PP e IU exigen que el presidente del Tribunal de Cuentas deje su cargo por beneficiar al PSOE

Izquierda Unida y el PP mantienen que el presidente de] Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, debe abandonar el cargo porque favorece a los socialistas en esc¨¢ndalos de corrupci¨®n como los de Filesa o Enatcar. Ayer, en la comisi¨®n mixta Congreso-Senado para las relaciones con dicho tribunal, el PP afirm¨® que Carretero "est¨¢ sumido en un rid¨ªculo absoluto" que "desprestigia a esa instituci¨®n". Carretero pidi¨® al Parlamento competencias para inspeccionar directamente la contabilidad de las empresas con relaciones econ¨®micas con los partidos. La falta de esas competencias explica, a su juicio, el que los peritos del juez Marino Barbero hayan detectado pagos de Filesa por gastos del PSOE que el Tribunal de Cuentas no localiz¨® al fiscalizar las cuentas socialistas.

Adolfo Carretero no dio muestra alguna de que piense dimitir. Es m¨¢s, en una conferencia de prensa tras su comparecencia parlamentaria, identific¨® la dimisi¨®n como el gesto propio de quien reconoce que no ha cumplido con su deber. Y, seg¨²n el, el Tribunal de Cuentas "ha cumplido con objetividad e imparcialidad su labor institucional".Acosado por las preguntas de los periodistas, Carretero apel¨® a que un juez instructor [el magistrado del Tribunal Supremo Marino Barbero] tiene unas competencias que no posee el Tribunal de Cuentas. Y de ah¨ª no avanz¨® un paso, frente a las continuas referencias de los periodistas a que el informe pericial en manos de Barbero cuestiona la exculpaci¨®n global que hizo el Tribunal de Cuentas al PSOE de una presunta financiaci¨®n irregular. "El informe de los peritos es s¨®lo un dato procesal", relativiz¨®, "que tendr¨¢ que ser avalado por una sentencia judicial".

Carretero admiti¨® que si esa sentencia confirmara una relaci¨®n irregular entre Filesa y el PSOE, el tribunal extraer¨ªa las consecuencias pertinentes. Pero se neg¨® a concretar si una de las consecuencias consistir¨ªa en realizar otra fiscalizaci¨®n de las cuentas del PSOE correspondientes a 1988 y 1989, para averiguar si hubo incumplimientos de la ley de financiaci¨®n de partidos. La realizaci¨®n inmediata de esa nueva fiscalizaci¨®n fue exigida por el portavoz de IU en la comisi¨®n, Jer¨®nimo Andreu, sin que fuera secundada por ning¨²n otro grupo.

En defensa del dictamen que aprob¨® el Tribunal de Cuentas sobre el caso Filesa, Carretero afirm¨® que los funcionarios de ese organismo comprobaron en la sede del PSOE la documentaci¨®n aportada por este partido en soporte inform¨¢tico. "Toda esa informaci¨®n, recogida en ciento y pico mil folios, la enviamos al Supremo", relat¨®.

Capacidad sancionadora

Para avanzar en la transparencia de la financiaci¨®n de los partidos, Carretero pidi¨® al Parlamento que autorice al Tribunal de Cuentas a inspeccionar directamente la contabilidad de empresas acreedoras o proveedoras de servicios a los partidos, y que determine a qui¨¦n corresponde imponer sanciones por las irregularidades que el tribunal detecte en su fiscalizaci¨®n. Hasta ahora, la legislaci¨®n no detalla la cuant¨ªa de las sanciones, ni la autoridad encargada de imponerlas, por ejemplo, cuando los partidos incumplen los plazos en la entrega de sus cuentas o infringen cualquiera de las normas sobre los donativos de particulares a las arcas de una fuerza pol¨ªtica, entre otros casos.

La portavoz del PP en la comisi¨®n para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, Luisa Fernanda Rudi, acus¨® a este tribunal de inspeccionar con mayor rigor las cuentas del PP que las del PSOE, y reproch¨® que califique de "irregularidades" los defectos detectados en la contabilidad del PP mientras describe como "deficiencias" las detectadas en el PSOE.

El representante socialista, N¨¦stor Padr¨®n, neg¨® que exista tal discriminaci¨®n, e ironiz¨® con que el tribunal se limita a describir hechos, como el que los populares dejaran de anotar en 1989 unos 690 millones, de 717 millones que hab¨ªan recibido de subvenci¨®n a sus grupos parlamentarlos y de concejales.

El diputado popular Felipe Camis¨®n espet¨® a Carretero, durante el debate de la cuenta general del Estado de 1989, que "est¨¢ sumido en el rid¨ªculo absoluto, acompa?ado del desprestigio" de la instituci¨®n que preside, tras el informe pericial sobre Filesa, y le pidi¨® su dimisi¨®n por no haber investigado presuntas irregularidades en Enatcar.

Carretero le invit¨® a que leyera el informe del Tribunal de Cuentas que ten¨ªa sobre la mesa. En ¨¦l se indicaba que, en 1989, Transportes Bacoma, propiedad de la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera (Enatcar) estaba afectada de lleno por la obligaci¨®n legal de disolver la sociedad, al exceder el pasivo al activo en 2.256 millones, entre otras irregularidades.

El portavoz de IU, Jer¨®nimo Andreu, resalt¨® que el d¨¦ficit p¨²blico en 1989 fue superior en 1,4 billones al reconocido por el Gobierno, y critic¨® las desviaciones entre el coste previsto y el definitivo de las obras contratadas por la Administraci¨®n mediante adjudicaci¨®n directa.

Andreu no desaprovech¨® la oportunidad de arremeter contra el PP que le ofreci¨® las alusiones del Tribunal de Cuentas a cierta opacidad en la contabilidad financiera del PP. "Cuando se habla de relaciones de la derecha con grupos financieros, nosotros nos estremecemos", exclam¨®, ante la sonrisa de los populares.

La comisi¨®n debati¨®, adem¨¢s de la cuenta general del Estado de 1989 y la contabilidad ordinaria de los partidos de 1988, los ingresos y gastos de las diversas fuerzas en las elecciones municipales y auton¨®micas de 1991.