sectores m¨¢s afectados es el fabricante de electromedicina. "El Insalud y los servicios de salud de las comunidades auton¨®monas arrastran una deuda de 9.269 millones", s¨®lo por la compra de aparatos hospitalarios, se?ala Jorge Donadeu, responsable de ese ¨¢rea.

Estos retrasos cuestan dinero; primero porque los intereses de demora est¨¢n por debajo de los reales, y segundo, porque "las empresas tienen que dedicar gente y tiempo a perseguir los cobros. Y esto es un drenaje de los recursos de las empresas ya que es un dinero no productivo", a?ade Francisco Jard¨®n. Si a los 90 d¨ªas no han pagado, el afectado tiene derecho a solicitar los intereses de demora. Pero son del 10%, casi la mitad de lo que cobra cualquier entidad financiera al conceder un cr¨¦dito. ?Qu¨¦ significa esto? Pues que a un ayuntamiento, por ejemplo, si est¨¢ mal de liquidez le puede ser m¨¢s rentable no pagarla cuenta de la luz que pedir un pr¨¦stamo. Y as¨ª el sector el¨¦ctrico est¨¢ sin cobrar de los ayuntamientos 52.000 millones y 38.000 de otros organismos, seg¨²n fuentes del sector.

Iberdrola, por ejemplo, espera cobrar alg¨²n d¨ªa los 40.000 millones que les deben. Y para conseguirlo su equipo jur¨ªdico tiene que hacer filigranas. Como acudir al Defensor del Pueblo, quien ha admitido a tr¨¢mite una queja de Iberdrola contra un ayuntamiento de la sierra de Madrid que, desde 1983, debe 38 millones de la cuenta de la luz.

Sobre el cobro de los intereses de demora, la patronal tiene una, queja. "La experiencia demuestra que si alguna empresa reclama estos intereses, no le vuelven a dar un contrato m¨¢s en su vida", comenta un responsable de la CEOE. El portavoz del Ministerio de Obras P¨²blicas rechaza esta acusaci¨®n. "No s¨®lo se pagan los intereses de demora sino que se les vuelve a dar contratos".

Una nueva ley de contratos con la Administraci¨®n P¨²blica, actualmente en el Congreso, intenta poner orden; Su ¨²ltima redacci¨®n establece que, a partir de los 90 d¨ªas, la Administraci¨®n tiene que empezar a pagar autom¨¢ticamente los intereses de demora, sin previa petici¨®n.

"Hemos tenido consciencia de lo mal que pagan cuando hemos salido fuera, porque para el resto del empresariado de la CE este tema no es una preocupaci¨®n cotidiana", se?ala Jard¨®n. El tiempo de cobro oscila en el resto de Europa entre 30 y 40 d¨ªas. Los empresarios piden f¨®rmulas disuasorias como la francesa, "donde los intereses de demora aumentan dos puntos por cada mes de retraso".